Hace cuatro meses, July Paola Salas salió del anonimato. Insultó a un policía. Se coló en Transmilenio. Reconoció su error. Pidió disculpas en rueda de prensa. Todo quedó registrado en video y redes sociales. Fue criticada y ofendida por algunos e indultada por otros. El alcalde Gustavo Petro pidió comprensión, aclaró que no era funcionaria del Distrito, que tenía 22 años, era madre y estaba vinculada al programa de la Alcaldía Jóvenes en Paz, una de las apuestas más polémicas y ambiciosas de esta administración.
El 6 de octubre de 2014, sin mucho alarde mediático, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno y el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idiprón) realizaron un convenio millonario para disputarse los jóvenes con las bandas, combos, pandillas y parches de la ciudad. El Convenio 3373 de 2014 destinó $12.000 millones de recursos públicos para que 5.000 jóvenes, entre los 18 y los 28 años, que llevaran un año desescolarizados y estuvieran en alto riesgo de vincularse a actividades ilegales, estudiaran tres días y trabajaran dos con el Distrito, a cambio de un ingreso de hasta $720.000 mensuales (alrededor de $35.000 diarios).
Salas es una de esas “peladas”, aunque es difícil imaginar en su rostro joven y sonriente lo cerca que estuvo de la muerte y la delincuencia. Antes de tener a su hija, a los 18 años, supo de “vueltas” y “fierros”, de consumo de drogas y robos, de balazos que matan (uno de ellos le atravesó la canilla). En el barrio, como se refiere a los sectores deprimidos de la ciudad, la vida es corta, intensa e ilegal. “Yo he perdido cerca de 20 amigos, ahora creo que por falta de otras oportunidades ¿no?, por la intolerancia también. En Arabia, por ejemplo, la limpieza social fue muy fuerte entre 2005 y 2007. Pegaban carteles con listados y los pelados no amanecían con vida. ¿Sí o qué?”, le pregunta Salas a Jeisson Valero, otro pelado integrante del proyecto Jóvenes en Paz.
Valero asiente con la cabeza. Tiene 27 años y un hijo de 3 que hace mucho no ve; rememora las puñaladas que ha recibido como cicatrices de guerra: el tiro que le perforó el brazo, la herida en la columna que casi lo mata. “Llevaba días durmiendo en la calle. Tenía la pipa de bazuco en la mano. De pronto se me acercó una persona y me dijo que Dios me amaba y que lo siguiera. Yo le copié al man y allá me ayudaron. Recaí un par de veces, pero después me reafirmé. Un día, ya mejorcito, un parcero me dijo que estaban inscribiendo en el programa Jóvenes en Paz y me metí. Desde ahí se me han abierto la de puertas, pa qué. Estoy estudiando programación de software en el Sena”, dice Jeisson.
Valero y Salas hacen parte de los cerca de 6.725 jóvenes vinculados hasta julio a esta estrategia de inclusión social. De ahí, un poco más de 3.887 jóvenes son parte únicamente del convenio que firmaron la Secretaría Distrital de Educación y el Idiprón y terminó el 8 de junio. Desde esa fecha los recursos para la continuidad del programa los ha destinado sólo Idiprón, lo que ha permitido la vinculación de menores de edad.
El día a día del proyecto no es nada fácil. Las requisas a la entrada de las sedes de educación del Idiprón, donde empiezan el proceso los “pelados”, son fuertes. Puñaletas, encendedores, pipas, marihuana y cocaína es lo más incautado. Las rivalidades entre barristas o parches son frecuentes y violentas. Existen localidades, como en Rafael Uribe Uribe, en que la comunidad se queja y sigue tratando como delincuentes a los jóvenes. El panorama contrasta con el testimonio esperanzador de los pelados: “Esta es una oportunidad grandiosa. Después de este curso en el Sena quiero estudiar en una universidad pública, ¿si me entiende?, se abren más puertas y se ve un futuro”.
Las críticas
Como era de esperarse, darles un ingreso no convencional a jóvenes conflictivos que han sido o pueden ser delincuentes, para que estudien, en una ciudad cuyas estrategias de seguridad han sido históricamente policivas, no se ha escapado a las críticas. La Contraloría Distrital de Bogotá, por ejemplo, en su informe de control fiscal de mayo de 2015 se refirió al convenio firmado entre la Secretaría Distrital de Educación y el Idiprón, y señaló que “no cumple con los principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad”.
El ente fiscal aseguró que “la Secretaría de Educación Distrital desembolsó recursos para la realización de actividades que no forman parte de su objeto misional, en cuantía de $5.103’863.892” y que ese “pago carece de soporte jurídico porque destina recursos públicos a la entrega de auxilios a particulares”, además que “la entrega a cada uno de los beneficiarios de $720.000 pone en riesgo los recursos de la Secretaría Distrital de Educación, que debe cumplir con la protección de la niñez y la juventud”.
Otro de los peros de la Contraloría Distrital sobre el convenio señala que “transcurridos seis meses desde la iniciación del mismo a la fecha de la diligencia de la visita fiscal (29 de abril de 2015), aún no se tienen resultados del seguimiento de impacto social del personal beneficiario” y que “no existen controles efectivos que garanticen la correcta ejecución de los recursos que le son entregados a la población beneficiada a título de incentivo por permanencia”.
Roberto Contreras, director del Idiprón, reconoce que no hay certeza total de que los jóvenes en paz estén al margen de actividades delincuenciales. “Son temas de percepción”, afirma, pero da algunas herramientas para el debate: el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría Distrital de Gobierno analizó las cifras y encontró que en las tres localidades en que Jóvenes en Paz ha tenido mayor vinculación (más de 3.600): Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal, los índices de violencia, homicidios y lesiones personales han disminuido: entre enero y abril de 2015 hubo 15 homicidios menos en San Cristóbal con respecto al mismo período de 2014, cuando se presentaron 30. En Usme y en Ciudad Bolívar ese indicador no mostró mayores resultados, porque la diferencia fue un asesinato menos en ese período (61 en Ciudad Bolívar y 28 en Usme). Pero en cuanto al índice de lesiones personales se encontró que en Ciudad Bolívar hubo 1.774 lesiones, 415 menos que el año pasado, y en Usme, 834, 451 menos que en 2014.
Contreras defiende también que el programa está diseñado para que no lo puedan clientelizar en este año electoral. Por eso la vinculación ha sido celosa y focalizada, dice. Habrá que esperar para saber si el próximo alcalde de Bogotá rescata esta iniciativa o si la deja en el aire, como suele ocurrir, sin sistematización, continuidad y recursos. Las mafias, que tanto nombra el alcalde Petro, con seguridad estarán al tanto de la noticia que llevarán los pelados del barrio. Mientras tanto, Salas y Valero sueñan como nunca antes se lo permitieron. –¿Cómo se ven en 10 años? “Yo quiero tener una casa propia, quiero ayudar a otros”, dice Jeisson. “Sí, yo también –dice July–, quiero enseñarles a los que están llevados, como yo estuve un día, que se puede tener una vida diferente”.
El programa paso a paso
Los Jóvenes en Paz empiezan el proceso en las unidades de protección integral. Allí asisten todos los días hasta que empiezan a estudiar primaria o bachillerato en las escuelas integrales del Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) o hasta que ingresan a alguno de los 13 programas de formación técnica laboral que les ofrece el Sena.
Para formalizar su ingreso al proyecto sólo se requiere presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, de la afiliación al Sisbén y el último curso aprobado en colegio, si van a ingresar a bachillerato o al Sena. El Idiprón, en asocio con la Secretaría de Salud, realiza jornadas para facilitarles el registro en el sistema de salud a los jóvenes de sectores vulnerables y sus familias.
Una vez ingresen al proyecto, los jóvenes deberán realizar prácticas de apropiación territorial en sus barrios en alguna de las temáticas propuestas y liderar campañas pedagógicas en Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).