Justicia cojea por infraestructura

Baches en el piso, techos sin cielo raso y edificios que incumplen normas de sismo resistencia hacen parte del panorama en el que trabaja la justicia en Bogotá. /    Gustavo Torrijos

Si la capital fuera epicentro de un terremoto, los edificios donde trabajan los jueces de Bogotá serían de los más afectados. Instalaciones viejas que no cumplen normas de sismo resistencia y sin adecuadas salidas de emergencia hacen parte del panorama. Es por esto que los propios jueces llevan años librando una batalla contra la propia administración de justicia para que les garanticen condiciones dignas en sus trabajo. Y no solo por ellos. A estos edificios llegan a diario 15.000 personas. El reclamo se repite cada año, pero la Judicatura, encargado del mantenimiento de las sedes , dice que hacen lo posible por mejorar la infraestructura, pero que el dinero no alcanza.

Edificio Hernando Morales 

Ubicado en la carrera 10 con calle 14, tiene 66 años y es donde operan más juzgados. Debido a su mal estado, 353 empleados de la Rama Judicial presentaron hace seis años una tutela para que los reubicaran, invocando el derecho a la vida, a la integridad y al trabajo digno. Aunque un juez accedió a la petición, un fallo de segunda instancia revocó la orden, al considerar que solo se requerían obras de adecuación. Sugirió mejorar la seguridad con obras antisísmicas, una escalera adicional para evacuaciones, renovación de la red eléctrica y ampliación de la puerta de acceso al edificio, entre otras. Hoy persisten los reclamos, porque pese a que la Judicatura ha hecho trabajos como salas y mejoramiento de fachada, no ha cumplido con todo.

Por ejemplo, no ampliaron la puerta de acceso y cuenta con una entrada para mujeres, otra para hombres y dos de salida, por las que transitan al día 7.000 personas. Para María del Pilar Arango, jueza 34 civil del circuito, en caso de una emergencia, los visitantes solo podrían salir por ahí, ya que no hay salidas de emergencia. Y en caso de evacuación, la escalera es angosta y no daría abasto. A esto se suma que hay problemas con la tubería, que por lo vieja, se rompe constantemente, algo que pone en riesgo miles de expedientes. Arango explica que esto obedece a un problema de planeación. “Compraron este edificio y acomodaron los juzgados como pudieron”, agregó.

Edificio Nemqueteba

Situado en la carrera séptima con calle 13, a simple vista es el más deteriorado. Se evidencian problemas para cumplir un protocolo de emergencia. “Nunca hemos hecho un simulacro. No hay puntos de encuentros, ni un puesto de urgencias y aquí entran al día mínimo 1.000 personas. Hace poco un compañero tuvo un infarto y tocó llamar al 123”, aseguró Rubén Cruz, secretario del Juzgado 3 de Laboral.

La salida de evacuación es más angosta que la del primer edificio (mide casi metro y medio), no tiene señalización, las luces están fundidas y algunos tacos de la luz, como ocurre en el piso ocho, no tienen tapa y solo un papel advierte “no tocar”. En cada piso está escrito con un marcador cuáles son los juzgados que ahí funcionan. El peor panorama es el de los juzgados de familia, en el sexto piso: techos descubiertos, paredes rotas, cables sueltos y pisos sin baldosas. Para Cruz, esto entorpece la labor en los juzgados, pues con condiciones óptimas, el servicio sería mejor.

La última denuncia llegó del complejo judicial de Paloquemao. Los usuarios y los funcionarios dijeron que faltan ascensores. Solo hay dos para discapacitados y la tercera edad. “Además son lentos y toca esperar mucho. Muchos tenemos que subir por las escaleras: embarazadas, niños, enfermos”, dijo una funcionaria. Hoy los jueces dicen que su único clamor es que se construya un complejo judicial donde puedan reubicarlos a todos, para garantizar su seguridad, las condiciones dignas de trabajo y donde se facilite el acceso al usuario.

No alcanza la plata

Para el Consejo Seccional de la Judicatura, entidad que administra los recursos de la justicia y se encarga del mantenimiento de los edificios, lo que ha retrasado la adecuación de las instalaciones y el traslado de algunos despachos es que la plata no alcanza. Del presupuesto que se asigna a la justicia en el país, una porción mínima llega para atender las necesidades de los 447 juzgados de Bogotá. “Y lo que llega se debe dividir en funcionamiento, deuda e inversión. Pero no en partes iguales, porque la prioridad es pagarles a los funcionarios”, dijo Carlos Másmela, director Ejecutivo de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca.

Otro de los problemas se debe al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad. Según Másmela, hay edificios y lotes que la Rama Judicial ha querido comprar, pero no ha podido, porque la norma prohíbe que edificios de oficinas estén en barrios residenciales.

Por otro lado, según el director seccional, al edificio que más le han invertido es al Hernando Morales. Incluso, tiene 50 juzgados menos y parte de los archivos se trasladaron a bodegas en el barrio Montevideo. Reconoció que no se ha hecho la estructura antisísmica, ni la salida de emergencia , ya que esperan que se aprueben un presupuesto de $15.000 millones para 2015.

Frente al edificio Nemqueteba aseguró que al no ser de la Rama, es inncecesario invertir en adecuaciones. “Esperamos que a finales del 2015, trasladar 100 juzgados a un nuevo edificio que compramos hace siete años, donde quedaba la antigua Clínica del Niño. Ya se adecuó, pero faltan detalles”, añadió.

Másmela fue claro al decir que el complejo judicial es una propuesta alejada de la realidad, pues si hasta ahora ha sido difícil mejorar los edificios que compra el Gobierno, menos se podrá reunir todo en un mismo espacio. Reiteró que la Judicatura ha hecho lo que está a su alcance, pero faltan recursos.

Por ahora, el panorama no es tan claro. Las quejas de los funcionarios continúan y mientras no se dé una solución de fondo, para ellos la justicia seguirá ‘cojeando’ hasta no contar con instalaciones dignas y seguras para trabajar. 

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@lauradulero