Liliana Pardo, a juicio fiscal por posible detrimento en estudios de la fase III de TM

Junto a la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano durante la administración Samuel Moreno, también se imputó responsabilidad fiscal, por $734 millones, a su sucesor Néstor Eugenio Ramírez, por no descontar en un acta de liquidación estudios y diseños declarados como inviables.

Liliana Pardo cumple una condena de 22 años de cárcel por los delitos de peculado, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.Archivo El Espectador

Ocho años después de haberse destapado el escándalo conocido como el 'Carrusel de la contratación' en Bogotá, los entes de control siguen buscando que sus protagonistas le respondan a la ciudad. En esta oportunidad es el turno de la Contraloría General, que pretende llevar a juicio fiscal a Liliana Pardo, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y a la entonces directora técnica de construcciones de la entidad, Carmen Lopera, por su presunta responsabilidad en un detrimento a la ciudad tasado en $3.931 millones, en relación con la ejecución del proyecto de la fase III de Transmilenio durante la administración de Samuel Moreno. 

>>>Lea: Carrusel de la contratación: condenan a 22 años de cárcel a Liliana Pardo

De acuerdo con el ente de control, estas funcionarias fueron las responsables de celebrarar unos contratos y pagar nuevos estudios y diseños, después de que los iniciales fueran declarados inviables por presuntos riesgos de inestabilidad para las obras correspondientes al puente vehicular de la carrera 13 por calle 26, de la carrera 10 por calle 26,  de la carrera Séptima por calle 26, y el intercambiador de la carrera tercera por calle 26.

Es por esto que también se imputó responsabilidad fiscal, por más de $734 millones, al sucesor de Pardo, Néstor Eugenio Ramírez, por no descontar en el acta de liquidación del contrato de consultoría dichos estudios y diseños declarados inviables.

Otro motivo que presentó la Contraloría para la imputación contra Pardo y su directora de construcciones, es que los estudios y diseños iniciales de la calle 26 contaban con la aprobación y viabilidad técnica para su construcción, pero fueron objeto de actualizaciones y rediseños, como consecuencia de deficiencias en la planeación del proyecto.

>>>Lea: La reparación que pide Bogotá por el carrusel de la contratación

Entre estas irregularidades están la falta de adquisición predios, la decisión de incluir buses biarticulados y la atemporalidad de las obras de drenaje de otro contratista de la fase III en el tramo de la calle 26, que llevó a rediseñar los productos correspondientes a la oreja suroccidental del puente vehicular Avenida Ciudad de Cali con Avenida El Dorado y el puente estación Modelia, así como actualizar los diseños del patio garaje. 

Los exfuncionarios cuentan con un término de 10 días para presentar los descargos contra las imputaciones formuladas y podrán aportar o solicitar la práctica de pruebas. Vencido el término de traslado y practicadas las pruebas pertinentes, el funcionario de conocimiento proferirá fallo con responsabilidad fiscal o sin ella, según fuera el caso. 

Cabe recordar que Pardo Gaona se encuentra cumpliendo una condena de 22 años de prisión por su responsabilidad en estas irregularidades que rodearon el llamado carrusel de la contratación. Además, habría participado en la modificación del pliego de condiciones para que solamente el grupo de contratistas que habrían pagado la suma de dinero exigida resultaran beneficiados con los multimillonarios contratos viales.

Pardo Gaona supuestamente entregó y ejecutó información reservada y privilegiada de los contratos, antes de los procesos de adjudicación; por ejemplo, a los Nule, y a los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, a fin de que resultaran favorecidos con la contratación.

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-Redacción Bogotá - [email protected]

Bogotá

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