Letra muerta alrededor de La Picota

Para ampliar la cárcel, el Inpec y el Minjusticia se comprometieron en 2007 a mejorar el entorno, a través de un “plan de regularización y manejo”. Espacio público sigue invadido y la comunidad, quejándose.

El manejo del espacio público, una vía paralela a la Caracas, la cesión de dos parques y la recuperación de la quebrada Chiguaza fueron algunos de los compromisos incumplidos. / Cristian González

En 2005, cuando el Gobierno decidió tramitar los permisos para ampliar las instalaciones de la cárcel La Picota, tanto el Inpec como el Ministerio de Justicia se comprometieron con el Distrito a mejorar el entorno del penal, la movilidad del sector y a hacer labores ambientales como compensación a la comunidad. Los acuerdos quedaron en una resolución de abril de 2007, en la que se adoptó el “Plan de regularización y manejo”. Luego de ochos años, las autoridades carcelarias ya terminaron los trabajos, pero las promesas que le hicieron a la comunidad parecen letra muerta.

Así lo denunciaron los ediles Cristian González y Rigoberto Esquivel, de la localidad Rafael Uribe Uribe, quienes buscan que la nación cumpla. “Fue un pacto que, de cierta forma, beneficiaba a los habitantes de los barrios aledaños, que deben convivir con los riesgos que implica el penal para un sector residencial. Sin embargo, se limitaron a construir sus nuevas torres y todas las promesas se quedaron en el papel. A la fecha no han hecho nada y nadie responde”, dice González.

La Resolución 031 de abril de 2007, expedida por la Secretaría de Planeación y que sigue vigente por el incumplimiento, habla sobre la necesidad de un plan de regularización “para definir acciones y normas para mitigar los impactos urbanísticos negativos” de las obras que se hicieron en La Picota. Como parte del convenio, el Minjusticia y el Inpec debían encargarse del “mejoramiento, intervención y articulación del espacio público; la reubicación de edificios en zona de riesgo, y mejorar el acceso vehicular y peatonal”.

De igual forma, debían recuperar la quebrada Chiguaza; comprar predios para construir una alameda perimetral, para contrarrestar la invasión del espacio público; habilitar una vía paralela a la avenida Caracas para mejorar la movilidad de ingreso a la cárcel, y construir dos parques públicos, uno al norte y otro al sur de las instalaciones, para cederlos a la comunidad. En cuanto al espacio público, debían construir plazoletas, parques, andenes y dotación de espacio público. De haber cumplido, la cárcel tendría un entorno diferente. Para darse cuenta de la situación actual, basta con pasar por el sector un fin de semana, para ver que el panorama poco ha cambiado.

Según el edil Cristian González, lo único que cambió en estos años fue la ubicación de la puerta de acceso y la construcción de algunos parqueaderos. Pero las dificultades de movilidad que tienen que soportar los ciudadanos de a pie siguen siendo las mismas. “A pesar de que la Secretaría de Planeación y la Alcaldía Local deberían exigir el cumplimiento, hasta donde sabemos, no es mucho lo que han hecho. Ahora hay otro riesgo y es el posible aumento de la población en estos centros penitenciarios. Entonces, ¿qué va a hacer la nación para cumplirle a la gente”, agregó.

Al tratar de hallar respuestas y responsables por los incumplimientos, las entidades consultadas remiten a otras como las encargadas de hacer cumplir el “Plan de regularización”. La Secretaría de Planeación, en respuesta a un derecho de petición, dijo que si bien regula la norma urbanística, el plan de La Picota fue solicitado por el Inpec y es a esta institución a la que se le debe consultar por el cumplimiento de los compromisos. Agregó que durante el desarrollo de las obras son las alcaldías locales las responsables de hacer cumplir en su territorio las normas.

El Ministerio de Justicia fue otro que descargó la responsabilidad en otras entidades, al responder que esta entidad se encargaba de diseñar, hacer seguimiento y evaluar la política criminal. Sin embargo, dijo que había remitido la consulta a la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, adscrita al Inpec. Además, que habían consultado con el director de La Picota, quien respondió que Diana Mabel Montoya, alcaldesa de la localidad de Rafael Uribe Uribe, citó a una mesa de trabajo para hacer seguimiento al cumplimiento del plan, en la que se acordó una visita de inspección a las zonas de cesión.

La visita se cumplió a finales del año pasado y estuvo a cargo del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, para verificar el cumplimiento del “Plan de regularización”, en el que concluyen que el Inpec no ha entregado las zonas de cesión obligatoria al Distrito. Es decir, no ha cumplido con lo pactado.

Total, han pasado ocho años desde que se firmó la resolución y el Ministerio de Justicia y el Inpec aún no le cumplen a la comunidad que vive alrededor de la cárcel. Lo grave es que, pese a la cantidad de entidades involucradas en el asunto, tal parece que nadie hace cumplir los acuerdos, ni existen compromisos serios que permitan vislumbrar una salida que satisfaga a la localidad Rafael Uribe Uribe.

 

[email protected]