:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/wN5xf0XZQPvnqKtwc1xgb5v-Dvk=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/IXCXWPRQL5H5PB6X6EUNZJMMDY.jpg)
La discusión entre el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana y el Distrito ya llegó a instancias penales. El administrador del relleno sanitario de Bogotá denunció penalmente a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Amanda Camacho, al considerar que la funcionaria está incurriendo en contaminación ambiental y prevaricato por acción, al impedirles realizar el manejo de los residuos mixtos que llegan al relleno, que no son más que escombros de construcción revueltos con basura, que se deben separar antes de su disposición final.
(Lo que se pactó luego del derrumbe en Doña Juana)
De acuerdo con Mauricio Bernal, representante legal de CGR, este proceso lo vienen haciendo desde 2014 con retroexcavadoras y una zaranda, luego de que la concesión firmara un acuerdo con el Distrito para tratar este material. “Al principio hubo discusiones, pues la CAR, en un momento, dijo que no se podían ingresar escombros al relleno. Sin embargo, al final, en 2016, le dio la bendición al tema”.
Asimismo, según Bernal, se ha venido haciendo la separación de los mixtos. Mientras el concreto es utilizado para pavimentar las vías internas de Doña Juana, un grupo de 25 familias de la zona realizan otra separación y comercializan lo que puede ser aprovechable. Así, al final, lo que queda, que son residuos no aprovechables, se dispone dentro del relleno.
Esto se ha hecho en los últimos seis años. El Distrito le paga por esta labor a CGR, quien gana por partida doble, pues ahorra en materiales para pavimentar las vías y recibe compensación por el aprovechamiento de dichos residuos. De hecho, a finales del año pasado, la Contraloría señaló al Distrito que podría usar los fondos de contingencia (rubro creado con el cambio del esquema de aseo) para pagar este servicio, por lo que la anterior directora de la Uaesp, Beatriz Cárdenas, publicó una resolución dando luz verde al asunto.
El problema llegó con el cambio de alcaldía, pues la actual administración relata que antes de llegar a un acuerdo estaban acumuladas alrededor de 450.000 toneladas de residuos mixtos, a las que la gente del Mochuelo llamaba “la montaña de la vergüenza”, de las cuales hoy permanecen al menos 170.000 toneladas. Sumado a esto, CGR llegó en enero a cobrar por su tratamiento, sin contrato ni recursos de dónde hacerlo, dice el Distrito.
"El relleno sanitario tiene una concesión para atender el tratamiento de los residuos solidos ordinarios y los lixiviados. Los residuos mixtos no están en la tarifa y por lo tanto no hacen parte del contrato. Ellos lo hacen años pero cuando fuimos al efectuar al pago, no había contrato ni otrosí al contrato existente, ni figura jurídica que respalde el pago de las facturas", dijo la directora de la Uaesp.
La gran duda que se presenta para definir si el tratamiento de los residuos mixtos es parte del contrato de concesión, es de quién es la responsabilidad. Pues, si bien CGR indica que en sus funciones está el tratamiento de lixiviados, la disposición de residuos sólidos y su aprovechamiento (lo que incluiría los mixtos), para el Distrito esa es una interpretación equivocada, pues dicha labor no está en el servicio ordinario.
Ante esto, la Uaesp decidió no pagarle a CGR el tratamiento de los mixtos en los meses de diciembre,enero y febrero, por lo que para finales de marzo la deuda ascendía a $4.000 millones. Frente a esto, el Distrito ha dicho que intentó hacer un nuevo contrato con obligaciones claras, algo que desmiente CGR, al indicar que nunca hubo una respuesta positiva de la directora de la entidad.
"Como no hay soporte, nos sentamos con ellos a conversar y les dijimos que podíamos hacer una adición al contrato para poderles seguir pagando la separación de residuos, pero de aquí para atrás hay una figura que es 'hechos cumplidos' y es que no se puede pagar porque no hay contrato así que habría que llevar eso ante un juez", señaló Camacho.
Ante la negativa del operador, en una reunión del 2 de abril la Uaesp le dijo a CGR que haría estudios de mercado para determinar cuál sería la mejor alternativa para resolver el asunto. La respuesta de CGR fue que no continuaría tratando los mixtos. El problema fue que, sin la disposición final, el patio para esta labor se llenó a las 36 horas y para el viernes pasado ya eran dos los polígonos llenos de escombros y basura.
Para tratar de resolver el asunto, la Uaesp llegó el pasado viernes con una retroexcavadora para hacer por su cuenta la disposición de los residuos, pero los funcionarios de CGR lo impidieron, porque ellos pagan unas pólizas a sus empleados en caso de accidente y porque la licencia ambiental está a nombre del concesionario. Esto hizo que en la tarde llegara la directora de la Uaesp con 50 policías para intentar ingresar, lo que hizo más tensionante la situación, pero igual no lo logró.
Aunque el hecho no pasó a mayores, ayer se conoció que por el tema de los residuos mixtos CGR denunció penalmente a la directora de la Uaesp por posible contaminación ambiental, por impedir el tratamiento de los residuos mixtos que se acumulan en diferentes puntos del relleno, lo que podría afectar el resto de la operación de Doña Juana. Así como por prevaricato por acción, ya que la decisión de la funcionaria violaría el contrato que se firmó para la administración del relleno sanitario.
Si bien hasta ahora comienza este pleito, con la reactivación de la construcción en Bogotá, la prioridad será definir lo antes posible cómo se hará la disposición de los residuos mixtos de la ciudad. Mientras CGR dice que estaría dispuesto a retirar la demanda de llegar a un acuerdo, el Distrito estudia la posibilidad de poner en marcha un convenio con Aguas de Bogotá, la empresa pública de basuras, para que se haga cargo de este proceso. Falta esperar qué se definirá a lo largo de esta semana.