La imputación a una alcaldesa local de Bogotá que salpica a la Cruz Roja

Este contrato comprende la administración, planeación estratégica, logística y operación por parte de la Cruz Roja para el suministro y entrega de ayuda humanitaria durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus.

Foto: Cortesía: Cruz Roja

Pese a que hace un mes la Contraloría concluyó que no hubo irregularidades fiscales detrás de los contratos que firmaron 16 alcaldías locales y la Cruz Roja, para la entrega de ayudas humanitarias durante la pandemia, la Fiscalía parece opinar lo contrario. O, al menos, en lo relacionado al contrato que firmó en su momento la alcaldía local de Bosa.

Contexto: Cierran investigación por contrato con la Cruz Roja para atender la pandemia en Bogotá

El ente de control le imputó cargos ante un juez de garantías a Tatiana Piñeros Laverde, por presuntas actuaciones irregulares mientras ejerció como alcaldesa en la localidad de Bosa, entre enero y abril. Ella actualmente es la mandataria en la localidad de Los Mártires y frente a los cargos se declaró inocente.

Según la entidad, la funcionaria firmó un convenio aparentemente irregular, “al amparo de la emergencia social y sanitaria, decretada para atender las necesidades de la ciudadanía durante la pandemia”. Por esta razón pretende llevarla a juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación a favor de terceros.

Y es aquí donde termina salpicada la Cruz Roja, pues la investigación se centra en el contrato 022 de 2020 que, según documentos públicos, fue el que firmó particularmente el Fondo Local de Bosa con la Cruz Roja, por $4.000 millones. A través de dicho contrato, se le encomendó al organismo la administración, planeación estratégica, logística y operación, para el suministro y entrega de ayudas, que permitieran atender las necesidades de los habitantes en sus sectores. En resumen, “para adquirir mercados y elementos de aseo para familias vulnerables de ese sector del suroccidente de la ciudad”.

Según el ente investigador, los elementos probatorios dan cuenta de una presunta ausencia de planeación y estudios previos de mercado, requisitos exigidos por la ley, además un supuesto direccionamiento del contrato y presuntos sobrecostos, entre otras inconsistencias. “Por estos hechos el detrimento patrimonial ascendería a $304 millones”, dice el comunicado de la Fiscalía.

El proceso penal, que es el primero que se conoce a la fecha relacionado la atención de la emergencia en Bogotá, reabre la discusión que se generó en julio pasado cuando la Contraloría abrió una indagación preliminar para analizar los contratos del mismo estilo que firmaron la alcaldías locales, los cuales sumaban casi $82.000 millones.

Entre las que acudieron a la figura de la emergencia para celebrar este convenio están, además de Bosa, las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz. No obstante, pasados casi tres meses, la Contraloría archivó el proceso, según ella, por no haber encontrado un detrimento para la ciudad.

Lo que llama la atención es que, si bien uno de los reproches de la Fiscalía para la imputación a Piñeros fue la falta de estudios previos, al revisar los contratos de las otras alcaldías, publicados en la Secretaría General de la Alcaldía, se encuentra que todas usaron el mismo formato denominado “Formato de estudios previos Contrato de cooperación interinstitucional”.

Frente a este caso, El Espectador intentó conocer una opinión de la la Alcaldía, la Cruz Roja y la propia procesada, pero no se obtuvo respuesta. Después la mandataria envió un comunicado en el que indicó: “no hemos dejado de observar ningún requisito de orden legal apicable de urgencia manifiesta. Esto lo ha corroborado instituciones como la Contraloría Distrital de Bogotá”.

Y agregó: “La Fiscalía 212 seccional, decidió imputar cargos con base en un marco regulatorio que no es aplicable a los contratos celebrados a través de declaratorias de urgencia manifiesta. Adicionalmente, se adelantaron todos los procedimientos precontractuales establecidos en el Estatuto de la Contratación Pública para la celebración de contratos en el marco de la emergencia derivada de la pandemia”.

Además, que la “Fiscalía pretende poner en entredicho la idoneidad de la Cruz Roja como contratista de la localidad de Bosa, desconociendo la reconocida experiencia con la prestación de servicios de ayuda humanitaria que esta organización internacional ostenta”, concluyó.

Ahora que la alcaldesa Piñeros fue llamada a rendir cuentas ante la justicia, será clave conocer qué ocurrió con estos contratos en las alcaldías locales y los detalles de la investigación para tener plena claridad.