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Comprendería 18.000 hectáreas en zona de páramo

Lo que frena la Reserva Campesina de Sumapaz

A pesar de que es uno de los procesos más avanzados en el país, dependen de la voluntad política en la Agencia Nacional de Tierras y de las decisiones sobre el uso del suelo, que debe determinar la CAR.

La Zona de Reserva Campesina de Sumapaz tendría 23.000 hectáreas, dentro de las que se hallan 16 veredas de la localidad. / Archivo El Espectador

Desde hace 20 años los campesinos de Sumapaz buscan que las 23.000 hectáreas del páramo sean consideradas Zona de Reserva Campesina (ZRC) con el fin, según ellos, de promover alternativas de agricultura sostenible, fortalecer su economía, proteger el territorio y superar la historia del conflicto armado en la región. Sin embargo, la supuesta falta de voluntad política y algunas decisiones ambientales, hoy tienen en vilo este proceso.

La iniciativa surgió en 1998, cuando el Sindicato de Trabajadores de Sumapaz (Sintrapaz) y la Asociación de Juntas de Acción Comunal empezaron a trabajar en el proyecto. Luego de 14 años batallando por ser escuchados, en 2012 finalmente el Incoder (entidad liquidada) comenzó a tramitar la solicitud. Desde entonces los promotores han sorteado una serie de dificultades que han impedido su aprobación y los han obligado a redefinir el plan de desarrollo de la ZRC.

Aunque el proyecto es uno de los más avanzados de las seis solicitudes que cursan actualmente en el país, se enfrenta a dos cuellos de botella: por un lado, según los promotores, la falta de gestión de la Agencia Nacional de Tierras para declarar el territorio como zona de reserva. Por el otro, la incertidumbre que ha generado la delimitación que hizo la CAR del Páramo de Sumapaz-Cruz Verde, en la que incluyó el 78 % del territorio de la ZRC, obligándolos a esperar que la autoridad ambiental defina el uso de este suelo, antes de la implementación.

La historia

Legalmente, las Zonas de Reserva Campesina fueron constituidas en 1994, pero solo dos años después se empezaron a conformar. La idea era que los territorios baldíos fueran distribuidos de forma equitativa entre los campesinos más vulnerables, con el fin de que desarrollaran proyectos económicos; conservaran las zonas intervenidas y superaran los hechos que generaron el conflicto armado.

Es así como en los últimos 22 años se han establecido siete zonas, entre las que están la Perla Amazónica, en Puerto Asís (Putumayo); Morales-Arenal, en el sur de Bolívar; Cabrera, en Cundinamarca; Guaviare, en San José del Guaviare; el Pato Balsillas, en San Vicente del Caguán (Caquetá); el Valle del Río Cimitarra, que cubre los municipios de Yondó, en Antioquia, y Cantagallo y San Pablo, en Bolívar, y Montes de María II, en Bolívar.

Sumapaz, por su parte, es una de las que está a la espera de que le aprueben su plan, que abarcaría 16 veredas de los corregimientos de San Juan y Nazareth, en los que habitan alrededor de 2.000 personas. Aunque en los últimos seis años ha cumplido los trámites, la discusión se ha demorado por situaciones como la liquidación del Incoder (donde radicaron inicialmente la propuesta), lo que generó el cambio de entidad encargada de resolver la petición. Ahora el futuro de las ZRC está en manos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Fue con esta nueva entidad y el Ministerio de Ambiente que desde 2016 comenzaron a detallar y socializar el plan de desarrollo con la comunidad. El proceso obtuvo un espaldarazo al ser incluido en el primer punto del acuerdo de paz con las Farc. No obstante, ahora la traba se encuentra en el consejo directivo de la ANT, que no ha llegado a una decisión definitiva.

A pesar de que los campesinos dicen cumplir con todos los requisitos, sienten que la no aprobación es más un tema político que jurídico, como lo afirma Hernando Bejarano, uno de los líderes de Sintrapaz. A esto se suma un temor: la posición del nuevo Gobierno, pues mientras el presidente Iván Duque no incluyó las ZRC en su programa de Gobierno, miembros de su partido han dicho que estos territorios dificultan el desarrollo del campo y son “emporios del terrorismo”.

La delimitación del páramo

Más allá de lo político, también se enfrentan a un dilema generado por una decisión ambiental. La Corte Constitucional ordenó al Gobierno nacional trazar las fronteras de los páramos en el país, con el fin de evitar el desarrollo de actividades económicas como la minería, que afectan estos ecosistemas. Por esta razón, el año pasado la CAR delimitó el páramo de Sumapaz, que cuenta con 315.065 hectáreas, convirtiéndolo en el más grande del mundo.

Bajo esta delimitación quedaron cobijadas 18.000 de las 23.000 hectáreas que harían parte de la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz. Esto generó dudas en el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, que cuestionó la validez del plan de desarrollo que propusieron los campesinos antes de la decisión de la CAR. La duda radica en que al quedar en la zona de páramo, posiblemente no podrían realizar algunas de las actividades económicas incluidas en la propuesta.

Ahora deben esperar a que la CAR haga la zonificación del territorio y determine el uso del suelo del páramo, algo que podría tardar hasta tres años. Sin esto, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), que hace parte del consejo directivo de la ANT, no se podría seguir adelanta con la discusión de la iniciativa, pues de esta depende si se debe replantear de nuevo el alcance de la propuesta.

Esta situación deja en manos de la CAR el futuro del proyecto. Así lo reconoce César Clavijo, director del equipo de monitoreo, modelamiento y laboratorio ambiental de la entidad, quien de paso resalta que a pesar del largo trámite, la CAR solo entró en la discusión de la ZRC al final. “Una vez la Agencia Nacional de Tierras se da cuenta que cualquier decisión sobre el territorio donde quedaría la reserva debe ser aprobada por la CAR es cuando nos dan a conocer el plan de desarrollo y nos piden un concepto técnico sobre su creación. Sin embargo, en la revisión encontramos varios aspectos en los que pedimos mayor detalle y aclaración: una cartografía más reciente y actualizar otros documentos de referencia, que fueron hechos entre 2006 y 2011”.

Los líderes del proyecto aseguran que ya atendieron las recomendaciones de la autoridad ambiental e hicieron un nuevo documento detallado, pero Clavijo manifiesta que este no ha sido entregado oficialmente a la CAR.

“Somos conscientes de las limitaciones ambientales, pero también hay que decir que no hay ninguna restricción que impida la construcción de las ZRC en los páramos. Hay unas condiciones agropecuarias y la minería a gran escala, pero creo que al final del gobierno Santos logramos llegar a un consenso, en el que vamos a respetar las limitaciones que se hagan sobre el suelo”, dice Bejarano, quien agrega que los cambios se pueden realizar después de aprobado el proyecto, pues una modificación ahora solo alargaría la espera.

A pesar de que el panorama no parece tan claro y se mantienen algunos peros, los líderes del proyecto son optimistas, al considerar que la iniciativa tiene todo para prosperar. Lo único que esperan es que el nuevo Gobierno no trunque un esfuerzo en el que llevan 20 años y que exista un mayor compromiso del Distrito, pues a pesar de haber estado en el proceso, creen que podrían involucrarse aún más. Por ahora aguardan el nombramiento del nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras, con quien tendrán que seguir la discusión para conocer en definitiva cuál será el futuro de la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz.

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Mónica Rivera Rueda / @Yomonriver

Bogotá

Lo que frena la Reserva Campesina de Sumapaz

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