Jóvenes trasladados a Cárcel Distrital deben volver en un mes: Procuraduría

Según el Ministerio Público, las entidades encargadas no han cumplido con los compromisos firmados inicialmente, como la readecuación del centro de reclusión.

Centro de reclusión de menores El Redentor
Hace casi tres meses, en el centro de reclusión de menores El Redentor se presentó un motín, en el que los internos provocaron un incendio. La situación, que se repitió días después, obligó a las autoridades a tomar una drástica decisión: trasladar a 102 jóvenes infractores (mayores de edad, pero que fueron procesados penalmente cuando aún eran menores) a la cárcel Distrital, pues un 50% de las instalaciones se vieron afectadas por la conflagración. Hoy la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las entidades distritales, que se encargan del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), para que resuelvan cuanto antes la situación de estos jóvenes. 
 
Según el Ministerio Público, el plazo para que estos adolescentes, que fueron juzgados como menores de edad, sean devueltos a las instalaciones de El Redentor se cumple el 19 de marzo. Ilva Myriam Hoyos, la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, le exigió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Distrito que se cumpla con lo expedido con del Decreto 524 del pasado 20 de noviembre, mediante el cual se autorizó de manera excepcional y por un término de tres meses, prorrogables hasta por tres meses más, el traslado provisional de estos jóvenes. 
 
Según la Procuraduría, a pesar de que se acordaron varios compromisos cuando ocurrieron los hechos, como la readecuación de las instalaciones de El Redentor, el diseño de un modelo pedagógico diferenciado para los jóvenes sancionados, la intervención psicosocial permanente para asegurar su protección y la adopción de un protocolo de seguridad que permita precaver y evitar nuevos actos de violencia, a la fecha no se ha avanzado en estos. 
 
La procuradora Hoyos advirtió también que su enorme preocupación en el entendido de que el internamiento de los jóvenes en la Cárcel Distrital no representa una solución efectiva para la protección de sus derechos, como tampoco para la ejecución de las sanciones con las finalidades protectora, educativa y restaurativa, de acuerdo con en el artículo 178 del Código de la Infancia y la Adolescencia. “Por el contrario, ha derivado en situaciones de extremo peligro, no solo para los jóvenes, sino también para los educadores que tienen a cargo desarrollar el modelo pedagógico”, añadió. 
 
Lo que provocó el traslado
 
El 20 de noviembre del año pasado, varios reclusos del centro de reclusión de menores El Redentor protagonizaron un motín e incendiaron casi el 50% de la infraestructura de este lugar y 23 personas aprovecharon la emergencia para fugarse. Debido al estado al mal estado de las instalaciones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Distrito decidieron trasladar a 102 jóvenes hasta la Cárcel Distrital.  
 
El ICBF explicó en ese entonces que la medida se tomó como resultado del diálogo en el Puesto de Mando Unificado, ubicado en la Alcaldía y al que también asistieron la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Salud, la Policía  Metropolitana, la Defensoría del Pueblo y la Unicef. Allí se llegó a este acuerdo “de carácter transitorio y excepcional”, mientras se adelantan la obras de reconstrucción de El Redentor, que durarán al menos ocho meses.  El traslado se llevó a cabo a las 3:00 a.m. por motivos de seguridad. Fueron ocho los buses que utilizaron para trasladarlos hasta la Distrital, donde hasta el momento están en un pabellón especial a cargo del ICBF. Una fuente cercana a este diario aseguró que la medida era casi obligatoria, pues los menores tenían dónde dormir, pues todo quedó destruido. 
 
“Allí continuarán con las actividades del modelo pedagógico y restaurativo, sin tener ningún contacto con los demás reclusos y siguiendo todas las normas y principios del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vigentes establecidos en el Código de la Infancia y la Adolescencia”, manifestó el ICBF a través de su comunicado. 
 
En esa época, Ingrid Rusinque, directora de protección del ICFB, hizo un llamado a todas las entidades encargadas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes para que se sincronizaran  y ejecutaran una articulación de políticas públicas en contra de la delincuencia juvenil, que al parecer ya se está saliendo de las manos de las autoridades. 

 

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