Jóvenes en El Redentor, “con acceso a drogas y armas”: Personería de Bogotá

Archivo El Espectador

Pasadas dos semanas de la divulgación de un video que puso al descubierto malos tratos contra algunos jóvenes que permanecen recluidos en el centro de rehabilitación especial El Redentor, ubicado en el sur de Bogotá, este viernes la Personería Distrital alertó que en el establecimiento los menores tendrían “acceso indiscriminado” al uso de armas blancas y consumo de sustancias estupefacientes, todo por cuenta de aparente falta de control.

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De acuerdo con un informe del ente de control –que llamó la atención por situaciones como la muerte de dos adolescentes en 2018, sumado a varios intentos de evasión y motín– la supuesta ausencia de control por parte del personal encargado de la vigilancia ha permitido que los menores puedan acceder a armas blancas y a drogas, lo que, en su opinión, es una de las causas de amotinamientos y evasiones.

Frente al problema de consumo de sustancias psicoactivas, la Personería manifestó que a los jóvenes no se les estaría brindando una atención especializada que permita una rehabilitación eficaz. En materia de salud, tampoco habría un protocolo de atención en salud que responda a las necesidades de esa población. En educación, aunque se cuenta con personal especializado, se trata de personas que carecen de experiencia y que, además, se ven obligados ejercer labores de vigilancia y no de pedagogía.

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Por otro lado, el ente de control advirtió que los trabajadores del centro desconocen procedimientos como el manejo de la cadena de custodia y responsabilidades tras la incautación de estupefacientes o armas. Dijo también que falta logística y personal de la Policía para impedir las evasiones y realizar los traslados que los privados de la libertad necesitan para las citas médicas y audiencias ante los jueces.

Para la Personería, todas estas situaciones estarían conduciendo a violaciones de derechos humanos. Para ejemplificar el asunto, reveló que una persona murió por inhalación del químico de un extintor, al parecer para drogarse, y otra en una riña.

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Adicionalmente, el ente de control alertó que en el centro de reclusión conviven adultos involucrados en “gravísimos crímenes” junto con adolescentes que, en algunos casos, están acusados de infracciones menores. Lo anterior, estaría conduciendo a una ruptura del proceso de formación de los jóvenes y en contravía de los principios de protección, educación y restauración.

“Si una persona que hoy tiene 25 o 30 años es sancionada por un delito que cometió entre los 14 y 18 años, la norma obliga a que la privación de la libertad se realice en un centro para adolescentes, no en uno para adultos. Incluso, algunas personas que han estado en cárceles para mayores por otro delito son trasladadas a El Redentor, cuando se dan cuenta que tiene una sanción anterior como adolescente”, indicó la Personería.

En suma, para la Personería todas estas presuntas irregularidades evidencian “el caos y la problemática” del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, así como falta de una política pública integral para el manejo del proceso restaurativo de los infractores.

“Hay pocos funcionarios de la Policía Judicial para evacuar los procesos del sistema penal adolescente, por lo que se presentan represamientos en los despachos. Tampoco hay suficiente personal de Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para cubrir las audiencias de control de garantías”, precisó el ente de control, asegurando que las autoridades competentes “no han tomado medidas de fondo” para solucionar la problemática.

El organismo instó al Ministerio de Justicia a proponer una ley en la que los infractores que adquieren la mayoría de edad cumplan su sanción en centros penitenciarios para adultos, y no en lugares para adolescentes. Por su parte, al ICBF le pidió revisar el modelo pedagógico de atención, para que se ajuste a perfiles adecuados, a las realidades de los jóvenes y en la garantía de sus derechos.

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