La puja por la atención a los comerciantes informales

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La distensión del aislamiento obligatorio y la paulatina reactivación económica coinciden con un aumento del COVID-19 en Bogotá. Hasta el 11 de mayo, la capital contaba con 4.648 contagiados y hoy hay más de 15 mil. Independiente del procesamiento de pruebas (antes de la reactivación fueron 54.472 y hoy van más de 75 mil), el panorama tendría explicación: al existir más de 40 excepciones a la cuarentena, más gente transita por las calles.

Si bien la situación preocupa, hay una población que suscita especial interés: el comercio informal, que lo integran personas que viven del diario, y quienes por la demora de las ayudas vienen implorando que los dejen regresar a las calles, su lugar de trabajo. No obstante, como no hay cómo controlar el proceso, el temor es que sean protagonistas de un brote de COVID-19.

Los señalamientos, por los problemas con esta población, apuntan al Instituto para la Economía Social (IPES) que, si bien reconoce que hay cosas por mejorar, defiende su labor y dice que se han adelantado todas las acciones para proteger a los informales. Pero no es una tarea sencilla.

Ejemplo de lo difícil que resulta la reactivación de este sector es Carlos Arturo Parra, un comerciante informal de 54 años, quien ha pasado 34 vendiendo artesanías en el centro. Él lidera un grupo de 25 personas, entre artesanos y cachivacheros, y asegura que en el aislamiento nunca recibió ayudas, a pesar de que se registró en los portales dispuestos.

“Hemos salido de a poco, con tapabocas y tomando distancia. Intentamos vender para llevar algo de comer a casa, pero las ventas bajaron 90 % y no hay ayudas de las instituciones. De nuestro grupo solo dos personas recibieron mercados, y aunque llené encuestas del Distrito y el Gobierno, nunca llegó un auxilio”, contó Parra.

La preocupación por posibles fallos en la reactivación del comercio informal recae en corredores del centro, como las carreras 7ª y 10ª, donde con frecuencia denuncian aglomeraciones, sobre todo los fines de semana. Juan Camilo Castellanos, edil de La Candelaria, destacó que apoya la reactivación, pero alertó que sin control generará un problema mayor.

“Pensar que el aumento de contagios es culpa de ellos es irresponsable. Hay un círculo vicioso: no reciben ayudas, llegan los recibos, salen a la calle y se incrementa el contagio. Se quedaron cortos en las ayudas y ahora no pueden decir que el aumento de casos llevará a nuevos cierres”, agregó Castellanos.

En la localidad de Santa Fe también hay preocupación por la cantidad de gente en las calles. Hernando Franco, edil de la zona, resaltó el pacto entre el IPES y los comerciantes de San Victorino, pero cree que hay puntos más complejos, como la 7ª, “donde no hay organización y los controles son difíciles”. Para Franco, a los vendedores se les pide cumplir medidas de autocuidado, pero el control es imposible. “Hay un tema de corresponsabilidad, pues muchos salen a hacer compras no esenciales. También vemos que vendedores de otros sectores se están trasladando a la 7ª, por la afluencia de personas, y así es complejo”.

Ante esto surge una propuesta drástica. La del concejal Yefer Vega (Cambio Radical), quien básicamente propone liquidar el IPES. “La entidad no tiene cómo” hacer las ofertas que necesita la población. “Tiene fallas estructurales, como la falta de caracterización y cifras de los comerciantes. El IPES no las tiene claras y he propuesto que pase a ser un área estratégica de la Secretaría de Desarrollo y que sea una entidad más robusta”.

En proceso

El IPES reconoció que hay cosas por trabajar, pero resaltó el trabajo realizado desde enero, cuando inició la administración y pocos imaginaban las consecuencias de la pandemia. Según la entidad, desde entonces empezó un trabajo de actualización y generación de información que, sin embargo, “solo es factible mediante un riguroso trabajo en el espacio público”.

El IPES señaló que, antes de la emergencia, un equipo se dedicaba a esa labor en las calles, obteniendo resultados como posibles líneas de intervención institucional y la identificación de 39.620 vendedores informales, cifra que salió al cruzar datos de la Herramienta Misional (Hemi) y el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI). Sin embargo, con el confinamiento, que hizo imposible seguir la caracterización, se habilitó un registro virtual para quienes no estaban en el RIVI, con el que, a falta de unos filtros, se concluyó que hay 123.604 informales.

El director del IPES, Libardo Asprilla, manifestó que “mediante un canal virtual identificamos otras 83.984 personas que se autorreconocen como informales. Ahora estamos articulando las alcaldías locales, para que avance en la entrega de ayudas”.

Respecto a los auxilios, Asprilla aseguró que “ha sido un proceso complejo y sometido a toda prueba. Desde que se organizó la información hemos apoyado a 55.960 vendedores informales, mediante transferencias monetarias y mercados, entregados, con mucho trabajo y puerta a puerta, según la vulnerabilidad de cada beneficiado”.

Aunque aún hacen falta 67.144 comerciantes por ayudar (17.506 de la población ya caracterizada y 50.138 inscritos en los canales virtuales), el IPES destacó la caracterización por lugar de residencia y donde trabajan, lo que les permitió identificar las localidades con mayor número de vendedores. “Con base en eso tomamos decisiones como entregar 50 mil tapabocas en Corabastos, sobre la 7ª, en San Cristóbal y el 20 de Julio. Allí también adelantamos ejercicios de concientización para que apliquen las medidas sanitarias”.

Por ahora es clara la puja entre el Distrito, que resalta su labor en medio de las complicaciones del aislamiento, y quienes piden más rigor no solo en la entrega de ayudas, sino en el control de los protocolos destinados a desacelerar el ritmo de contagio. Se espera que con el proceso de caracterización las decisiones sean más acertadas para que ellos puedan trabajar, pero con seguridad.