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Siete años de litigio con pocos resultados

La lucha para cerrar prostíbulos en el centro

Habitantes de La Capuchina denuncian que los edificios de alojamiento temporal en realidad son casas de lenocinio que incumplen reglas de uso del suelo. Pese a los esfuerzos del Distrito, los sitios continúan funcionando.

Algunos establecimientos funcionan como apartahoteles. / Gustavo Torrijos - El Espectador

Los habitantes del barrio La Capuchina, ubicado en el centro de la ciudad, entre la avenida Jiménez y la calle 19 y entre la carrera 10ª y la avenida Caracas, se han declarado enemigos del trabajo sexual en el sector. La Corporación Cívica La Capuchina, que agrupa a varios líderes del barrio, emprendió hace quince años una lucha para que se cierren los establecimientos que funcionan como casas de lenocinio, pues los culpan de ser focos de la creciente percepción de inseguridad en el sector.

Según el colectivo ciudadano, hay lugares que se hacen pasar por hogares de paso o establecimientos comerciales, como restaurantes, pero realmente son lugares en donde se prestan servicios sexuales. En la otra orilla están las personas que trabajan en esos lugares, a quienes se estaría obligando a ejercer su ocupación de manera clandestina.

En julio de 2011, la corporación presentó la primera acción para buscar el cierre de los establecimientos. Fue una querella policiva interpuesta ante la Alcaldía Local de Santa Fe que no tuvo ningún efecto. Por eso, en 2013 decidieron elevar una acción popular, que fue fallada en 2014 en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En la decisión, el ente judicial le dio a la Alcaldía de Santa Fe cuatro meses para hacer respetar el uso del suelo en La Capuchina, dado que en el barrio sólo están permitidos los establecimientos de alojamiento temporal como hoteles y apartahoteles, no por horas, como moteles y residencias.

No obstante, el fallo no ha tenido ningún efecto. Esto llevó a la corporación a interponer una nueva tutela contra el general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá; el alcalde local de Santa Fe, Gustavo Niño, y la inspectora 3B de la Policía, Jaqueline Campos. “Hay una sentencia que nunca se cumplió, y por eso la tutela. Los prostíbulos están ahí hace mucho tiempo y, como no es zona de alto impacto, están perjudicando el comercio de ópticas y electrodomésticos. Es también una vergüenza para los usuarios de Transmilenio, que tienen que ver todos los espectáculos y el exhibicionismo. Además, esos prostíbulos son guaridas de delincuentes y personas dedicadas al microtráfico. El sector es impresionantemente peligroso”, denuncia Carlos Arbeláez, presidente de la Corporación Cívica La Capuchina.

El Distrito ha adelantado acciones, pero no ha logrado cerrar los establecimientos cuestionados. De acuerdo con el alcalde local, Gustavo Niño, “se han realizado operativos para sellarlos, pero lo que hacen es instalar un nuevo negocio. Además, de acuerdo con un fallo de la Corte Constitucional, la recuperación del espacio no puede dificultar la movilidad, por lo que no podemos sacar a las mujeres que se paran frente a estos establecimientos. Es como la guerra del gato y el ratón, pero lo único que podemos hacer es volver a sellar estos lugares”.

El 29 de agosto del año pasado, la Alcaldía Local de Santa Fe le envió una comunicación al propietario del predio ubicado en la avenida Caracas Nº 18-04, declarado de interés cultural y que posee varias nomenclaturas, anunciándole cierres y sanciones. El 29 de enero, la inspectora 3B distrital de la Policía notificó a la corporación que se iba a cerrar definitivamente el establecimiento El Madrugón, que en su fachada tiene aviso de un apartahotel. No obstante, los vecinos afirman que los sitios continúan operando como casas de trabajo sexual.

¿Vulneración de derechos?

Las trabajadoras sexuales rechazan la asociación que se hace de su oficio con los índices de inseguridad. Fidelia Suárez, líder del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, asegura que los cierres son válidos cuando en efecto se presenta venta o consumo de sustancias psicoactivas o hay presencia de menores de edad. “Cuando no se tiene conocimiento de cómo se ejerce el trabajo sexual, sacan excusas porque no saben cómo regularlo. Los ladrones de la zona no tienen nada que ver con el trabajo sexual. Los establecimientos se pueden cerrar, pero ya tendrán ubicados otros sectores donde los pueden reabrir. Esto sólo convierte el trabajo sexual en clandestino”, sostiene.

A pesar de que el sector está cerca de la zona de tolerancia, los habitantes del barrio insisten en que se debe evitar que este tipo de lugares ganen terreno. Para Niño, esto se lograría incentivando el crecimiento poblacional en la zona; para los denunciantes, la respuesta está en incrementar el pie de fuerza y ejercer una mayor vigilancia que garantice el cumplimiento de las acciones judiciales.