La disidencia de los pequeños transportadores que pertenecían al Sitp

Alrededor de 465 familias no quieren firmar la oferta del Distrito. / Luis Alejandro Gómez

Lo que parecía el punto final al drama de los pequeños transportadores, resultó ser más bien un punto y coma. La semana pasada, el alcalde Enrique Peñalosa aseguró que había llegado a un acuerdo con los propietarios de buses que se vieron afectados con la quiebra de Egobús y Coobús, dos de los nueve operadores con los que empezó el Sistema Integrado de Transporte (SITP). Sin embargo, 465 de ellos critican la propuesta. Consideran que es injusta, pues solo les quieren pagar un reconocimiento y no los 40 meses de renta que les deben desde el momento en que se la jugaron por hacer parte del sistema entregando su único patrimonio. (Lea: El fracaso de los pequeños transportadores)

Cuando los invitaron a sumarse a Coobús y Egobús, parecía un negocio perfecto: los dueños de los buses tradicionales entregaban sus vehículos al nuevo Sistema Integrado de Transporte (SITP) y a cambio las empresas les pagarían una renta mensual que oscilaba entre $1,5 millones y $2,5 millones, por 24 años. Casi todos los propietarios pensaron que tenían la vida arreglada. A otros los obligaron a aceptar, cancelándoles la tarjeta de operación.

Una vez las empresas empezaran a operar las rutas que antes ellos cubrían como pequeños transportadores, empezarían a recibir las rentas. En los primeros seis meses, los pagos llegaron puntualmente. En el séptimo, el dinero no llegó. Los directivos de Coobús y Egobús les dijeron que era solo un retraso, que se saldaría en el siguiente mes. Pero eso no pasó y, como aseguran los líderes de los afectados, “hasta el sol de hoy esa platica no ha aparecido”. Este episodio ocurrió en 2010. (Lea: Los pecados del Sitp)

La plata no llegó porque los dos operadores no tenían solvencia para trabajar. Al poco tiempo, la Superintendencia de Puertos y Transporte los intervino, tras hallar irregularidades que pasaban por fallas de gobernabilidad, ausencia de un plan de negocios definido para garantizar su balance financiero, inconsistencias en pagos, incumplimiento en los acuerdos con Transmilenio y cuentas en mora de hasta un año. Luego vino el plan de salvamento que les lanzó el exalcalde Gustavo Petro, que no dio frutos. Al final, la Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación.

Según los pequeños transportadores, en Egobús y Coobús se reunían alrededor de 3.000 propietarios de buses, todos damnificados por la quiebra. Aunque la cifra aún está en revisión, lo que sí está claro es que su liquidación significó la ruina de todos.

Si bien la semana pasada el Distrito afirmó en rueda de prensa que había llegado a un acuerdo con 737 propietarios de 867 vehículos, en el que se les pagaría un reconocimiento por ser los mayores damnificados, aún muchos de los transportadores están inconformes y afirman que el pacto no los incluyó a todos. (Lea: Lo que el Distrito les ofrece a los pequeños transportadores del Sitp)

Jacobo Morales, representante del gremio, explica que se debe tener claro que los pequeños transportadores se dividen en dos grupos: los que confiaron en el sistema desde el principio y entregaron sus vehículos a cambio de las rentas, y los del SITP provisional, que hoy siguen operando con el modelo de colectivo anterior.

Según Morales, el acuerdo les sirve a quienes aún no han entregado sus buses. Ellos fueron los que aceptaron el decreto. Pero a los que les deben 40 meses de renta, que hoy son 465 personas, ese monto solo les serviría, si acaso, para pagar algunas deudas: “Es una gran mentira que hay solución para todos. En nuestro caso, sería una reparación a medias, porque pagarían una parte por el vehículo, pero ¿quién responde por la renta que por contrato debían pagarnos? El alcalde se mantiene en su posición de que la deuda de la renta es de los privados y no del Distrito”.

El argumento de la administración es que no puede asumir, con recursos públicos, compromisos contractuales entre terceros ajenos al Distrito. “Es lo que jurídicamente pueden hacer después de un estudio legal juicioso, porque en Colombia no existen esquemas de salvamento de transporte público”, agregó Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio.

A pesar de esto, Morales insiste en que la responsabilidad sí es de la de administración y por eso debe responderles: “El Distrito creó el SITP. A nosotros nos obligaron a ingresar cancelándonos las tarjetas de circulación. Confiamos en que los operadores iban a hacer su trabajo, porque se ganaron la licitación, pero eran empresas que no estaban preparadas. La administración debió controlar y administrar el sistema. Nada de eso pasó”.

Vale recordar que actualmente avanza un proceso penal contra tres funcionarios de la administración de Samuel Moreno, quienes desconociendo un concepto que indicaba que ningún concesionario tenía capacidad para operar el sistema de Transporte, adjudicaron contratos de concesión.

La semana pasada el gremio se reunió con una comisión accidental, creada en el Concejo, para buscar una salida al punto de las rentas, pues no quieren que se firme el decreto mientras el alcalde no les reconozca, por lo menos, un porcentaje de lo que perdieron. Denuncian que debido a esta quiebra muchos han tenido que vender sus pertenencias, trabajar en oficios informales y sacar a sus hijos de las universidades. Aunque tienen la intención de volver a empezar, la mayoría tiene más de 50 años y conseguir empleo no ha sido fácil. Estas son algunas de las historias.

“Me deben $240 millones en rentas”

“Soy transportador desde 1988. Mis cuatro vehículos estaban en una cooperativa. Yo entregué dos de ellos, uno modelo 2005 y otro 2006, a Egobús, teniendo en cuenta que el Distrito era el garante para que el sistema funcionara. Los otros dos están funcionando como provisional esperando a que la administración resuelva qué va a suceder con ellos. Me sostengo con estos dos, porque la otra platica parece que está perdida. Me deben $240 millones de renta. Estoy sumergido en una crisis. Tengo problemas con los pagos de la universidad y el colegio de mis hijos, porque no puedo acceder a créditos. Yo tengo 62 años y a esta altura aspiraba a una estabilidad. Pero no lo logré y ahora me toca aguantar que sólo me paguen ‘un reconocimiento’, cuando yo invertí mi vida en esto”.

*Humberto Santana

“Ahora soy empleada doméstica”

“Tenía dos buses. Los entregué, como todos. Con esa decisión boté a la basura 25 años de trabajo como transportadora. Cuando existía el modelo tradicional me iba superbién, vivía tranquila. Me duele tanto que me haya tocado volver a empezar a mis 50 años. Los compré con mucho sacrificio. Me endeudé y pagué juiciosa. Ahora, después de haber tenido todo, me toca desempeñarme como empleada doméstica. Plancho, lavo ropa, limpio casas. El trabajo no es deshonra, pero entiéndame: nunca me había tocado trabajar en eso y ahora tengo que hacerlo para comer. Mi hijo mayor tuvo que parar sus estudios de derecho porque no pude costearlos. Y con mi hijo menor ha sido una lucha sacarlo adelante. Por él trabajo. Es menor de edad y tengo que darle su comida y transporte. Lo puse a aplicar al Sena mientras paso esta mala racha. Soy madre soltera, soy lo único que tienen. El SITP truncó todos mis sueños, porque nos dejó casi pidiendo limosna. Lo triste es que nosotros anunciamos este fracaso del sistema. Era absurdo que por viaje haya un conductor. Eso no es rentable. Es tan injusto que no nos paguen las rentas.l A nosotros nadie nos regaló los buses, los sudamos con trabajo. No tengo pensión, no estudié nada. Ya no sé qué hacer: quiero que me paguen la renta, pero sé que necesito urgente la plata que está ofreciendo el Distrito. Si acepto, me toca desistir de todas las demandas contra la administración”.

*Olga Plazas

“No tengo trabajo y les debo a los bancos”

Soy transportador desde 2003. Todas mis cesantías las invertí en este negocio. Cuando administraba mis vehículos, que eran unos colectivos de 19 pasajeros, al mes me quedaban libres $3 millones y con eso mantenía a mi familia. Pero llegaron con la idea del SITP, me obligaron a entregar los carros, porque me quitaron las tarjetas de circulación y me dijeron que me iban a dar $1’600.000. Desde el inicio me vi afectado, aunque lo aceptamos porque era un contrato a 24 años. Y resulta que jamás nos pagaron y nos deben 40 meses de renta. Con ese panorama me tocó empezar a buscar trabajo, porque todos dependíamos de eso, pero a mis 60 años, ¿quién me contrata? Súmele a mi desgracia que yo saqué un préstamo de $54 millones para pagar uno de los buses y me ha tocado vender hasta mi carro para abonar al banco, si no me iban a arrebatar mi casa. Hoy tengo que pagar ese préstamo, que está casi igual, porque como no volví a pagar, los intereses suben. He tenido muchos problemas familiares. Tengo un hijo a quien le estaba ayudando con su casa, pero va a tener que rematarla porque no pude respaldarlo. Ahora mi vida se pasa entre fotocopias, reuniones y marchas. Estoy viviendo de la caridad”.

*Jacobo Morales

“Me gasté mis ahorros”

“Antes de ser transportador era soldador. Con lo que reuní durante 15 años invertí en mi buseta. Era un buen carro, modelo 2009. Nos quedaban $4 millones libres. Les dimos nuestros carros a unas operadoras que, aunque fueron avaladas por el Distrito, no estaban preparadas. Hoy creo que el error también fue nuestro, por ingenuos. Pero también nos da rabia porque nos condujeron a eso. No había otra opción. Era mi único capital. No tengo trabajo y lo perdí todo. Así quiera buscar alguna oportunidad, nadie me da un puesto porque tengo 54 años y soy diabético. Me gasté mis ahorros y hace poco me endeudé para sostenerme mientras nos dan razón desde el Distrito. Ahora mi esposa me ayuda, pero no es suficiente”.

*Rafael Mesa