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La magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es considerada la “madrina” del río Bogotá. Ella es la encargada de velar por el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, que ordena a la capital y a los municipios de la Sabana recuperar el afluente. No obstante, cada vez que toma una decisión levanta ampolla. La última fue el miércoles, cuando les envió un auto a los 45 concejales del Distrito, vinculándolos en un posible desacato, por haber tumbado el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que radicó el Distrito.
La justificación está en un aparte de la sentencia, que dio un año (a partir de la expedición del Plan de Manejo Ambiental del río, que fue en abril de 2019) para que los municipios de la región incluyeran en sus POT las variables ambientales de cambio climático y la gestión de riesgos asociados al río. Aunque el plazo está vigente, la magistrada cree pertinente estudiar desde ahora si la decisión del cabildo se puede calificar como un incumplimiento al fallo, teniendo en cuenta que parece casi imposible hacer las modificaciones a tiempo.
“Garantizando el debido proceso, entramos a estudiar este acto administrativo tan complejo y solicitamos al cabildo aclarar tanto las razones jurídicas como técnicas que tuvieron en cuenta para tomar la decisión y si es necesario que se continúe con el trámite de estudio. El tema no es el gobierno de turno, sino que la ciudad tenga un POT actualizado en cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado”, señaló Villamizar.
¿Extralimitación de funciones?
Por acciones como la vinculación de los concejales, en la que el término no se ha vencido, es que la magistrada ha sido señalada por una aparente extralimitación de funciones. Y más cuando en el último año ha emitido conceptos y decisiones que, con intención o no, en el fondo han respaldado proyectos ambientales impulsados por la administración de Enrique Peñalosa. Esto le ha valido no solo ser llamada la madrina del río, sino también la del alcalde de la ciudad.
La relación de la magistrada Villamizar con el río Bogotá comenzó en 2001, cuando asumió el caso y en primera instancia ordenó a entidades territoriales descontaminar el río. Años después, tras salir victoriosa de algunas investigaciones y de que el Consejo de Estado ratificara su fallo, quedó con la tarea de velar por el cumplimiento de la sentencia. Desde ese momento ha realizado un riguroso seguimiento de lo que se ha hecho por salvar el afluente y lo que no.
Sin embargo, para algunos, se le ha ido la mano. Una de sus decisiones más cuestionadas fue la que tomó frente a la solicitud que le hizo la Alcaldía a la CAR de recategorizar, realinderar y sustraer parte de la reserva Van der Hammen, para poder construir varias vías y sacar adelante un proyecto ambiental, que incluía suelo urbanizable. Por cuestiones de procedimiento, la Corporación no adelantó el trámite con la celeridad, lo que suscitó la intervención de la magistrada.
En octubre de 2018, Villamizar emitió un fallo que ordenaba a la autoridad ambiental “aprobar y acoger completamente” el plan. Aunque dos semanas después se tuvo que retractar, le dio un plazo de 120 días a la CAR para responder a la petición del Distrito. En principio, este dictamen fue calificado por los ambientalistas como una medida arbitraria, a lo que ella respondió que era “más ambientalista que cualquiera” y que no tenía relación alguna con Peñalosa ni con urbanizadores.
Aunque el plazo se cumplió, la magistrada autorizó una prórroga, ya que en el proceso la CAR le hizo requerimientos al Distrito y este, al final, modificó la solicitud. “Pero ya no habrá más tiempo. Deberán tomar una decisión antes de del 15 de noviembre. Si no, evaluaremos cómo proceder”, dijo.
Sus actuaciones también han tenido que ver con los cerros orientales y puntualmente con otro proyecto de la administración (también criticado) como el Sendero de las Mariposas, un corredor turístico que uniría a Usme con Lagos de Torca (en el norte de la ciudad) a través de los cerros orientales. Si bien, ella no se ha pronunciado oficialmente frente al tema, sí realizó una inspección judicial por la zona, con el argumento de querer establecer si el proyecto cumplía con las condiciones de la sentencia del río.
“Hay que tener claro que la sentencia del Consejo de Estado no solo comprende el río Bogotá sino todo el ecosistema que lo compone. Por ejemplo, ahora hay tres demandas que tienen que ver con quebradas de las cuencas media y baja que estamos siguiendo. El tema del sendero está en trámite. Lo que hice fue realizar una inspección judicial, para verificar si el proyecto cumple con la sentencia”, afirmó Villamizar.
En medio de este panorama, y a pesar de que la magistrada asegura que su trabajo está ceñido a su deber de hacer cumplir la ley, para sus contradictores no deja de ser curioso el hecho de que algunas de sus actuaciones estén en sintonía justo con proyectos de la actual administración, que han tenido oposición de los ambientalistas. No obstante, ella se mantiene en que su trabajo no es tragar entero y por eso estudia y toma decisiones argumentadas.
Falta ver cuáles serán sus próximas intervenciones. Al menos, la expectativa está en los tres casos que ya tiene en capilla: el proceso contra los concejales por el supuesto desacato, por hundir el POT; el concepto tras su inspección por el Sendero de las Mariposas y, finalmente, un caso trascendental como el futuro de la Reserva Van der Hammen, para lo cual ya le dio un ultimátum a la CAR. Seguramente, después del el 15 de noviembre, si no hay una decisión, Villamizar sí lo hará.