Lo que hay detrás del incendio en CAI de Soacha

CAI de San Mateo en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

Foto: Mauricio Alvarado

La celda no tenía más de 12 metros cuadrados. De acuerdo con la Policía de Cundinamarca, en el lugar había 11 reclusos, que condenados o enfrentando penas o procesos judiciales, terminaron dentro del Centro de Atención Inmediata (CAI) de San Mateo, debido a las condiciones de hacinamiento en el municipio. El 4 de septiembre tras un incendio, que al parecer se originó en medio de un motín, murieron nueve personas y dos más resultaron heridas. El caso, más allá de las incógnitas que plantea, a la larga no es más que el reflejo de una serie de problemáticas que desde hace tiempo se presentan en el municipio y especialmente en los centros de reclusión. Sin contar la fractura que hay entre la Policía y un sector de la población.

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Dos meses después del incendio, lo que más acongoja son las imágenes y los gritos de desesperación que se ven en los videos grabados ese día por varios testigos. La historia de la tragedia comenzó a las 11:00 de la mañana, cuando las familias de los reclusos llegaron alrededor a visitar a sus seres queridos, pero no los dejaron entrar. Esto caldeó los ánimos. A las 2:10 p.m., mientras los reclusos gritaban desde la celda, alguno encendió una cobija que fue el detonante de la conflagración, según aseguran la Policía y algunos familiares de las víctimas.

La angustia llevó a que las personas, desde afuera, empezaran a romper los vidrios para tratar de apagar el incendio, pero se ve cómo los uniformados apartan a las personas del lugar. “La Policía fue grosera. Apenas decían ‘que se mueran esas gonorreas’”, asegura la mamá de una de las víctimas. Otra, que intentó meter una manguera por las ventanas, asegura que los maltratos venían desde antes y que tiene fotografías que evidencian que su hijo tenía moretones. Y para completar, por el hacinamiento, tenían que dormir sentados o acurrucados.

Según el concejal de Soacha Heiner Gaitán (Colombia Humana), estas quejas se suman a una larga lista de hechos que no solo se venían denunciando en San Mateo, sino en otras estaciones como Ciudad Verde y Cazucá. “En esos lugares la gente no denuncia el abuso ante las autoridades, porque la mayoría de familias son humildes, sin mayores conocimientos ni las suficientes pruebas para defenderse”.

Pero el cabildante señala que este no es el único problema. Junto al hacinamiento –tan solo en este año se han reportado alrededor de 2.500 capturas en el municipio– hay prácticas policiales que merecen una reforma, antes de pensar en atender el déficit de pie de fuerza. “En muchas ocasiones las personas retenidas no gozan de derechos, porque solo son considerados como hampones. Tampoco hay buena relación con la ciudadanía, porque amedrentan a la gente en las calles”.

Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, resalta que esta mala relación es la suma de lo que ha venido pasando desde noviembre del año pasado, y el paso a paso con los protocolos, no solo de uso de la fuerza, sino del traslado y la protección de los capturados. “En medio de todo deben prestarle atención a la salud mental de la Fuerza Pública, que no ha parado en medio de esta pandemia. Pero también a las consecuencias a mediano y largo plazo de esa desconexión Policía-ciudadanía”.

Y agrega: “La recuperación de la confianza se debe hacer en los territorios, en los barrios, porque si no, como ya se está viendo, los uniformados terminan siendo lesionados en su trabajo. El debate de los protocolos de uso de fuerza debe ir más allá y pensar en reformas estructurales, para que la Policía sea cívica, de atención comunitaria y diferencial”.

Las condiciones en el penal

Otra de las situaciones tiene que ver con la condición de los reclusos. En San Mateo, por ejemplo, al menos dos de ellos tenían condenas y varios contaban ya con órdenes para ser trasladados a La Modelo y la Picota. Incluso convivían reclusos de alto perfil, como uno señalado de liderar una banda conformada por disidentes de las Farc y otro que perteneció a una organización que tuvo vínculos con la policías. Otro, cuya familia asegura que solicitó su traslado por un problema psicológico y evidentes maltratos. “La historia clínica dice que sus pulmones colapsaron, mientras que el riñón lo tenía afectado por una golpiza que sufrió días antes. Por eso le tuvieron que comenzar a hacer diálisis”, dijo la madre.

Frente al hecho de que algunas de las víctimas llevaban varias semanas detenidas en el CAI y, según los jueces, debían estar en cárceles de Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) respondió que por ley las cárceles nacionales solo pueden recibir a condenados y que los internos con detención preventiva son responsabilidad de las administraciones locales. Aunque históricamente se recibían a los sindicados, las condiciones de hacinamiento y la pandemia obligaron a la institución a ceñirse a la norma.

Y a pesar de que algunos tenían condena, aclararon que era clave tener en cuenta que, por la emergencia sanitaria, tuvieron que establecer zonas de aislamiento con cupos limitados para personas nuevas en sus centros de reclusión o los que regresan de permisos de 72 horas, lo que ha hecho más demorado el tránsito.

Líderes de Soacha también han mostrado su inconformismo con la situación en el municipio, pues si bien el incendio en gran parte se vio opacado por la jornada de protestas violentas tras la muerte de Javier Ordóñez, pasó de agache la aparición de un nuevo panfleto de supuestas Águilas Negras contra líderes del municipio que, como lo resalta la Defensoría en una alerta temprana, está relacionado con el fortalecimiento de estructuras criminales.

No solo se destaca la presencia de residuos urbanos guerrilleros, sino además de organizaciones dedicadas al narcotráfico, y de paramilitares, que se han aliado con carteles mexicanos para disputarse el territorio. Así como hechos criminales contra la Fuerza Pública y civiles, como la granada que lanzaron contra un carro de la Policía en agosto o el libro bomba que recibió el alcalde Juan Carlos Saldarriaga en su despacho, el 1° de julio, que fue desactivado por antiexplosivos.

A pesar de la situación compleja, que se refleja en la tragedia del CAI San Mateo, la administración local, más allá de dar claridad al asunto, se ha dedicado a tachar de populista al concejal de Bogotá Diego Cancino (Alianza Verde), quien fue el que difundió la tragedia que se presentó en el CAI. El alcalde Saldarriaga, por ejemplo, se unió al pronunciamiento del ministro de Defensa, Holmes Trujillo, y en vez de contar los avances de la investigación, sencillamente aseguró que detrás de la denuncia no había otra intención más allá que desprestigiar la institución. Eso sí, pidió celeridad en el proceso y aseguró que las familias de las víctimas recibirán asistencia a nivel psicosocial.

En medio de todo, el concejal García resalta otros factores que jugaron en contra de los detenidos, pues además de que las llamas consumieron rápidamente el lugar, asegura que el hecho de que los bomberos no hubieran alcanzado a llegar a tiempo se debe a las condiciones de movilidad dentro del municipio y a la precariedad del departamento, que hoy solo cuenta con nueve integrantes y dos carros. “Este año les hicimos una adición presupuestal, pero sigue siendo insuficiente”.

Las familias de las víctimas del incendio en el CAI insisten en que debe haber justicia en el caso y apoyo, dado que la mayoría vieron cómo los reclusos salieron calcinados del lugar. “No exonero a mi hijo de sus culpas, porque él estaba allí para pagar lo que cometió, pero no se merecía eso que le pasó. Tenían que hacer todo lo posible para no dejarlos quemar”, concluyó una madre.