Lo que implica que un organismo de 19 países le revise los contratos a Bogotá

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La capital se sumó a una organización internacional que estará haciendo veeduría a sus grandes contratos de infraestructura, como lo es la Primera Línea del Metro y las troncales de Transmilenio ¿Qué es la transparencia y a qué ‘bus’ se está montando el Distrito?

En febrero de este año, Bogotá ingresó a una organización internacional conformada por actores (gobierno, sector privado y sociedad civil) de 19 países, como México, Argentina, Ucrania, Indonesia y Somalia. Se llama la Infraestructure Transparency Initiative (CoST), la cual tiene como misión mejorar la transparencia y rendición de cuentas en la infraestructura pública de sus miembros.

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Así las cosas, la capital pasa a ser la participante número 20 de esta organización, lo que le implica asumir el compromiso de compartir información de los contratos de mayor impacto relacionados a su infraestructura.

Es así como inició su participación compartiendo información pública relacionada a la Primera Línea del Metro, el Corredor Ambiental de la Carrera Séptima, la Troncal de Transmilenio que va por la Avenida 68, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas, vías por valorización y la construcción de los hospitales de Usme, Bosa y Nuevo San Juan de Dios.

En suma, el Distrito asume una posición en la que devela todo lo relacionado a estas grandes inversiones, y a la vez, se pone bajo la lupa de estos veedores que estarán revisando las contrataciones y alertando el hallazgo de eventuales irregularidades.

Para la secretaria General, Margarita Barraquer, esto es un avance en la lucha contra la corrupción, la cual, hay que recordar, fue una de las banderas en la campaña a la alcaldía de Claudia López.

Para Juan Diego Castañeda, quien es investigador en la Fundación Karisma, el que Bogotá busque hacer más transparente la información de sus contratos, y más cuando lo hace con una organización internacional, es algo positivo, pues son más ojos que velan por la garantía de una correcta ejecución presupuestal.

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Sin embargo, advierte que no todo a lo que se le llame transparente verdaderamente lo es, pues en medio de esta “transparencia” se han encontrado casos donde sí, las instituciones o contratistas publican la información, pero con trabas, como lo es el dificultar el acceso a los mismos, o que los documentos estén en un formato en pdf o de imagen que no permite hacer búsquedas por texto, lo cual termina dilatando los tiempos de búsqueda de los investigadores.

Lo correcto sería, y a esto lo cataloga como “el sueño de los periodistas, investigadores y veedores ciudadanos”, que todo estuviera en formato de texto (para que así con un simple Ctrl + F se puedan hacer búsquedas por palabras clave), que los documentos se puedan descargar, que la información esté debidamente etiquetada, que no haya necesidad de pedir archivos a las entidades y que existan plataformas que permitan aplicar filtros de búsqueda por contratistas, montos, autoridades que contratan y fechas, entre otros conceptos.

“Esto lo ofrece el Secop, pero tiene sus problemas”, detalla.

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“Abogamos por una perspectiva donde el Estado esté más vigilado, no tanto desde un sentido punitivo, sino de transparencia, para ver qué hacen los funcionarios y qué se hace con la plata”, detalló.

Bogotá, al hacer parte de este grupo internacional, da un mensaje de transparencia a la ciudad. Sin embargo, hay que evaluar qué tan transparente es esa información y qué tan comprensible puede ser para la población en general.

Unos de los esfuerzos que ha hecho esta administración ha sido el de manejar datos abiertos, sobre todo en los temas relacionados a la pandemia, como los contratos que se han hecho, la ocupación de sus camas UCI, y el número de empresas reactivadas, entre otras herramientas que podrían dotar a la ciudadanía para hacer sus propios ejercicios de veeduría.

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