La ley de víctimas no tiene financiación suficiente: Contraloría

Solo el 2.1 % de los subsidios entregados han sido para desplazados.

Desplazados son el grupo mayoritario de los afectados por la violencia. Archivo.

Ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta más allá de 2021 argumentando que no hay financiación suficiente para poner en marcha programas de restitución de vivienda e indemnizaciones en efectivo, propone la Contraloría General.

Durante el Gobierno Santos se han entregado indemnizaciones por 2,6 billones de pesos. Sin embargo, según cifras de la Contraloría, solo el 2,1% de los desplazados ha sido beneficiados por esta restitución. Los demás recursos han sido entregados a personas que sufrieron otras clases de hechos victimizantes.

“Se evidencian situaciones como la casi duplicación del número de víctimas registradas, que cambian sustancialmente el plan financiero y de sostenibilidad de la ley inicialmente fijado”, advierte la Contraloría en un comunicado de prensa.

Uno de los componentes de la ley con mayor frustración es el de vivienda. En este caso se pasó de un presupusto de 454,5 mil millones de pesos en 2011 a 580 mil millones en 2014. Con esos recursos se han realizado proyectos de vivienda que hasta la fecha no han sido terminados, y muchos de ellos han se han dañado, como lo reveló el último informe del ente de control.

De una meta contemplada de entrega de viviendas urbanas de 23.860 viviendas sólo se ha entregado certificado de habitabilidad a 14.350 familias víctimas es decir, el 60% de la meta. Estos resultados no son satisfactorios si se tiene en cuenta que 658.192 grupos familiares, el 47,4% de las víctimas totales, declaró en la Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la Contraloría haber perdido su vivienda.

Al hablar de indemnización en efectivo, hubo un crecimiento de recursos entre 2011 y 2012, pero entre 2013 y 2014 se registró una disminución  de 300 mil millones de pesos, dejando un monto de recursos de 652 mil millones de pesos en 2013 y 621 mil millones de pesos en 2014.

“La Ley de Víctimas y los Decretos ley se enfrentan el reto de buscar alternativas para redefinir esos ritmos administrativos acorde al espíritu transicional que les embarga”, concluyó la contraloría. 

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