De poco valió que exdirectivos del Fondo de Vigilancia denunciaran ante los organismos de control las posibles irregularidades alrededor del convenio para modernizar la línea 123, que firmó esa entidad con la ETB en octubre del año pasado. Tampoco las alertas de la interventoría, que puso en evidencia incumplimientos y posibles sobrecostos de la Empresa de Teléfonos. Al final, sin superar el manto de duda, la administración distrital dio luz verde al cuestionado proceso, que se adjudicará contra reloj.
La ETB fijó un plazo de 21 días para recibir las propuestas, evaluarlas, negociar con los oferentes habilitados, seleccionar el contratista y dejar firmados los documentos para legalizar un negocio que le podría costar a la ciudad al menos $280.000 millones. La meta es dejar el contrato antes de que termine la administración de Gustavo Petro, pues saben que poco podrá hacer el próximo gobierno para enmendar cualquier irregularidad.
El proceso se adelantó con tal urgencia y reserva, que ni siquiera permitieron que la Procuraduría conociera los detalles. Esto provocó que el ente de control retirara el pasado jueves su acompañamiento preventivo en el proceso de selección del contratista, ya que la ETB no le presentó, entre otros documentos, el cronograma ni los términos de referencia. “Para la Procuraduría, sin esta documentación sería difícil formular advertencias o sugerencias, en aplicación del principio de planeación y en aras de proteger el ordenamiento jurídico y el patrimonio público”.
Antecedentes
Antes de entrar en materia, algunos antecedentes. El Fondo de Vigilancia firmó en octubre del año pasado un convenio con la ETB para que fuera la encargada de modernizar la línea de emergencia, para tener la más moderna de Latinoamérica. Sin embargo, como la empresa de telefonía no tenía la experiencia en este tipo de montajes, se sabía desde el principio que debía contratar a un proveedor externo. El convenio se firmó sin tener claros los costos, la forma de pago y algunos aspectos técnicos del llamado salto tecnológico.
Durante el primer semestre, el interventor del convenio enteró al Distrito sobre los retrasos en el cronograma, la falta de claridad en los cobros que hacía la ETB, incluso, por servicios que no estaba prestando. A finales de mayo llegó Fernando Arbeláez a la gerencia del Fondo de Vigilancia. Era un hombre de confianza de Petro, al punto de haber sido su delegado en juntas directivas como la de la ETB.
Arbeláez y su equipo, al revisar el convenio para la modernización de la 123, encontró irregularidades que trató de subsanar llamando al orden a la ETB. Sin embargo, el choque fue tan fuerte, que el director del Fondo terminó denunciando públicamente presiones del alcalde para avanzar sin hacer muchas preguntas y de la ETB (incluso con un supuesto soborno) para modificar el convenio. A todo esto se sumó un informe interno de la Secretaría General del Distrito, que ratificó las irregularidades e, incluso, pedía poner el proceso en manos de los entes de control.
Tras el escándalo, el Distrito defendió la legalidad del proceso, dijo que todo estaba ajustado a la ley y que el alcalde lo único que había hecho era evitar que se direccionara el contrato. Además, que las había impulsado una empresa interesada en quedarse con el contrato para la modernización. Todo esto llevó a la salida de los directivos que denunciaron las posibles irregularidades. Con el cambio, la nueva gerencia se dedicó a hacer los ajustes necesarios (incluso sacando al interventor del contrato) para cumplir las peticiones de la ETB y destrabar el camino para adjudicar el contrato.
Detalles
En todo este proceso pasaron seis meses y como la idea es dejar el contrato antes de que termine la actual administración, de ahí la urgencia de la ETB para contratar al proveedor en 20 días. El plazo empezó a correr el pasado 27 de noviembre, cuando la empresa de teléfonos hizo la invitación privada a cuatro empresas (ver invitación privada), entre las que se elegirá el contratista el próximo viernes. Una vez se surtan estas etapas, solo restarán procesos administrativos.
Al revisar en detalle los plazos que estableció la ETB (consignados en los términos de referencia) se encuentra, por ejemplo, que luego de la invitación privada, las compañías tuvieron apenas dos días (hasta el lunes 30 de noviembre) para pedir aclaraciones y hasta el 7 de diciembre a las 4:00 de la tarde para preparar y presentar formalmente sus propuestas. Esto llevó, según fuentes de la ETB, a que solo se presentaran dos empresas. Las otras se marginaron por no contar con tiempo suficiente para participar.
Desde esa fecha las propuestas están en evaluación y se supone que el lunes se debe conocer si están habilitadas o no. De ser así, entre martes y miércoles de la próxima semana entrarían en un proceso de negociación con la ETB y el lunes (21 de diciembre) se sabrá el nombre del contratista.
Esta carrera dio pie incluso para torpezas. En los términos de referencia, por ejemplo, no coinciden los plazos del cronograma con los descritos en los apartes del documento donde explican cómo se desarrollará cada paso de la selección. Mientras el primero se fijó con días calendario, en los apartes se habla de días hábiles, que de haberse cumplido, la adjudicación se hubiera extendido hasta comienzos del próximo año. A pesar de haberse descubierto la irregularidad, la ETB hizo ajustes sin variar sus 21 días de plazo.
No obstante ser un proceso complejo (como se evidenció durante el escándalo) y técnico, debido a las características de la plataforma que desean instalar, para algunas fuentes de la propia ETB es sospechoso e irresponsable el afán con el que se quiere elegir al nuevo contratista. Sin embargo, en respuesta a un posible oferente, que pidió más tiempo para presentar su propuesta, la ETB señaló: “No se acepta la solicitud, toda vez que los tiempos obedecen a la urgencia de la necesidad de contratar”.