Las mansiones que no han podido sacar de los cerros

Dentro del predio Monterodro se construyó una casa de muñecas junto a la casa principal. / CAR Cundinamarca

Demoler algunas de las mansiones que se han construido en los cerros orientales se ha convertido en todo un reto. No solo porque los dueños lo han dilatado por medio de acciones legales, sino porque nunca se ha realizado en la ciudad una intervención como esta. Actualmente hay 25 procesos sancionatorios, con orden de demolición, contra construcciones que crecieron en una zona de preservación, a algunas de las cuales se accede por una vía que abrieron sobre la calle 79, en Chapinero.

Entre ellas se encuentra El Bambú (el proyecto más grande en la zona), perteneciente a la comercializadora Kaysser CK S.A.S.; Monterodro, de la constructora es Team Sol SAS; El Pauche, de Cristóbal Pedraza Pineda; El Tuno, de Inversiones Nube Blanca S.A.S., y El Arrayán, de Inversiones Imaco. El problema no fue solo haber edificado en zona prohibida, sino que varias construcciones afectaron el cauce de la quebrada Rosales.

Por esto, amparados en el fallo del Consejo de Estado de 2013, que ordena proteger la reserva forestal bosque oriental, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) comenzó en 2015 los procesos para sancionar a los responsables. No obstante, solo hay una con contrato de demolición en firme.

Se trata de El Bambú, una construcción de 14.000 m², que tuvieron que dejar a medias tras ser descubiertos por las autoridades. Aunque desde 2016 la CAR ordenó su demolición, su cumplimiento se dilató por los recursos legales presentados por la comercializadora Kaysser CK. Solo hasta este año quedó en firme y el pasado 3 julio se adjudicó el contrato para derribar la mansión. La intervención costará $575 millones, que tendrán que cubrir los responsables del predio.

El resto, por ahora, están en veremos. Por ejemplo, a pesar de que hay una orden para demoler la mansión Monterodro y sus dueños se acogieron a un principio de oportunidad (sancionados por captación ilegal de agua, disposición de escombros, tala y construcciones), el proceso está congelado por un recurso de reposición.

Algo similar ocurre con el predio El Pauche (de Cristóbal Pedraza) o el predio El Tuno, donde incluso hicieron una cancha de tenis sintética y se desvió la quebrada Rosales para hacer una piscina natural. En este último caso, Alberto Guerra, representante de la Nube Blanca S.A.S., aceptó cargos ante un juez por urbanización ilegal, daño a los recursos naturales y fraude a resolución judicial. Pese a esto, las propiedades siguen en pie.

Incumplimientos

Andrés Plazas, presidente de la Asociación Amigos de la Montaña, relata que las denuncias por las obras ilegales comenzaron en diciembre de 2015, cuando habitantes de viviendas cercanas empezaron a escuchar motosierras. “Se le dio visibilidad al tema cuando tuvimos unas fotos desde la parte alta de la quebrada La Vieja, donde se veían las construcciones. Luego, sellaron los predios, pero siguieron construyendo”.

Las arbitrariedades continuaron con la instalación de un puesto de vigilancia para impedir el ingreso a la zona. Según Plazas, los constructores ingresaban el material por un predio aledaño, mientras que los trabajadores entraban escondidos en un jeep verde. Tal fue el caso, que de esta forma lograron terminar la mansión Monterodro, que alcanzó a ser amoblada.

Al parecer, en algunos casos, la situación no ha cambiado. Según Hernando Quintero, alcalde local de Chapinero, los dueños de estas edificaciones, que han hecho caso omiso a los sellamientos, deberían enfrentar procesos penales por fraude a resolución judicial y afectación ambiental, como ya ocurre con el predio Arrayán, en el que recientemente se encontró maquinaria trabajando, según sus propietarios, para reforzar un muro que fue construido en los años 80.

Ante las alertas de que supuestamente hay nuevas obras, Quintero agregó que recientemente no se ha construido nada y que “si los ciudadanos se inquietan por movimiento de maquinaria o material es porque la CAR autorizó intervenir una quebrada y el mejoramiento de un pequeño puente vehicular”.

¿Por qué no actúan?

Pero si todo ha sido tan evidente, ¿por qué siguen sin ser demolidas? María Mercedes Maldonado, de la veeduría ciudadana de los cerros orientales, tiene su versión: en parte se debe a que muchos funcionarios temen tomar decisiones sobre propiedades privadas, ya que un error podría terminar en contrademandas que pondrían en riesgo su patrimonio y el patrimonio público. “También hay ineficiencia de las autoridades competentes, porque hace rato existen las pruebas y no se ha hecho mucho”.

La crítica apunta hacia la Alcaldía local de Chapinero, que es la primera responsable de evitar que el problema se salga de control. El sustento, según Plazas, está en sus decisiones. A pesar de que las obras al parecer se hicieron en contravía de una restricción legal, el anterior alcalde local archivó el proceso y el actual ha dicho que algunas son construcciones preexistentes al fallo del Consejo de Estado, por lo que serían legales.

Ante estas circunstancias y otras en los cerros orientales, como los líos que hubo con los proyectos de vivienda Cerro Verde y Monte Rosales, que pretendían ocupar parte del cerro, o las construcciones El Descanso, Popayán y El Tambo, que están en el conjunto residencial Bosques de Karon, en días pasados la Procuraduría pidió al Tribunal de Cundinamarca ordenar a la CAR, de manera inmediata, la ejecución de las medidas preventivas, decretadas en noviembre de 2018, para suspender todas las construcciones en los cerros.

“No basta con decretar la medida preventiva (…) sino que estas se materialicen”, señaló el ente de control. La CAR, por su parte, asegura que ha hecho todo lo posible y por eso la primera demolición, la del Bambú, comenzará en agosto, mientras que la Fiscalía adelanta los procesos penales, que pueden terminar con la extinción de dominio de algunos de estos predios.

Solo queda esperar que comiencen las demoliciones, pues la promesa se ha hecho desde hace tres años, cuando se empezaron a conocer las denuncias y las acciones se han quedado cortas, pues las mansiones continúan invadiendo la zona de reserva ambiental.