Los líos de los colegios de Saludcoop

Tres planteles construidos por Saludcoop en la era de Lucho Garzón se encuentran en un limbo jurídico que amenaza el bienestar de sus estudiantes.

Por muy raro que suene, dos colegios en la localidad de Usaquén y uno en la localidad de Kennedy prometen convertirse en un nuevo dolor de cabeza para la empresa promotora de salud Saludcoop, tras conocerse el martes las presuntas irregularidades que subyacen a tres convenios interadministrativos con esta corporación durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón.

Al llegar a la Secretaria de Educación Óscar Sánchez, cabeza de la entidad, se encontró con la existencia de los colegios Agustín Fernández, San Antonio y Saludcoop Sur Kalandaima. Los tres planteles compartían, según le dijo ayer a El Espectador el funcionario, dos características. Por un lado, fueron construidos por la corporación Saludcoop, en el marco del Decreto 2880, firmado en 2004, que permitió a este tipo de entidades invertir en proyectos educativos, siempre y cuando tuvieran excedentes de capital. Por el otro, los tres colegios no han podido ser debidamente legalizados.

Las razones varían de plantel a plantel y oscilan entre problemas de predios que no se pueden legalizar a impedimentos ambientales en donde se levantaron algunos centros educativos o lotes en donde habría falsificación de propiedad.

Según lo denunciado ayer por Sánchez, el colegio Agustín Fernández, construido en la localidad de Usaquén, fue edificado por encima de la cota de altura, lo que impide su legalización. “Resulta que necesitamos la escritura del colegio, pero no está legalizado”, asegura el secretario.

El colegio San Antonio, el otro plantel construido en Usaquén, comparte franjas con espacios ambientales, y al estar ubicado en una zona de riesgo por hundimiento, quedó automáticamente por fuera del proceso de legalización.

Finalmente, en el otro colegio que se construyó, Sánchez identificó falsificación de escrituras. “En el predio de la institución Saludcoop Sur Kalandaima hubo una presunta falsificación por parte de una persona que vendió, sin ser el dueño, a un tercero. Ahora resulta que también en éste tenemos problemas de legalización”, explicó el secretario.

Pero a las irregularidades encontradas en estos convenios se suma un problema más. Saludcoop asegura que los convenios que se firmaron en su momento no eran procedentes y hoy, en medio de la dura crisis que vive el sector de la salud, la corporación quiere terminar los convenios.

Así lo explicó Juan Francisco Arbeláez, vicepresidente de la entidad, quien fue consultado por este diario: “La norma del año 2004 expresa que la destinación a esos rubros debe darse a partir de los excedentes de la prestación de servicio de los cooperados. Saludcoop no les presta servicios a sus cooperados, sino a sus afiliados, es decir, que anteriormente había una interpretación incorrecta de la norma. Nosotros vimos eso y lo que queremos es saber de qué manera recuperamos esa liquidez”.

En este sentido, el vicepresidente afirmó que es necesario examinar la responsabilidad del Distrito y, de esta manera, terminar con lo pactado: “Hay convenios que no tienen ningún prospecto, no entiendo por qué la Secretaría dice que es denuncia si ya nos hemos reunido con ellos y hablado al respecto. Hay lotes que el Distrito puso y que no tenían licencia, no se puede avanzar en esto. Saludcoop está en una situación financiera muy complicada y tenemos que recuperar la liquidez para pagarles a los prestadores”.

La Secretaría de Educación, así como Saludcoop, estuvieron de acuerdo en que es necesario revisar cómo se gestionaron los convenios entre la Secretaría de Educación de la época y las directivas de la entidad de salud.

Con estas trabas encima, la Secretaría de Educación anunció que remitirá los casos a la autoridad de control correspondiente, pues según ellos estas irregularidades estarían obstruyendo el proceso educativo de los estudiantes de los planteles. Basta con escuchar al secretario, quien advierte que, de no corregirse la situación, “en un caso de desastre donde ordenen una evacuación, su despacho no podría intervenir”. Eso es algo, asegura Sánchez, que la Secretaría y Saludcoop habrían podido evitar.

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