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En medio de las dificultades en el servicio vividas por Transmilenio en los últimos días, y pese al anuncio de medidas como la llegada de nuevos buses, ayer trascendió desde el Concejo una nueva crítica a la administración: la prórroga de los contratos de las fases I y II, firmada el 6 de mayo. El concejal Juan Carlos Flórez dijo que con esta decisión el Distrito perdió la oportunidad de hacer una nueva licitación que exigiera a los privados mejores condiciones en la calidad del sistema.
Reducir el número de pasajeros por cada metro cuadrado que se movilizan en los buses articulados, mejorar el servicio, cobrar una tarifa más baja y dar mayor participación al Distrito en la distribución de la tarifa son, según Flórez, los elementos claves que la administración perdió al prorrogar por tres años más los contratos de los operadores de las fases I y II.
No obstante, el gerente de Transmilenio, Fernando Sanclemente, tiene una explicación. En el momento en que asumió la gerencia, en octubre de 2012, estaba en curso una negociación de los contratos de las fases I y II. No haber accedido a retomarla (como incluso lo contempló Sanclemente en un principio) habría significado poner en riesgo la prestación del servicio a los ciudadanos, cuenta el gerente. Todo porque había 500 buses que saldrían de circulación en 2013, como lo estimaban los contratos con los privados, y no había un nuevo acuerdo para sustituirlos.
Así que la crisis que habría podido enfrentar la administración, como lo contó El Espectador hace un año, no era de poca monta. “No hubiéramos podido cerrar la licitación y la flota no hubiera estado lista para diciembre del año pasado”. Así que luego de continuar en una “negociación durísima” con los operadores, en la que el Distrito buscaba básicamente que redujeran su tarifa de funcionamiento, el acuerdo finalmente se concretó el 6 de mayo.
Para Flórez, este acuerdo significa que el Distrito prácticamente les entregará “$1,9 billones durante tres años a los privados” sin que éstos hayan asumido el costo de buses nuevos.
Sanclemente defiende que con la negociación se logró un “gana-gana”, tanto para los operadores como para el Distrito: “Logramos una reducción de la tarifa técnica del 13% en la fase I y del 9,65% en la fase II, y con esto la ciudad se ahorra $76.200 millones al año, además de que ahora estos contratos están vinculados a los del Sistema Integrado de Transporte Público”.
Aunque la ciudad se ahorra más de $76.000 millones, Flórez señala que este no es un costo significativo si se tiene en cuenta que tan sólo en el segundo semestre de 2013 los privados recibieron $319.000 millones de pago de parte de Transmilenio. En este mismo sentido también se ha pronunciado el excandidato a la Alcaldía Aurelio Suárez, quien señaló a Transmilenio como “una guaca urbana” y cuestionó que se les prorrogara la vida útil a los buses, es decir, que los operadores puedan usarlos hasta que completen 1’240.000 kilómetros recorridos y no un millón u 800.000 kilómetros, como estaba previsto.
Un punto con el que se defiende la administración es que cada bus que cumpla el millón de kilómetros recorridos tendrá que someterse a una revisión técnica (llamada overhall) que garantice el óptimo estado para continuar operando. Hasta el momento, 75 buses han pasado esta verificación y 300 están en lista.
Una voz técnica que conoce el funcionamiento de Transmilenio es la de Darío Hidalgo, exsubgerente del sistema, quien recalca que una licitación quizá habría sido una mejor una solución, “pero a veces esas soluciones en la práctica tienen mucha complejidad. La diferencia es que se ha mantenido el servicio a los usuarios. Se pueden hacer críticas fácilmente, pero también hay que conocer la gestión de un sistema de este tipo”, dice.
Sanclemente reconoce asimismo que la administración Petro “se durmió” al no haber alistado una buena licitación, por lo que no quedó más remedio que negociar con las propuestas que había en la mesa. Probablemente el afán de evitar un escándalo similar al de las basuras también fue determinante para que el Distrito accediera a prorrogar los contratos de Transmilenio. De hecho, en un principio la idea de Petro y el exsecretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, fue crear un ente público para las fases I y II, como en el servicio de aseo. En eso se enredó la administración hasta que no le quedó otra alternativa ante la posible crisis en el momento en que faltaran buses de Transmilenio.
vtellez@elespectador.com
@VeronicaTellez