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La construcción de un complejo judicial en el sur de Bogotá, que estructuró la pasada administración para reforzar los espacios de judicialización en la ciudad, hoy tiene a la alcaldesa Claudia López negociando con los habitantes de al menos 25 conjuntos de apartamentos en Campo Verde (Bosa), que desde hace más de un año vienen protestando ante el temor del aumento de la inseguridad en la zona y la desvalorización de sus viviendas.
El proyecto contempla la construcción de una Casa de Justicia, un Centro de Traslado por Protección (antiguas UPJ) y un Comando de Atención Inmediata de la Policía (CAI). Pero lo que más preocupa a la comunidad es la instalación de una Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, con capacidad para 170 detenidos, y de un Centro de Atención Especializado (CAE), que funcionaría como El Redentor, para internar a menores en conflicto con la ley.
Pero el inconformismo va más allá. Para ellos es insólito que, a pesar de vivir en la zona hace casi siete años, parece que llegarán primero cárceles que otras obras o servicios fundamentales, como un Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS), rutas alimentadoras que los lleven al Portal de las Américas o las cinco vías que se supone atravesarían el barrio. Por ahora solo existe la avenida Santa Fe, con solo dos carriles, que colapsa ante cualquier accidente.
En su momento, la administración de Enrique Peñalosa indicó que el complejo judicial era necesario y que no se trataba de un proyecto improvisado. Hoy, Claudia López respalda la obra usando el argumento del alcalde local de Bosa, Javier Alfonso Alba: la falta de este tipo de infraestructura en la zona obliga a que los policías deban dedicar un día a trasladar capturados hasta Paloquemao o Puente Aranda, descuidando la vigilancia y la seguridad en la localidad.
Lo que se ha avanzado
Si bien la anterior administración no llegó a ningún acuerdo con la comunidad, sí alcanzó a dejar la licitación adjudicada. Del proceso se encargó Findeter, que el pasado 22 de octubre seleccionó al Consorcio Deidad (conformado por Luis Carlos Vargas Abonado, Construir XXI S.A.S. y Construcciones Kyoto S.A.S.) para edificar el proyecto, que debe estar listo en quince meses y en el que se invertirán $54.904 millones.
Con este panorama, el pasado 4 de enero la alcaldesa Claudia López llegó a la zona para dialogar con los habitantes. El 19 de enero tuvieron otro encuentro, esta vez con la presencia de los secretarios de Seguridad, Hugo Acero; de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y de Integración Social, Xinia Navarro.
En esa reunión se socializó el proyecto y luego vinieron las promesas. Gómez les dijo a los habitantes que al estar contratada la obra no había marcha atrás, pero que el Distrito les podría brindar otras garantías. “Lo que estamos planteando, como ejercicio colectivo, es el desarrollo integral de la zona. Les estamos asegurando que sus viviendas no se van a desvalorizar con la llegada de la URI o el CAE y que la mejor forma de hacer un entorno seguro es con intervenciones sociales. Por eso les propusimos tres jardines, un hogar para el adulto mayor, tres rutas del SITP en el punto y la gestión, a través del Fondo de Desarrollo Local, para la construcción de parques”.
Pese a la propuesta del Distrito, la comunidad sigue inconforme. Insisten en que allí no se debe construir el complejo judicial y piden priorizar la construcción de las vías. En cuanto a seguridad, si bien el proyecto contempla construir un CAI, para ellos lo que debe existir es una estación de Policía, que abarque un mayor rango de acción y que acabe con la incertidumbre que existe frente a qué cuadrante debe atender sus llamados de emergencia.
La comunidad no se ha quedado quieta. El pasado 16 de diciembre presentó una acción popular encaminada a pedir la protección de sus derechos e intereses colectivos relacionados con la seguridad, la tranquilidad y el ambiente sano, los cuales aseguran que se verían afectados con el nuevo complejo. La acción fue aceptada por el juzgado octavo administrativo de oralidad del Circuito de Bogotá, que estudia el caso.
Por ahora, mientras los vecinos siguen a la espera de una respuesta de la justicia administrativa, el Distrito plantea seguir los diálogos, para aplacar el inconformismo y convencer a los vecinos de la necesidad de esta obra para la ciudad. El próximo encuentro será la primera semana de febrero, en el que esperan conformar mesas con líderes de los conjuntos y delegados de la Alcaldía. Al respecto Hugo Acero, secretario de Seguridad, le ha dicho a la comunidad que el complejo no será solo la UPJ, sino un centro necesario para toda la localidad. “No será el único lugar donde se tendrá este tipo de espacios. Esperamos dejar uno Bosa y otro en Usaquén y, si alcanzamos, uno más en Santa Fe”.