Licitación de Transmilenio por la Séptima sigue suspendida

Así lo determinó un juzgado de Bogotá. Se mantendrá de esa forma hasta que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realice los ajustes que permitan hacer un nuevo análisis de factibilidad técnica y económica del proyecto.

El costo del proyecto que se encuentra paralizado, asciende a $2,4 billones. IDU

Ratificando uno de los grandes tropiezos que ha tenido el proceso de licitación para la construcción de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima, el Juzgado 49 administrativo de Bogotá acalaró que la orden de suspender el proceso de licitación, cuya adjudicación estaba programad para el 2 de mayo, se mantendrá como medida cautelar.

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Según el juez, la decisión tendrá vigencia hasta tanto se profiera sentencia de primera o segunda instancia o hasta que el Distrito realice las modificaciones al proyecto que permitan hacer un nuevo análisis de factibilidad técnica y económica.

Así mismo, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) deberá resolver todas las inquietudes frente a la obra que plantearon los vecinos del Edificio Altos de la Cabrera (ubicado en la avenida Circunvalar # 84A-50), en la acción popular instaurada. 

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Anteriormente, el despacho solicitó al IDU dos soportes. Por un lado, “la documentación de todos los documentos precontractuales y contractuales que correspondan al tramo 3 de la Troncal de la carrera 7 que incluye la ejecución del proyecto de construcción de dos puentes vehiculares sobre la avenida Circunvalar con calle 85, con especificación de las obras aledañas que se pretenden realizar para mitigar el impacto vial que se presenta en la zona”.

Y, además, pidió la valoración del impacto ambiental, comercial y de seguridad de la obra sobre los bienes aledaños “en especial si se hizo un estudio sobre los eventuales riesgos que se pudieran llegar a presentar sobre la propiedad horizontal Altos de la Cabrera".

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Sin embargo, en el expediente se encontró que el IDU solamente había enviado un informe técnico y un CD con los documentos en los que se baso dicho informe.

Por tanto, el juez solicitó nuevamente la información y abrió un incidente sancionatorio contra el representante legal del IDU, por no cumplir una orden legal y, por ende, impedir que el despacho resuelva oportunamente la medida cautelar solicitada por los demandantes.

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Redacción Bogotá - [email protected]

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