Judicializan a dos personas por dañar bienes durante la marcha estudiantil en Bogotá

Encapuchados arremetieron contra policías con piedras, ladrillos y botellas. / Mauricio Alvarado - El Espectador

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad entregaron el balance de la marcha estudiantil que se llevó a cabo en diferentes puntos de la ciudad, el pasado miércoles 11 de octubre. Ambas instituciones coincidieron en que se debe aislar de este tipo de eventos a quienes protagonizan desmanes.

De acuerdo con las entidades, dos personas fueron judicializadas por daños a bienes ajenos y 51 fueron llevadas a Centros de Traslado por Protección (CTP) por presentar comportamientos violentos. Adicionalmente, siete policías y un gestor de convivencia resultaron heridos por las agresiones que recibieron por parte de ‘encapuchados’.

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En cuanto a afectaciones a bienes materiales, a seis estaciones Transmilenio (TM) les pintaron múltiples grafitis, especialmente, las ubicadas sobre la calle 26, por donde pasó la movilización de la Universidad Nacional, la que más concentró asistentes.

Además, seis articulados de TM resultaron vandalizados, hecho que causó indignación en redes sociales, pues se viralizó un video en el que se observan a un par de sujetos pintando el bus con un aerosol.

También fueron afectadas las infraestructuras de cuatro sucursales bancarias, por lo que el coronel Carlos Rojas Pabón, comandante operativo Policía de Bogotá, invitó a los comerciantes y empresarios que terminaron con daños en sus lugares de trabajo a denunciar para “investigar y judicializar a los culpables”.

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Ante las cifras que dejaron las marchas, Jairo García, secretario de Seguridad, aseguró: “Tenemos que aislar a los ‘encapuchados’ y rechazar, de manera colectiva, sus actos agresivos. Menciono que hubo mucho consumo de sustancias alucinógenas durante la movilización. Nosotros garantizamos todos los medios para una movilización pacífica”.

Cabe recordar que los motivos principales de la movilización fueron: exigir el cumplimento de los acuerdos pactados con el Gobierno en diciembre de 2018, defender el derecho a la protesta, rechazar la corrupción de las universidades públicas y privadas y el uso desmedido de fuerza por parte del Esmad.

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