Según cálculo de la Personería de Bogotá, la falta de integración entre la tecnología de Angelcom y la de Recaudo Bogotá, los dos contratistas encargados de esta operación, obliga a los usuarios a pagar $52 mil mensuales de más.
Eso concluye un estudio realizado por la administración distrital, revelado ayer por la Personería de Bogotá. Basado en ese informe, el personero Ricardo Cañón presentará una acción de grupo contra Transmilenio S.A. y las dos empresas recaudadoras, “para que devuelvan los dineros cobrados adicionalmente a los pasajeros, derivados de los transbordos de buses articulados a rutas urbanas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) o viceversa ”, según informó el ente de control.
Las cifras de la administración ilustran los costos reales de la pelea entre los recaudadores: “A junio de 2013, de 1’768.758 viajes diarios en Transmilenio y rutas urbanas, 160 mil pasajeros realizaron transbordos que implican un valor adicional de pago para el sistema de más de $162 millones al día, es decir, $4.885 millones al mes o $58.620 millones al año, que salen del bolsillo de los usuarios por la mala planeación de quienes manejan el Sistema”, asegura la Personería.
Además, ese servicio en la ciudad recaudó, en 15 meses, $73.275 millones extras.
Luego de expedir una resolución que daba vía libre a Recaudo Bogotá para implementar su tecnología en todo el sistema, Transmilenio comenzó a instalar torniquetes en las estaciones de las fases I y II compatibles con la tarjeta de esta empresas. Sin embargo, Angelcom no ha entregado la información tecnológica que permita una completa integración.
La falta de un medio único de pago se agrava día tras día, toda vez que en la medida en que aumentan los pasajeros movilizados, más las personas sufren las consecuencias, al tener que portar dos tarjetas sin beneficiarse de descuentos por los transbordos. Por el contrario, si hubiera integración en el sistema se beneficiarían, según las proyecciones, más de 500 mil usuarios al día que realizarían transbordos.
Por lo anterior, dice la demanda, se somete a la colectividad a una carga irrazonable e ilógica, que se traduce en un detrimento patrimonial por no favorecerse de los beneficios que contempla el SITP con la tarifa integrada, establecida en un decreto distrital de 2012.