Juez aseguró cumplimiento del Distrito a afectados de Hacienda Los Molinos

Según una decisión judicial, la Administración Distrital cumplió las órdenes de la sentencia que cobijaba los derechos de los afectados por los desalojos de Hacienda Los Molinos.

David Campuzano - El Espectador

Una decisión del juez 71 Civil Municipal, Felipe Pablo Mojica, acreditó el cumplimiento del Distrito de las órdenes impartidas en la sentencia T-908 de 2012, impuesta en mayo de 2013 por la Corte Constitucional, en la que se amparaba el derecho a una vivienda digna y a un debido proceso de reubicación para la comunidad afectada por los desalojos en Bosques de Molinos, en el barrio Marruecos de la localidad Rafael Uribe Uribe.

La resolución, que fue enviada a la Secretaría Distrital de Hábitat, incluyó a las demás entidades de la Administración Distrital y la Inspección de Policía, acreditando el cumplimiento de lo ordenado.

Según manifiesta la notificación judicial, ‘‘se observa que ninguna autoridad está procediendo irregularmente, toda vez que de los informes presentados, se puede concluir que se ha dado cumplimiento no solo a lo ordenado por la Corte, sino que se han acatado los autos emitidos por este 'juzgado, de suerte que no se aprecia justificación alguna para dudar de la seriedad de los trámites adelantados para dar cumplimiento a las órdenes emitidas en procura de amparar los derechos de las personas”.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, debía reconocer una vivienda formal y su propiedad, a 94 familias que en enero de 2012, momento en que se dio el desalojo, contaban con una vivienda consolidada. Así mismo, debían pagar el valor del lote a 62 hogares que habían acreditado una promesa de compraventa, pero no iniciaron ninguna construcción o no tenían una vivienda consolidada.

Por lograr el cumplimiento de la sentencia, la Secretaría del Hábitat debió reunirse con la comunidad en más de siete ocasiones en distintos lugares, para atender de manera personalizada la situación de cada uno de los más de 150 hogares que requerían explicación del alcance de la sentencia. Así mismo, según la Secretaría de Hábitat, durante el proceso fueron recibidas y contestadas 108 acciones de tutela y más de 400 derechos de petición, por parte de miembros de la comunidad.

De igual forma, 16 familias que demostraron que en el momento del desalojo tenían bienes materiales y otros enseres, también recibieron una indemnización extra de $9.432.000 en total por parte del Distrito.

Finalmente, como último punto de la orden judicial, la Alcaldía Local deberá adelantar tres campañas ambientales, para hacer pedagogía sobre la protección y control de vertimientos de la Quebrada Chingaza