Si usted es, por ejemplo, un paciente de la EPS Capital Salud y lo agobia una amigdalitis, un resfrío o un cuadro gastrointestinal, probablemente requiera atención médica, pero no tiene la necesidad de ir a urgencias. La gente suele hacerlo y, más allá de los tropiezos para el sistema de salud, genera una congestión evidente en las salas de los hospitales bogotanos. La administración Peñalosa pretende acabar con esto. La fórmula: crear centros dedicados exclusivamente a atención ambulatoria, a donde acudan estos pacientes para que, después de la atención, regresen a su casa con una solución a la vista.
Se llamarán Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) y diez de ellos comenzarán a operar en menos de dos semanas, cuando comience septiembre. “Hoy, usted va a una Unidad Básica de Atención (UBA), lo ve la enfermera o el médico general y, si le mandan un examen de laboratorio o le indican que a su niño lo tiene que ver un pediatra, le firman una orden para que pida las citas. En el CAPS, en cambio, usted encontrará todo”, explica el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales.
En estos espacios, entonces, a los pacientes les atenderán urgencias no vitales (conocidas también como consultas prioritarias) de lunes a domingo en horarios extendidos de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Ante la pregunta sobre lo que pueda hacer un paciente que requiera atención por fuera de esos horarios, el secretario dice que podrá acudir a una sala de urgencias, aunque aclara que ocho de cada diez consultas prioritarias se dan entre las 6:00 y las 10:00 a.m. y entre las 5:00 y las 10:00 p.m.
El funcionario advierte, además, que los CAPS no solo están pensados para descongestionar urgencias, sino para concentrar los procedimientos ambulatorios. Allí no sólo habrá consulta de medicina general, sino consulta especializada, laboratorio, servicio de rayos X, fisioterapia, controles de enfermería y vacunación.
En el San Juan de Dios
El comienzo de los CAPS también será importante porque uno de los diez donde se implementará esta estrategia quedará en el Hospital San Juan de Dios, cerrado en 2001. Así comenzará a prestarse el servicio en una parte del emblemático complejo de 24 edificios, aunque bajo una figura distinta a la que concibió el exalcalde Gustavo Petro, quien promovió la reapertura durante sus cuatro años de mandato.
Como lo contó El Espectador en enero, Petro dejó firmados en diciembre, pocos días antes de salir del cargo, contratos por $6.700 millones para adecuar los primeros servicios en el San Juan, que pretendía fueran urgencias. La nueva administración, sin embargo, suspendió esas obras, modificó el objeto de los contratos y terminó invirtiendo $10.000 millones en la adecuación del CAPS, que dependerá del Hospital Santa Clara. “En esta primera fase, el San Juan de Dios contará con 19 consultorios, que se integrarán con los servicios del Instituto Nacional de Cancerología y del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta”, las otras dos instituciones que también comenzarán a operar allí.
Aparte hay que aclarar que el lío para que el Distrito compre el San Juan no ha terminado. La administración Petro le pagó por él $156.350 millones a la Gobernación de Cundinamarca, y aunque la transacción se llevó a cabo, oficialmente no ha sido legalizada (y por ende la Alcaldía todavía no es oficialmente la dueña) por cuenta de tres embargos que pesaban sobre el centro asistencial. El Distrito espera que en septiembre quede solucionado esto.
Los retos
Lograr que los pacientes con urgencias no vitales se abstengan de acudir a una sala de urgencias y, en cambio, vayan a un CAPS, es ante todo un reto educativo, en tanto la gente deberá ser más consciente sobre lo que realmente amerita atención inmediata y es de vida o muerte, y aquello a lo que se le puede dar un manejo más reposado y requiere una intervención ambulatoria. “De todas formas –aclara el secretario de Salud–, si el paciente llega a urgencias sin necesidad, lo remitiremos a un CAPS, que quedarán cerca de los hospitales o, en algunos casos, adentro, aunque será un espacio independiente”.
El funcionario es consciente de que, incluso, se corre el riesgo de que ocurra un fenómeno inverso: que los CAPS se congestionen si los pacientes ven que allí les dan soluciones de forma eficiente. De ahí la necesidad de que cada quien, dependiendo de su dolencia o necesidad, sepa a dónde acudir.
La idea es que, al finalizar los cuatro años de esta administración, estén operando 40 centros de este tipo, tal y como quedó consignado en el Plan de Desarrollo. Es un nuevo reto que, dentro de la reorganización del sistema, asume la administración Peñalosa para meterle el diente a la atención en salud, un asunto que no termina de generar mala percepción entre la ciudadanía. De 2014 a 2015, de acuerdo con Bogotá Cómo Vamos, aumentó de 50 % a 57 % el porcentaje de habitantes que sienten que no se les garantiza el derecho a la salud.