Los conceptos ignorados sobre la consulta antitaurina

Las universidades Externado y Libre le advirtieron a la Alcaldía en abril que la pregunta, tal y como está formulada, implica violación de derechos fundamentales. El Distrito la mantuvo.

Los taurinos esperan volver a ver toros en la plaza de Santamaría en la temporada de 2017, después de que terminen sus obras de reforzamiento. / Cristian Garavito.

Antes de que el alcalde Gustavo Petro radicara en el Concejo el texto de la consulta popular que pretende convocar a los bogotanos para que decidan si están de acuerdo con que se celebren corridas de toros en la ciudad, pidió los conceptos de siete universidades. La idea era que se pronunciaran sobre su “contenido, alcance y pertinencia”, como una forma de tener elementos suficientes a la hora de sustentarla. Al llamado respondieron el Externado y la Libre, y ambas expusieron reservas, sobre todo porque consideran que la pregunta que pretende hacerse, tal y como está formulada, implicaría la vulneración de derechos fundamentales. El mandatario, sin embargo, rechazó los reparos y mantuvo la propuesta original, que es la que hoy estudian los concejales.

La consulta es iniciativa de organizaciones animalistas que entre febrero y marzo la radicaron en la Alcaldía para que Petro impulsara su trámite. Él, amigo de la propuesta y queriéndose jugar una última carta para sacar los toros de la Plaza de Santamaría, presentó el texto el 19 de mayo ante el Concejo para que este estudie, como manda la ley, la conveniencia de convocar a los ciudadanos para que se pronuncien sobre el tema en las urnas. La pregunta formulada es: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá?”.

Los conceptos de las dos universidades son de finales de abril. Por el Externado respondió Magdalena Correa Henao, directora del Departamento de Derecho Constitucional, y concluye que la pregunta no puede plantear la exclusión total de las corridas y novilladas en Bogotá debido a que está vigente el Estatuto Taurino (Ley 916 de 2004).

Indica, además, que es el Congreso, y no el Distrito, el que tiene competencia en este caso, porque fue el Congreso el que reconoció que las corridas de toros son una manifestación cultural, así que una alcaldía “no podría prohibir su realización a menos que esta decisión se fundamente en motivos de orden público”. La administración Petro considera, por el contrario y basada en sentencias de la Corte Constitucional, que sí puede determinar si en la ciudad “cierta actividad hace parte de su arraigo cultural”.

Los promotores de la consulta dan a entender a su vez que el resultado de esta permitirá saber qué tan arraigadas están las corridas y novilladas en la cultura de la ciudad, pero la directora del Departamento de Derecho Constitucional del Externado estima que ese no es el mecanismo idóneo para evaluar eso: “el arraigo cultural no implica necesariamente que la tradición sea compartida por la mayoría, sino que en determinada sociedad esa actividad se haya mantenido en el tiempo”.

Su análisis también indica que una decisión del pueblo en la consulta no puede desconocer derechos fundamentales de ningún grupo, menos si se este es minoritario, como los taurinos. El derecho que sería violado en este caso, según esa universidad, sería el libre desarrollo de la personalidad de los aficionados.

El análisis de la Universidad Libre concluye, al contrario del anterior, que la Alcaldía sí puede convocar la consulta antitaurina, pero la considera viable “siempre y cuando se hagan algunos ajustes”, puntualmente en la pregunta. Tal y como está redactada, dice, no resiste un examen constitucional, pues “descarta cualquier posibilidad de celebración de corridas de toros o novilladas”, lo que implicaría restricción del derecho a la libertad de expresión.

Su propuesta es reescribirla para que, sin plantear la exclusión total de las corridas, dé pie a que el Distrito ocupe la Plaza en otras actividades la mayor parte del tiempo y limite los toros, por ejemplo, a los domingos. Una posible pregunta que sería viable, según este centro académico, es: “¿Está de acuerdo con que se destine la Plaza de Toros de Santamaría, salvo los domingos, a todo tipo de actividad cultural y recreativa?”. Pero Petro, en el texto que le presentó al Concejo, responde que la pregunta “no transgrede los derechos fundamentales”, así que la mantuvo como estaba.

El alcalde no estaba obligado a acoger ningún concepto, pero queda la duda sobre las razones para recoger conceptos de expertos y luego no tener en cuenta ninguna recomendación, al menos parcialmente, antes de someterse al escrutinio de un esquivo Concejo.

La plenaria estudiará esas y otras posiciones una vez el Distrito instale, este viernes, las sesiones extra que convocó para estudiar el tema. Allí se partirá de las ponencias de cinco cabildantes que ya abordaron el caso en una comisión: Clara Lucía Sandoval (La U), Olga Victoria Rubio (MIRA), Yezid García (Alianza Verde), Jorge Durán (Liberal) y Darío Fernando Cepeda (Cambio Radical). Los tres primeros estarían a favor; los dos últimos, no.