La razón por la que la Alcaldía objetó la emergencia climática en Bogotá

Aspectos generales de Bogotá, en el primer día del simulacro de aislamiento preventivo, a causa del coronavirus.

Foto: Mauricio Alvarado

La alcaldía de Bogotá objetó el proyecto, aprobado por el Concejo, que declara la emergencia climática en la capital y que establece 10 mandatos, que comprometen a la administración central a aumentar los esfuerzos para proteger el agua, disminuir las altas concentraciones de dióxido de carbono y promover energías renovables.

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La objeción se hizo a solamente en una de las 50 estrategias de todo el proyecto. Se trata de la prohibición para comprar nuevos lotes de vehículos de transporte masivo que sean de combustibles fósiles, a partir del 2022. Uno de los compromisos claves del cuarto mandato, en el que se habla de la transición energética y la reducción de gases efecto invernadero, en el que el Distrito se compromete a reducir en un 50% las emisiones de gases efecto invernadero para 2030.

La alcaldía señala que “constituye un propósito deseable”, pero no se establece una transición o gradualidad como tampoco fuentes de financiamiento adicionales que permitan poner en marcha este objetivo, que de paso pondría en riesgo la sostenibilidad económica y financiera de los servicios de transporte público.

Asimismo, indica que la meta no tiene en cuenta los lineamientos jurídicos nacionales y locales, que plantean como compromiso para el 2030 la reducción en un 20% de las emisiones de gases efecto invernadero y que establecen para el 2030, que en la ciudad el 100% de los vehículos oficiales deben operar con motores eléctricos o tecnologías que generen cero emisiones directas de material particulado.

Por otro lado, el Distrito señala que se requiere de una infraestructura de recarga de buses, incentivos tributarios, reglamentación y estándares para la implementación de patios, además de capital humano capacitado, “una red de suministro de repuestos y la garantía de los recursos financieros, para adelantar esta renovación tecnológica y la flexibilidad operacional del sistema”, indica el documento.

Por último, resaltaron el impacto fiscal que ha dejado la pandemia por el COVID-19 en las finanzas de la ciudad, especialmente en Sistema Integrado de Transporte y la necesidad de que el Concejo apruebe las fuentes adicionales de financiación para cumplir dicha estrategia y que se contemplarían en alrededor de $4,2 billones para la adquisición de flota del componente zonal de la fase V, la renovación de flota del componente zonal de la fase III y las nuevas troncales en el occidente.

Al respecto la concejal Susana Muhamad (Colombia Humana), autora del proyecto, indicó que es contradictoria la objeción, con el compromiso de la alcaldesa de reducir a la mitad las emisiones de gases efecto invernadero. “Transmilenio dice que deberíamos acoplarnos a la meta del acuerdo del Gobierno Nacional de reducir el 20% a 2030. Pero parece que Transmilenio no se ha dado cuenta que el mismo presidente Duque dijo esta semana, que ante la grave emergencia climática el país se va a comprometer a una reducción del 50% como lo hizo la alcaldesa”.

De la misma forma, señaló que no se requerirían $4,2 billones para la renovación y compra de nuevas flotas. “La idea es entender que el bus eléctrico cuesta más en cuanto a la inversión, pero menos en su mantenimiento. Además puede operar en el sistema 15 años, mientras que el bus diesel solo puede operar 10 años. Cuando se ponen juntas estas condiciones se da cuenta que es mucho menor el costo de los buses eléctricos y esto debería redundar en bajar la tarifa a los usuarios o los costos para pagarle a los operadores”, dijo Muhamad.

Ahora, el Concejo deberá debatir las razones dadas por la alcaldía en plenaria para determinar si aprueba o rechaza lo objetado. En caso de rechazarlas, el Presidente del Consejo, Carlos Fernando Galán, será el encargado de sancionar el acuerdo.