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La rapidez con la que atienden las ambulancias una emergencia muchas veces es cuestión de azar. En el caso de Ramón Montaño, un hombre que presentaba una discapacidad y vivía en el sur de Bogotá, la atención fue tardía. A pesar de que su hermana llamó al 123 en busca de ayuda, la respuesta que le dieron una hora y media después fue que no había vehículos y que la mejor solución era que lo llevara en un taxi. El ruego de la mujer no valió, pues luego de una atención tardía su hermano murió.
En hechos más recientes, un incidente se presentó, en plena hora pico, sobre la carrera séptima con calle 63. Dos buses del SITP chocaron cerca de un paradero, lo que provocó gran congestión en la vía y una rápida atención de los vehículos de emergencia. Pese a que la mayoría de las 25 personas que se vieron involucradas en el incidente salieron ilesas, al lugar llegaron 15 ambulancias, que trasladaron a los heridos por politraumatismos a centros de atención privados.
Estos hechos demuestran el desorden en la organización de los servicios de ambulancia en la ciudad y lo selectivas que pueden ser las empresas, que en ocasiones se niegan a prestar sus servicios en determinadas zonas de la ciudad o que prefieren dar prioridad a los accidentes de tránsito, en los que fácilmente la atención puede darse en menos de 10 minutos.
Una de las razones es la guerra del SOAT, motivada por una especie de comisión extra que reciben los operarios de estos vehículos por parte de las aseguradoras y que se ha convertido en un problema en la ciudad, ya que las ambulancias compiten por atender los heridos en la vía. A esto se le suma el caos que se presenta en el traslado de los heridos, pues en determinados casos los llevan a centros asistenciales sin las condiciones necesarias o que tienen contrato con la EPS del usuario, lo que implica nuevos traslados, que pueden ser lucrativos para las empresas de ambulancias, pero mortales para los pacientes.
Estas condiciones, que no son únicas de Bogotá y que constantemente son denunciadas en otras ciudades como Medellín, Cali o Barranquilla, hicieron que el Ministerio de Salud expidiera un marco normativo (la resolución 926 de 2017) para regular y obligar a los entes territoriales a determinar las condiciones necesarias para evitar este tipo de irregularidades en la atención. Por esta razón en Bogotá se trabaja en la estructuración de un decreto con el que se busca, no solo centralizar la recepción de las casi 15.000 llamadas de emergencia diarias en el Centro Regulador de Urgencias (CRUE), sino dar pautas que permitirán mejorar la atención primaria y agilizar los traslados.
De acuerdo con el proyecto de decreto. publicado por la Secretaría de Salud, se estructurará un Sistema de Emergencias Médicas que involucrará a las secretarías de Salud, Seguridad, Movilidad y Ambiente. y a organismos de socorro como el Idiger, al Cruz Roja y la Defensa Civil, entre otros. Asimismo, se implementará un sistema para que exista constante comunicación entre las ambulancias y el CRUE, quienes coordinarán qué ambulancia atiende determinada emergencia; les darán la autorización para abordar un carril de TransMilenio y, dependiendo de la situación del paciente y el régimen de salud al que esté afiliado, indicará a qué lugar debe ser trasladado.
Ante estas condiciones, el gremio de las ambulancias se ha mostrado conforme con las nuevas reglas de juego en la operación, pero también expresan preocupación por algunas condiciones que para ellos no están tan claras. Por un lado, temen por la priorización que dé el CRUE a las ambulancias del Distrito, pues si bien siguen siendo mayoría las que pertenecen a EPS y empresas privadas (hay 581 autorizadas para operar en Bogotá), el Distrito cuenta con 147 y espera aumentar su oferta.
Por el otro lado, está la implementación del sistema de comunicación entre las ambulancias y el CRUE, a través de una aplicación (APP), pues el decreto les daría seis meses a los operadores y empresas para implementar esta tecnología, por lo que temen que ocurra algo similar a lo que está ocurriendo actualmente con el cambio de los taxímetros de los taxis por tabletas inteligentes en la capital, el cual sigue sin poder despegar.
Según Anabelle Arbeláez Vélez, subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento del Distrito, la comunicación se hará a partir de una aplicación disponible para cualquier celular. “Es como un Waze, en el que aparece la ubicación en la que estamos todos. Aunque habrá una multiplicidad de software, geolocalizadores y georreferenciadores, todas serán tecnologías compatibles, porque nuestra intención no es promover ni una marca, ni un valor, sino que simplemente podamos ver y comunicarnos con la ambulancias que estén en servicio”.
En cuanto a la regulación de la atención a través del CRUE, Arbeláez Vélez asegura que no habrá preferencias con la red de atención hospitalaria pública, pues primará qué ambulancia esté más cerca del lugar de los hechos y toda la atención que se solicite se facturará. “Con cada atención el CRUE generará un código que permitirá ver qué ambulancia está equipada y disponible”, señala la funcionaria.
Con esta información, explica, se podrá determinar, por ejemplo, quién debe atender una emergencia en un accidente de tránsito. Además, existirá la obligación de realizar el triage (protocolo que determina el nivel de la urgencia) en el mismo lugar de los hechos, para definir si el paciente amerita traslado y a qué lugar debe ser llevado.
Si todo sale como está previsto, el decreto será aprobado en enero, por lo que el Sistema de Emergencias Médica, que funcionará con recursos de regalías y el Sistema General de Participaciones, estaría en completo funcionamiento para finales del próximo año, regulando la atención de los vehículos de emergencia para que casos como el de Ramón Montaño no vuelvan a ocurrir.