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El pasado miércoles la bancada del movimiento Progresistas se reunió con el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, para entregarle un informe pormenorizado de las irregularidades que ha encontrado en cada una de las 20 localidades. Excesos en la contratación directa, concentración de negocios en contadas fundaciones y empresas, así como irregularidades administrativas, fueron las principales denuncias presentadas por los concejales.
Durante la semana que termina, la administración se vio sacudida por una pelea entre dos alfiles políticos que evidenció grietas en el corazón del movimiento del alcalde Gustavo Petro. Una facción, liderada por Guillermo Asprilla, exsecretario de Gobierno sancionado por la Procuraduría, y la otra, por el actual secretario, Guillermo Jaramillo. Al parecer, el nido de la discusión está en el manejo de las alcaldías locales y en el control de la burocracia en la misma cartera política.
A través de la red social Twitter, Asprilla señaló a Milton Rengifo, el subsecretario de asuntos locales de Jaramillo, de ser clientelista e intrigador, luego de que se conociera que el Gobierno estaría planeando un revolcón en las alcaldías locales. Por el otro, a través de este diario, quedó en evidencia que la administración de Jaramillo desmanteló el círculo de poder que Asprilla construyó durante su paso por esa cartera y que, en su reemplazo, llegó un pelotón de funcionarios del Tolima, departamento en el que Jaramillo ha desarrollado su carrera política y su caudal electoral.
La pelea fue azuzada por los concejales. Pedían que Jaramillo contara con alcaldes “que obedezcan a su jefe institucional y no a su jefe político” que, ellos interpretan, es Asprilla. También señalaban que el exsecretario estaba buscando conservar supuestas cuotas en las administraciones locales para así darle fuerza a la candidatura de Inti Asprilla, su hijo, a la Cámara de Representantes en 2014.
En ese panorama, la bancada de Gobierno ha sostenido que es necesario un revolcón en por lo menos la mitad de las administraciones locales. Sus argumentos quedaron consignados en esos informes, a los que este diario tuvo acceso. Casi ninguna de las alcaldías locales se salvó del escrutinio de los cabildantes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las informaciones sobre las administraciones señaladas, o son muy compartimentadas o son contrariadas por cada una de las alcaldías, donde reina la idea de que son los concejales quienes quieren convertir las alcaldías en fortines políticos con miras a las elecciones legislativas del próximo año.
Por ejemplo, uno de los informes en los que se sustentaría el revolcón en las localidades, dice que “la localidad de San Cristóbal tuvo una inversión total aproximada de $20.271 millones. Llama la atención que en dicha localidad el 55% (aprox.) de la inversión total haya sido bajo la figura de convenios de asociación, toda vez que dicha modalidad es directa, sin lugar a procesos licitatorios”. Además, señala que 15 de esos convenios se concentraron en tres fundaciones u organizaciones. Sin embargo, la información entregada por esa alcaldía local a este diario es muy distinta. En 2012 sólo el 8,6% de la contratación se dio a través de convenios de asociación con entidades particulares y, en 2013, sólo el 4,93%.
Otro de los documentos conocidos por este diario señala que en la localidad de Suba existen irregularidades denunciadas por la coordinadora administrativa, Celmira Barrera, quien dice sufrir acoso laboral y personal por parte de la alcaldesa local Marisol Perilla, pues a ésta, presuntamente, “no le gusta que se lleven a cabo los procedimientos como es debido”. Según el mismo informe, la coordinadora manifiesta que la alcaldesa le está quitando funciones, que la administración local se quedó sin equipo jurídico y que la alcaldesa les está entregando a contratistas obligaciones que son de funcionarios de planta. Incluso, en el mismo informe se insinúa que una red de contratistas estaría acosando a la coordinadora por el incumplimiento en uno pagos que, a juicio de ella, no se pudieron hacer porque los empresarios no cumplían los requisitos de ley.
Para la alcaldesa Marisol Perilla, quien fue destacada por el alcalde Gustavo Petro y por el presidente Juan Manuel Santos en el mes de mayo por sus logros en seguridad y disminución de la brecha social, esta es una avalancha de acusaciones de quienes no soportan “que desde hace dos años la forma de hacer política en la ciudad haya cambiado”. En el caso de los contratistas, Perilla dice que ha recibido denuncias de ellos, que le ha transmitido al alcalde Gustavo Petro y que advierten sobre una presunta negligencia de parte de Celmira Barrera. De la misma forma, dice que quien la acusa tenía a su cargo la supervisión de varios procesos contractuales y que, “por distintas quejas sobre maltrato y abuso de poder de ella hacia los contratistas”, tuvo que removerla de esa responsabilidad.
Las acusaciones contenidas en estos informes no son muy distintas en el caso de Kennedy, donde el alcalde Luis Fernando Escobar es señalado de favorecer a determinados contratistas. Una evidencia sería la concentración de la contratación con cinco corporaciones que, juntas, suman una docena de negocios por cerca de $6 mil millones.
La respuesta del alcalde Escobar es simple: “La contratación directa mediante convenios de asociación es tradicional en las localidades. Sobre todo, porque estas organizaciones están en las localidades y tienen un trabajo consolidado con la gente. Están dentro de los términos legales y no están para hacer favorecimientos políticos. Quien piense lo contrario tendrá que demostrarlo judicialmente”.
Esta semana el alcalde Petro tomará decisiones tomando en cuenta estos informes que, según supo este diario, están sustentados, exclusivamente, en investigaciones y ‘oídas’ de los concejales. Los mismos cabildantes que le pidieron a Jaramillo que hiciera cambios en las alcaldías, so pena de exponerse a un control político en el que todo esto se hiciera público y que dejaría mal parada a la unidad de la administración y su representación en el Concejo.
Una bancada que, según dicen los alcaldes consultados por este diario, tiene elementos que planean cambios en las localidades, pues no están exentos de querer apoderarse de las administraciones locales con fines electorales. Mientras tanto, en silencio, las bancadas opositoras aprovechan el manejo histórico que han tenido de ediles y alcaldes y ven, desde la barrera, la crisis de Progresistas.
La pelea de Asprilla con la concejal Rodríguez
Luego de que el martes 5 de noviembre se conociera la historia sobre las denuncias de corrupción en las alcaldías locales, que la bancada progresista del Concejo le enviaría al alcalde Gustavo Petro, el exsecretario de Gobierno Guillermo Asprilla y la cabildante oficialista Alejandra Rodríguez tuvieron un enfrentamiento en Twitter.
Asprilla aseguró que ni él, ni Petro, ni Antonio Navarro (quien fue el primer secretario de Gobierno de la administración) permitieron “interferencias políticas en el proceso meritocrático de designación de alcaldes”.
A su turno, Rodríguez le dijo: “No creo que hayan fines clientelistas, siento que las alcaldías locales están al garete con serias irregularidades” y agregó que no considera que las denuncias sobre presunta corrupción sean una forma de persecución contra él.
Finalmente, el exsecretario dijo que si el interés de denunciar hubiera sido “sincero”, los concejales habrían mostrado las pruebas al alcalde para que procediera de inmediato.
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@CamiloSeguraA