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Se cumplen cinco años de la muerte de Sergio Urrego y detrás de su caso hay una serie de precedentes que no solo han dado pie para obligar a los colegios a modificar los manuales de convivencia y evitar la discriminación, sino que ha conminado al Estado a velar para que este tipo de dramas no se repitan.
Pese a los avances, aún queda mucho por trabajar. Salvo las cartillas de género, con las que el Ministerio de Educación quería orientar a los profesores y la cual generó polémica nacional, pocos han sido los colegios que han implementado cambios en sus manuales.
El 4 de agosto de 2014, el joven de 17 años se quitó la vida en el Centro Comercial Titán, en el noroccidente de la ciudad. Este hecho marcó el inicio de una serie de procesos judiciales, que revelaron la historia de discriminación que padeció Urrego en su colegio, la cual había comenzado meses atrás.
Todo se desencadenó a raíz de una fotografía en la que Sergio estaba besando a un compañero de salón. La imagen llegó a manos de un profesor, que escandalizado dio aviso a las directivas del colegio. A partir de ahí, el manejo que le dieron fue una seguidilla de atentados contra la libertad de sus alumnos.
No solo obligaron a Sergio a confirmar su orientación sexual frente a cuatro profesores, sino que a los dos les abrieron un proceso disciplinario, argumentando que el manual de convivencia calificaba el hecho como una falta grave, al ser “obsceno, grotesco y vulgar”. No contentos con esto, conminaron a los jóvenes a contarles a sus padres que eran gays. Los de Sergio fueron comprensivos; los de su compañero terminaron denunciando a Urrego por acoso sexual, siendo el detonante de su martirio.
Desde entonces a Sergio no lo dejaron volver al colegio. Primero le dijeron que debía estar su padre y luego, que debía ir a un psicólogo. Pese a que atendieron las condiciones, las directivas dijeron que él no cumplía los parámetros para seguir en la institución. La situación obligó a Alba Reyes, madre del joven, no solo a cambiarlo de institución, sino a hacer la denuncia ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca. No obstante, estaba lejos de ser una solución. Semanas después el joven se suicidó.
Lucha judicial
Un mes después de la muerte, Alba Reyes comenzó el proceso judicial para reivindicar los derechos de su hijo. El primer logro fue el 3 de agosto de 2015, cuando la Corte Constitucional dejó claro que Urrego sí fue discriminado y que las acciones del colegio fueron excusas para reprimir su sexualidad. El Alto Tribunal ordenó al colegio a realizar un acto público de desagravio y al Ministerio de Educación a revisar que los manuales de convivencia de los colegios respetaran la orientación sexual y la identidad de género.
En cuanto a los procesos particulares, han judicializado a la veedora del Gimnasio Castillo Campestre, Rosalía Ramírez, y a la psicóloga Ivonne Cheque. “Estos son de los pocos casos en este país que condenan la discriminación. Pero más importante, es el reconocimiento de acoso y discriminación por orientación sexual contra Sergio”, señala Juan Felipe Rivera, abogado de Colombia Diversa.
Recientemente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó un fallo sin precendentes, al determinar que, pese a la denuncia de Reyes, la Secretaría de Educación del departamento incumplió su deber de inspeccionar y vigilar al colegio donde estudiaba Sergio, pues no exigió los ajustes al manual de convivencia, ni activó la ruta de atención contra la discriminación. Por esta razón, consideró que hubo corresponsabilidad del Estado.
Para Alba Reyes el fallo es significativo, pues fuera de tocar el caso de su hijo, reitera que las secretarías de educación son las responsables frente a los manuales de convivencia. Sin embargo, reconoce que aún queda mucho por trabajar. “Es aplaudible que haya herramientas para evitar la discriminación, no solo de género; pero muchas veces las familias no saben que hay leyes para defender a sus hijos”.
Tanto Rivera como Reyes consideran que el problema principal en el cumplimiento de los fallos es que no hay información sobre los procesos de ajuste y revisión de los manuales de convivencia, por lo que el acoso y el matoneo persiste, en especial y de manera desproporcionada contra los jóvenes LGBT. “Hay muchos casos. Como el de una estudiante que no la dejaron integrar el comité educativo, por tener un tatuaje o los que discriminan por su cabello largo. Creemos que la discriminación no solo se da entre los niños, también viene de profesores y directivas”.
En cuanto al proceso que aún cursa contra la rectora del Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Azucena Castillo, se teme que se venzan los términos para su judicialización. Ya pasó con los cargos por discriminación y pese a que en días pasados se reanudaron las audiencias por ocultamiento de pruebas y falsa denuncia, temen que ocurra lo mismo.
Para evitar que casos como el de Sergio Urrego se repitan, desde hace cuatro años su madre trabaja con la fundación que lleva su nombre, a través de la cual busca prevenir la discriminación y el suicidio en los colegios, brindando acompañamiento a padres, maestros y jóvenes. Es claro que este caso ha servido para dictar reglas sobre derechos de jóvenes LGBT y, como señala Rivera, “representa muchas cosas. Un grito de libertad, un cambio social, una memoria colectiva, y un recordatorio de lo que no puede volver a ocurrir”.
Alba Reyes sabe que la lucha no ha terminado. Los casos de discriminación siguen siendo altos, en jóvenes entre 15 y 24 años. Por eso, sabe que no habrá una verdadera reparación por la muerte de su hijo, hasta que la discriminación sea erradicada por completo de los colegios.