La Procuraduría encuentra posibles anomalías en licitación para semáforos inteligentes

El Ministerio Público indicó, además, que envió una comunicación a la Secretaría de Movilidad en la que advertía sobre presuntas falencias en el proceso. Dice que aún no ha sido respondida.

La Procuraduría le planteó a la Secretaría de Movilidad ordenar la revocatoria de la apertura de la licitación para la adquisición de un Sistema de Semáforos Inteligentes (SSI), al considerar que hay “inconsistencias y anomalías”.

La delegada preventiva para la Función Pública, desde el 20 de septiembre, advirtió sobre posibles falencias en el proceso. Y aunque pidió la respuesta del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, a la fecha no ha recibido ninguna comunicación, dijo el Ministerio Público a través de un comunicado.

En su solicitud, la Procuraduría requirió el informe final de la consultoría especializada, la cual fue contratada por un valor de $5.499 millones para la elaboración de estudios y estructuración técnica, financiera y legal del proyecto.

Adicionalmente, pidió las copias de las hojas de vida de las personas que conformaron los estudios de estructuración técnica, financiera y legal del proyecto, así como de los asesores o evaluadores que participaron en la etapa precontractual.

También solicitó las modificaciones y el texto original del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación en el que se estableció que la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), suministraría el servicio de comunicaciones requerido por el Sistema de Semáforos Inteligentes, así como futuros sistemas inteligentes de transportes. A su turno Movilidad se ocuparía de desarrollar e implementar el sistema de semáforos inteligentes.

En la comunicación enviada al secretario de Movilidad -indica el Ministerio Público- se llama la atención sobre la calidad en la estructuración del proceso licitatorio, “que insiste en desatender las observaciones de tipo técnico en materia de seguridad vial, la falta de planeación, improvisación en el cálculo económico, probable favorecimiento de oferentes, y alto riesgo para la salvaguarda del patrimonio público invertido”.

“No es cierto que el objeto de este proceso sea complejo y atípico, o que no tendría asidero jurídico claro en un solo régimen de contratación. Para la delegada esta licitación está sujeta a la ley de contratación estatal”, dijo el organismo de control.

Agregó que entre las últimas presuntas anomalías identificadas está la publicación del 29 de septiembre en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) en anexos que introdujeron un replanteamiento general del componente técnico frente al proceso licitatorio inicialmente propuesto.

De esta forma, la Procuraduría le pidió al Distrito que la respuesta sea publicada en el Secop para que los ciudadanos puedan hacer seguimiento al proceso licitatorio.