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El consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tiene que tomar en los próximos días una decisión sobre la solicitud que hizo el Distrito de sustraer una porción de la reserva Van der Hammen para construir vías. En medio de esta discusión se han revivido debates relacionados con la conveniencia de este tipo de intervenciones en la zona de protección.
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Una de las obras más controversiales es la construcción de la vía Suba-Cota. A diferencia de otras, que se pretenden hacer, este corredor se encuentra construido desde antes de que se declarara la reserva, pero debido al alto flujo de vehículos (alrededor de 11.000 por día), debe ser ampliada a doble carril.
Esta intervención no solo sería necesaria para mejorar la movilidad entre Bogotá y la sabana, sino la calidad de vida de quienes transitan por la zona: los estudiantes de los colegios que quedan sobre la vía y, en especial, los habitantes de la vereda Chorrillos, que desde hace años piden la intervención ante la alta accidentalidad y las pocas posibilidades que tiene para salir del lugar.
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“Los trancones están las 24 horas y desafortunadamente no tenemos otra forma para salir de allí. No es posible que de Chorrillos a Plaza Imperial, que queda a menos de ocho kilómetros, uno tarde más de una hora. El Distrito dice que no se puede hacer nada, por estar en la zona de reserva”, asegura Natalia Rodríguez Pinilla, líder de la vereda.
Por esta razón, tanto habitantes de la vereda como representantes de las instituciones educativas y deportivas del sector, se han unido para apoyar la solicitud del Distrito. Así se evidenció en la audiencia que hizo la CAR el pasado jueves, para escuchar la opinión de la comunidad sobre el futuro de la Van der Hammen.
En el encuentro, vecinos como Saúl Ramírez expresaron su inconformidad con la presencia de viveros de flores en la reserva, mientras que Peter Raute, rector del colegio Andino, relató que sus estudiantes tardan casi tres horas para llegar a la institución y criticó que el debate gire alrededor de una reserva legal y no ambiental.
A la par, quienes están en contra de la intervención de la zona de protección aseguran que las obras de adecuación no están frenadas por prohibiciones ambientales, sino por desinterés del Distrito. Según Rosalba Castiblanco, consejera territorial de Suba, la intervención del corredor se puede hacer sin necesidad de solicitar la sustracción.
Esto estaría sustentado en el Acuerdo 21 de 2014 de la CAR, en el que se adopta el Plan de Manejo Ambiental de la reserva. El artículo 16, el que se refiere a las actividades de bajo impacto, se especifica que se puede realizar “el mantenimiento de vías existentes, siempre y cuando no varíen el trazado ni las especificaciones técnicas”.
A pesar de esta explicación, para el Distrito, la intervención no es tan fácil. La vía es un corredor tipo V2, preexistente a la declaratoria de la reserva, es decir, que está contemplado con un ancho de 40 metros, con doble carril por sentido y ciclorruta. No obstante, en su primera fase solo se llegó a construir una carretera con un solo carril por sentido.
Si bien la Unidad de Planeamiento Rural (UPR) permitiría la ampliación, en una consulta hecha en 2011 por el IDU a la CAR, el ente dijo que era necesario “un instrumento ambiental para garantizar la protección de la ZMPA del río”. Esto llevó a que se prorrogara el plazo para iniciar la segunda fase de las obras. Ante la falta de acciones, en 2013 se reasignaron los recursos que se recogieron por valorización.
Con la expedición del Plan de Desarrollo de la actual administración se revivió la obra y se fijó como plazo máximo el 31 de diciembre de 2018. El IDU contrató una consultoría para que adelantara los estudios de factibilidad y la estructuración financiera, que permitieran hacer la ampliación a través de una APP. A pesar de esto, los resultados aún no se conocen.
Por ahora, de acuerdo con el Distrito, se espera que la CAR tome una decisión con respecto a la sustracción, pues se mantienen en que es necesario el aval ambiental para intervenir los 2,06 kilómetros de vía Suba-Cota, que tocan parte de la reserva. Si bien se hizo mantenimiento en 2017, las condiciones de la carretera son precarias, por lo que la principal necesidad para los habitantes de Chorrillos, según Natalia Rodríguez, es que les solucionen el problema de movilidad, pues no quieren seguir viviendo entre el barro del invierno y el polvo que se levanta en la zona en tiempos de sequía.