Julio Gómez aceptó cargos

Julio Gómez, contratista investigado por el carrusel de la contratación.

Gómez es investigado por su presunta participación en un colosal desfalco relacionado con la contratación para la construcción y el reparcheo de la malla vial, así como en la adjudicación de la Fase III de Transmilenio al polémico grupo empresarial de la familia Nule (todavía en etapa de juicio), dos capítulos del caso conocido como el cartel de la contratación en Bogotá.

La diligencia se reanudó casi un año después de su primer aplazamiento, el 16 de enero de 2013. En octubre de 2013, Gómez manifestó que renunciaba al preacuerdo pactado con la Fiscalía General y ahora asegura que pretendía responder por los tres cargos de los que se le acusa. Según la Fiscalía, el sindicado sabía de los actos ilegales en los que estaba incurriendo y, “con ello, que lesionaba la administración pública sin causa justa”. Con este allanamiento a cargos, Gómez podría cumplir una pena de entre seis y ocho años de prisión.

Según el fiscal José Vicente Valbuena, Gómez intervino para que la Fase III de Transmilenio no fuera declarada desierta y así, por descarte, se adjudicara a los Nule. Añadió que Gómez “aceptó promesas remuneratorias a cambio de que funcionarios del IDU encargados de adjudicar contratos le cedieran obras a la Unión Temporal Transvial por una suma superior a $315.000 millones”.

Pero, si bien Gómez aceptó los cargos, aún existen dudas sobre el patrimonio que habría cosechado gracias a los actos de corrupción en los que estuvo inmerso. La Contraloría General de la República, a través de su representante Enrique José Cardona, reiteró que el contratista no ha reintegrado la totalidad de los dineros de los que se apropió. Cardona señaló que de los $1.750 millones que los primos Nule le dieron a Gómez después de recibir el anticipo de $81.000 millones por la adjudicación de la Fase III de Transmilenio, el acusado sólo ha reembolsado $297 millones.

“Las víctimas vamos a ser revictimizadas porque no se están recuperando los dineros públicos. Justicia es que sepamos la verdad y nos devuelvan los recursos”, dijo Cardona. La Contraloría insistió en que esta situación les niega a las víctimas el derecho a la reparación integral.

Por otro lado, ayer fue aplazada por novena vez la audiencia del exalcalde Samuel Moreno en el marco del carrusel. La Fiscalía consideró que estos aplazamientos son injustificados, toda vez que la enfermedad de uno de los abogados no implica que alguno de los otros tres litigantes que lideran la defensa del exmandatario no se puedan presentar.