En momento decisivo para la ciudad

La lucha de dos miembros del Polo por una curul

Nelson Castro y Xinia Navarro mantienen un pulso jurídico por un puesto en el Concejo de Bogotá.

El Espectador

Sigue la batalla en los estrados por la quinta curul del Polo Democrático en el Concejo de Bogotá. En una esquina está Nelson Castro, electo en octubre de 2015 y luego destituido por la Procuraduría. En la otra, Xinia Navarro, quien tenía el derecho de reemplazar a Castro por obtener la sexta mayor votación de su partido en los pasados comicios. Hoy tambalea la permanencia de Navarro por una decisión judicial que deja al descubierto un limbo jurídico sobre la participación de empleados oficiales en política. (LEA:Confirman destitución del concejal Nelson Castro)

Para entender este enredo es clave decir que Castro tuvo que dejar su curul luego de que en julio pasado la Procuraduría, en segunda instancia, confirmó su inhabilidad por 11 años, al encontrar que incurrió en una falta disciplinaria gravísima: se lanzó al Cabildo sin renunciar a su cargo como funcionario de la Empresa de Acueducto. De hecho, según reposa en el expediente, a pesar de haber pedido una licencia no remunerada para participar en política (concedida el 23 de julio de 2015), actuó como presidente del sindicato Sintraserpucol en varias negociaciones con las directivas del Acueducto. (LEA: Xinia Navarro, lista para reemplazar al destituido Nelson Castro en el Concejo de Bogotá)

Paralelo a este pleito disciplinario, se libró otro proceso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que pidieron declarar nula su elección. En primera instancia, y casi con los mismos argumentos de la Procuraduría, los magistrados declararon nula la elección de Castro. A esto se sumó una tutela que también perdió en primera instancia en el Consejo Seccional de la Judicatura.

Fueron cuatro pronunciamientos los que ratificaron la irregularidad de Castro y, de paso, le abrieron la puerta a Navarro para ser la nueva concejala del Polo. Ella se posesionó el 9 de agosto, día en el que aseguró que emprendería una lucha a favor de los vendedores ambulantes. Castro, por su parte, dejó su cargo, no sin antes decirles a los miembros del cabildo que interpondría acciones legales para recuperar su curul.

Giro inesperado

El destituido concejal siguió su pelea y de todas las batallas judiciales, finalmente ganó una. El Consejo de Estado emitió el pasado 26 de septiembre un fallo que le dio un giro a esta historia y puso en evidencia un vacío en la norma, que podría jugar a favor del líder sindical. El alto tribunal acogió los argumentos de Castro y revocó la sentencia que declaraba nula su elección. Uno de los argumentos fue que, pese a que Castro era profesional especializado en el Acueducto, no era clara su inhabilidad y tenía vía libre para aspirar al Concejo.

“Al no encontrarse establecida como situación prohibitiva el ejercicio del cargo de profesional especializado (…) en el carácter de trabajador oficial, podía participar en la contienda electoral y, por ende, resultar electo como concejal”. La decisión, además, instó al Congreso a reglamentar las condiciones sobre la participación en política de los servidores públicos.

Algo que llamó la atención en la decisión fue la intervención del delegado de la Procuraduría. A pesar de los fallos disciplinarios y de que en la primera instancia del proceso de nulidad respaldó la tesis de la inhabilidad de Castro, cambió radicalmente de posición y terminó pidiendo revocar la decisión que anulaba la elección del político.

Respecto a este panorama jurídico, el abogado David Teleki considera que tutela es un mecanismo excepcional y no puede convertirse en una tercera instancia. Se apoya en la sentencia T135 de 2015 de la Corte Constitucional para asegurar que la acción de tutela “no es el mecanismo judicial para controvertir actos administrativos, entre ellos aquellos que impongan sanciones disciplinarias en desarrollo de la facultad sancionatoria de la administración”.

Según explica el jurista, contra las decisiones de la Procuraduría hay procedimientos ordinarios que deben agotarse. “Hay uno ordinario que es la nulidad ante el Consejo de Estado y, mientras exista ese proceso, no puede interponerse una tutela porque esto se hace cuando se han agotado todos los mecanismos, salvo que se demuestre que la tutela es de carácter transitorio, porque el perjuicio es irremediable. Este no parece ser el caso”.

Aunque este fallo, en principio, le devolvería la credencial de concejal al líder sindical, por ahora no puede regresar a su curul, ya que sigue en firme la sanción de la Procuraduría. Es por esto que Castro ahora centra sus esfuerzos en buscar que un juez suspenda la sanción disciplinaria. Como sabe que una demanda de nulidad contra esa sanción tardaría años, acudió a la tutela. Ya perdió en primera instancia, pero la decisión la revisan los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, que tienen en sus manos el futuro de este caso.

Es en este punto en el que Xinia Navarro expresa preocupación. “Mi temor es que en pasillos del Concejo y del escenario político se dice que Nelson Castro y Ovidio Claros, quien fue presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, son muy cercanos. Y que Claros aún tiene influencia en la Judicatura. De ahí mi miedo de que, a pesar de que la gran mayoría de decisiones me han dado la razón, hoy pierda la curul en esta instancia”, dijo.

Un detalle que se suma a este debate es que Claros posiblemente aspire al Senado por Cambio Radical y esto, en medio de la coyuntura política, le agrega suspicacia a este choque. Castro, por su parte, desde que comenzó el pleito ha insistido en que hay jurisprudencia que le da la razón sobre la legalidad de su elección y que lo va a demostrar.

En un momento coyuntural

La decisión del Consejo de Estado se conoce días después de que a Xinia Navarro la eligieron como una de las ponentes del proyecto de vigencias futuras para el metro de Bogotá. Ella es férrea opositora de la administración y no hay duda de que su ponencia será negativa. En una eventual salida de Navarro del Concejo, tanto sus copartidarios como sus detractores coinciden en que el Distrito no contaría con oposición en este caso.

“Si por alguna razón Xinia debe dejar su curul, no cambiaría mucho el panorama para la aprobación de la iniciativa”. La frase es de un concejal del Centro Democrático, quien asegura que los debates de fondo “siempre se van a dar”, sin importar que eventualmente no se cuente con la ponencia de Navarro. “Lo grave es que las otras ponencias también fueran negativas. Ahí sí cambiarían las cosas”.

Sin embargo, la pelea entre los miembros del Polo es algo que, por ahora, tiene sin cuidado al Distrito. “En la práctica, con o sin ponencia de ella, no contamos con su apoyo. Si por alguna razón ella debe salir, la ponencia no pasa a Nelson Castro ni se vuelve a sortear, pues el reglamento exige mínimo dos ponentes y ya se tienen”, explicó Miguel Uribe, secretario de Gobierno.

Lo que sí es cierto es que, independientemente de esta situación, lo que necesita el Distrito es que la discusión de las vigencias futuras se adelante sin contratiempos, para tener todo listo para firmar el convenio de cofinanciación con la Nación antes del 11 de noviembre, cuando empieza a regir la Ley de Garantías. Un retraso de este tipo le impediría cumplir la promesa de abrir la licitación para el metro antes de finalizar el año.

Ante esta incertidumbre y frente a los temores de la bancada del Polo sobre una presunta manipulación de las instancias judiciales, las directivas del movimiento le solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura que falle en derecho y sin presiones políticas.