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Hace una semana, la Procuraduría General de la Nación le pidió al Distrito un informe detallado sobre las acciones que tomó para evitar la emergencia ambiental y sanitaria, declarada el pasado cuatro de febrero, ante las dificultades que vivieron 12 localidades por las demoras en la recolección de los desechos. (LEA: Procuraduría le pide cuentas al Distrito por crisis de basuras)
En un documento de 19 páginas con fecha del 6 de febrero, el Distirto le explicó al Ministerio Público “las acciones planeadas y ejecutadas para mitigar, reducir y eliminar la problemática derivada de la prestación del servicio de aseo” en las 12 localidades que en condiciones normales requieren para su operación de 152 vehículos y equipos, 313 conductores y 1.686 operarios.
De manera específica, el Distrito no solo reiteró que el hecho se registró como consecuencia de los desmanes en contra de los vehículos de Aguas de Bogotá, sino que adujo dos estrategias concretas para enfrentar la emergencia. Primero, el plan de contratación, vacunación, capacitación y dotación del personal nuevo para la operación de vehículos y de apoyo a la prestación del servicio. Segundo, la verificación de los sectores atendidos y priorización de zonas por atender, a través de Centros Operativos de Emergencia y del Puesto de Mando Unificado, para monitorear la situación y generar planes para mitigar la emergencia. Lea: Alcaldía declara emergencia ambiental y sanitaria en Bogotá
En el recuento de los hechos explicó que, desde el 31 de enero, la Empresa de Acueducto de Bogotá se enteró de fuertes rumores que indicaban que trabajadores de Aguas de Bogotá “estaban organizando el bloqueo de la operación a cargo de esa empresa”.
Especificó que al menos 200 empleados de Aguas de Bogotá se tomaron las instalaciones del patio taller de la empresa, en la carrera 68 con calle 13, bloquearon el acceso y obstaculizaron la salida de camiones recolectores de basura. LEA: Recolección de basuras en Bogotá, a media marcha
El Distrito le aseguró al Ministerio Público que en ese momento emprendieron la implementación del plan de contingencia, que inició con “la toma de decisiones en aras de evitar la afectación del servicio”. En ese momento, llegó el gerente de Aguas de Bogotá, Juan Manuel García Borrero, quien buscaba “negociar con los manifestantes las condiciones para finalizar la protesta”. Horas más tarde, a las 10:00 p.m., llegó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), “en vista de la insistencia de los manifestantes en impedir la libre movilización de los camiones recolectores”.
El balance preliminar del Distrito hizo referencia a daños en 29 camiones recolectores, los cuales resultaron pinchados (68 llantas en total), con las mangueras de fluidos cortadas, y con ventanas y espejos rotos. (LEA: Lo que debe saber sobre el nuevo esquema de aseo en Bogotá)
“Los trabajadores mantuvieron la obstrucción y la toma del patio taller hasta el final de la tarde del primero de febrero, cuando con la colaboración de la fuerza pública pudieron salir 20 camiones recolectores, los cuales fueron apedreados y a los cuales les rompieron los vidrios panorámicos”.
Alquiler de vehículos recolectores
Una vez se declaró la emergencia ambiental y sanitaria, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) citó a quienes tenían ese momento la prestación del servicio de aseo (Ciudad Limpia, Lime, Aguas de Bogotá, Empresa de Acueducto) para que de manera conjunta mitigaran la crisis. (LEA: Procuraduría y Personería identifican 52 puntos que aún presentan problemas de basuras)
En ese sentido la Empresa de Acueducto de Bogotá y Aguas de Bogotá firmaron un contrato con empresas para que éstas realizaran la recolección y transporte de los residuos en las localidades afectadas y los transportaran hasta el relleno sanitario Doña Juana.
De hecho, el primero de febrero autorizó a Aguas de Bogotá para alquilar vehículos a terceros operadores para que apoyaran la prestación del servicio de aseo en las localidades que atendía en ese momento la Empresa de Acueducto, la cual consideró “una de las medidas más eficaces para atender esta situación extraordinaria”. LEA: Emergencia sanitaria, ¿se pudo evitar?
No reportaron afectaciones
De acuerdo con el informe, respecto al impacto ambiental, la lixiviación fue “mínima”, debido a que no se presentaron lluvias en las localidades más afectadas y, por lo tanto, no se condujeron a fuentes hídricas. Según explicó, tampoco se evidenciaron afectaciones a la Estructura Ecológica Principal ni quemas de residuos. (En imágenes: Así se vive la crisis sanitaria en Bogotá)
Frente al impacto en salud, indicó que se pusieron en marcha procesos de sensibilización en las viviendas e instituciones educativas aledañas a los puntos críticos en gestión integral de residuos sólidos, así como campañas de vacunación de la población en posible riesgo.
A partir de este informe, el Ministerio Público analizará si se hace necesario abrir o no una indagación preliminar para establecer responsables de la emergencia declarada desde el pasado primero de febrero.