Los entes de control tienen dando explicaciones al contralor de Bogotá

A Juan Carlos Granados lo investiga la Contraloría General por presuntas irregularidades en el manejo de casi $5.000 millones para la educación mientras fue gobernador de Boyacá. La Fiscalía lo mencionó en la investigación al exsenador Plinio Olano, por el escándalo de Odebrecht.

Juan Carlos Granados, exgobernador de Boyacá y actual contralor de Bogotá.Óscar Pérez/El Espectador

El contralor distrital, Juan Carlos Granados, está en la mira de los entes de control. Primero fue la Contraloría General que, en octubre pasado, anunció una investigación en su contra por el presunto mal manejo de los recursos de la educación mientras fue gobernador de Boyacá, y ahora es la Fiscalía, que trata de verificar los señalamientos que lo vinculan al escándalo de Odebrecht. Como si fuera poco, miembros del sindicato del ente de control en Bogotá denuncian que Granados creó en la entidad una nómina paralela en la que la mayoría son oriundos de Boyacá, su departamento natal. A pesar de estos señalamientos, el funcionario se defiende rechazando todas las acusaciones.

En la lupa de la Contraloría por detrimento patrimonial

El primer organismo en poner en la mira a Granados fue la Contraloría General, que indaga si el exgobernador de Boyacá es responsable de un detrimento que asciende a los $420 millones, dada una “posible gestión ineficaz e ineficiente” en los recursos destinados a la educación del departamento, por valor de casi $5.000 millones. Las supuestas irregularidades están relacionadas con kits escolares que se pagaron pero que no se entregaron, así como facturación por estudiantes registrados, pero no atendidos.

Los dineros, provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) durante la vigencia 2015, se habrían perdido por presunta falta de seguimiento y supervisión de la Gobernación, a través de dos contratos de servicios educativos que terminaron ejecutándose por subcontratistas. Los contratistas salpicados son las fundaciones Itedris y Lumiere.

“La cuantía sumada de ambos contratos superó los $5.552 millones, pero no sólo se evidenció la entrega de materiales contratados por fuera de las condiciones previstas en la contratación, sino que se pudo constatar el incumplimiento de los perfiles de los facilitadores, la inobservancia de la reglamentación establecida por la Secretaría de Educación para el reporte de información y entrega de materiales a supuestos estudiantes no registrados”, aseguró la Contraloría, que también encontró casos de estudiantes que no figuraban en los listados, pero que sí fueron contabilizados para pago por parte de las fundaciones.

En el caso de los kits escolares, facturados por la Fundación Itedris, el ente de control logró documentar que se cobró por materiales hasta tres veces su valor en el mercado. “Los lápices para los estudiantes, que a precios de mercado se consiguen en un precio promedio de $338, fueron pagados por la Gobernación a $1.300; marcadores de colores que cuestan $1.220, se pagaron a $2.000; y esferos corrientes que valen $422, fueron pagados a $1.200”.

En caso de ser hallado responsable fiscalmente por estos hechos –que no solo generaron detrimento, sino que afectaron la calidad educativa de Boyacá– Granados tendría que responder con su propio patrimonio por los recursos perdidos en la ejecución de los contratos. A la investigación también están vinculadas las fundaciones contratistas, el supervisor de los contratos, Guillermo Palmiro Cortés, y la entonces Secretaria de Hacienda, María Anayme Barón.

Salpicado en el entramado de corrupción de Odebrecht

La semana pasada, Juan Carlos Granados fue vinculado a la investigación por el caso Odebrecht. Se indaga si el funcionario recibió $200 millones para su campaña a la Gobernación de Boyacá por parte de la multinacional brasilera. Tal gestión a su favor habría sido adelantada por el entonces senador Plinio Olano, afín políticamente al ahora contralor distrital.

El testigo de la Fiscalía en este caso es el empresario Federico Gaviria, quien en su declaración ante el ente investigador manifestó que hubo varias reuniones para definir los contratos de infraestructura y las dádivas que recibiría Odebrecht a cambio de financiar parte de la campaña de Granados. Gaviria indicó que de los encuentros participaron tanto Plinio Olano, como el presidente de la multinacional, Luiz Bueno, y Juan Carlos Granados.

Por estos hechos, el ente investigador compulsó copias ante la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para adelantar la investigación correspondiente.

Denuncias por una supuesta nómina paralela en la Contraloría

Uno de los sindicatos de la Contraloría Distrital, denominado ‘Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá’, acusa a Juan Carlos Granados de crear una nómina paralela en la entidad para favorecer a personas de Boyacá. Según la denuncia, conocida por la emisora RCN Radio, el contralor habría ordenado más de 300 contrataciones a través de la figura de prestación de servicios, y de ellos, el 28%, son oriundos de Boyacá.

De acuerdo con el sindicato, los contratos serían concesiones del funcionario para pagar favores políticos mientras fue gobernador de Boyacá. “Se ha detectado que la mayoría de los contratistas que manejan procesos de responsabilidad fiscal son de Boyacá, inclusive podría haber más funcionarios de esa región del país”, declaró la presidenta de la agremiación, Doris Huertas, a la emisora.

Granados responde

Frente a la investigación por el caso Odebrecht, Juan Carlos Granados negó haber recibido $200 millones de la multinacional para su campaña a la Gobernación y aseguró que, como gobernador de Boyacá, nunca le adjudicó un contrato a dicha compañía. De igual forma, en las cuatro corporaciones ambientales en las que fue miembro de junta, tampoco se contrató a la multinacional bajo ningún modelo.

“Mi único desempeño como servidor público en relación con dicha empresa es como contralor de Bogotá en el proyecto ‘Tunjuelo-Canoas’, en el que a mi llegada a la Contraloría encuentro archivado el proceso y ordeno en el 2016 reabrirlo, consolidando hallazgos para julio de este año por $230 mil millones y decreto embargos por esta cuantía y logro embargar $40 mil millones”.

“Con los anteriores elementos dejo claro que no favorecí de ninguna manera a esta firma, sino que, por el contrario, apliqué con rigor la normatividad vigente en procura de cuidar los recursos de Bogotá, decisión que afecta a dicha empresa”.

Respecto a las acusaciones del sindicato de la Contraloría Distrital, Granados manifestó que la entidad que lidera es la que cuenta con menos funcionarios bajo la figura de prestación de servicios: “Las funciones se aumentan de manera reiterada, es posible que sí sean de Boyacá e incluso los funcionarios de planta”, explicó también a RCN Radio.

 

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