Los predios en disputa en Mesitas del Colegio

Al menos 100 personas habitan hoy la vereda en disputa. / Cortesía

El fenómeno de expansión urbana comienza a mostrar sus efectos en los municipios cercanos a la capital. Predios, que fueron por mucho tiempo espacios rurales y en los que, poco a poco, se establecieron asentamientos, hoy están en disputa, justo cuando la zona se empieza a urbanizar y el precio del suelo aumenta.

En el municipio de Mesitas del Colegio, en Cundinamarca, ubicado a una hora de Bogotá, se ha presentado un caso particular en la vereda Santa Cruz. Allí, en lo que antes era zona rural, se han ido construyendo centros vacacionales, con los que pronto llegaron grandes urbanizaciones de conjuntos campestres, que hoy predominan a lo largo de la vía Mesitas-Viotá, y están desplazando a campesinos y habitantes.

Uno de los predios más atractivos se llama Santa Cruz 2. Allí viven cerca de 100 personas, quienes desde 2010 comenzaron a llegar al lote, que fue parcelado y vendido en pequeñas partes, principalmente a desplazados de la violencia y pensionados que encontraron allí una oportunidad para resurgir.

Luis Ceferino es una de las personas que compraron en el lugar. Desterrado por el conflicto, le tocó llegar a Ciudad Bolívar, donde trabajaba en un taller. “Un día un señor le dijo al dueño que le comprara un lote de 500 metros cuadrados (m2) en un municipio cercano. A mí me sonó el tema, le comenté a un cuñado, y entre la familia me ayudaron a comprar el predio, por $16 millones”.

En similares circunstancias llegó Edilberto Giraldo, quien compró un terreno de 2.000 m2. A él, dos personas le vendieron el lote, en el que no solo construyó una vivienda, sino que comenzó a cultivar. Otros, como Alfonso Forero, adquirieron en la zona con el fin de algún día construir.

Si bien al principio muchos de los que se asentaron tuvieron que hacer sus casas con tejas de cinc y no tenían agua —por lo que debían ir a una de las quebradas a dos kilómetros de allí— poco a poco, entre los mismos habitantes de la zona abrieron carreteras y el paso para la instalación de servicios públicos.

Todo marchó bien hasta 2013, cuando los herederos de la familia Carson Velásquez llegaron a la vereda a reclamar el predio, que aseguraban, era de sus padres. Lo que dijo en su momento la abogada de la familia, la excontralora Sandra Morelli, en el proceso de sucesión, fue que los Carson se fueron de la zona luego de que los dueños del predio murieron. Los dos herederos quedaron bajo el cuidado de su abuela, quien dejó el gran lote en manos de terceros, que habrían parcelado y vendido el lote de manera irregular.

“Marina Velásquez (la abuela) tenía los niños muy pequeños, no cercó ni pagó impuestos, entonces vino el embargo de la tierra por una entidad territorial y el bien se le entregó a un apoderado. Posteriormente, cuando pudieron pagar los impuestos, no se pudo hacer la devolución del predios, porque estaban invadidos”, dijo Morelli a un medio local.

De acuerdo con los habitantes de la vereda, la versión es que a los encargados del cuidado del lote les dejaron de pagar, por lo que empezaron a vender el predio. A personas como Luis Ceferino les entregaron comprobantes de compra y, en algunos casos, escrituras falsas. “Sabemos que hay personas que compraron de buena fe a terceros inescrupulosos, así como hubo otros que no verificaron en la oficina de registro a nombre de quién estaban las tierras”, aseguró Morelli.

Lo que vino después fueron procesos judiciales y desalojos. Mientras que las familias se comenzaron a organizar para interponer acciones judiciales y así mantener sus casas, en un operativo realizado entre el 21 y 22 de diciembre de 2013, se desalojaron 30 hectáreas a favor de la familia.

Debido a que los predios
quedaron libres de posesión, los herederos vendieron esa parte del terreno a Fidel Martínez y a los hermanos Carolina y Diego López. Este último es ampliamente conocido en el municipio de Mesitas del Colegio, no solo porque fue concejal y hoy tiene aspiraciones de llegar a la Alcaldía del pueblo, sino porque es quien está detrás de otras obras de urbanización como Altos de Palomo, que se adelanta muy cerca de la vereda Santa Cruz.

Al pasar los años, la tensión en el predio en disputa continuó, pero nunca se llegó a ningún acuerdo. La familia hizo ofertas a los ocupantes, así como algunos urbanizadores, pero el tema no avanzó. Por esta razón acudieron a Diego López, para que intermediara con la comunidad.

La reacción fue contraria a la esperada. A través de redes sociales los habitantes subieron videos en los que López asevera que esos terrenos son de él y deben desalojarlos. Además, que en la zona “deben hacerse urbanizaciones bien hechas”, que para él valdrían más.

Por su método, lo han denunciado por abuso de autoridad, amenazas y lesiones personales, ya que, denuncian los habitantes, ha entrado a los predios y, según Giraldo, ha llevado motosierras y machetes para destruir cultivos que encuentra a su paso. De igual forma, dicen que como hombres desconocidos han llegado a la vereda a cortar los cables de la luz.

Al respecto, López se defiende y asegura que se trata de calumnias, que buscan desprestigiarlo en medio de sus aspiraciones políticas. “En mi tarea social vengo dialogando con las comunidades engañadas, con el fin de que se les escrituren estos predios. Gracias a mi intermediación con los verdaderos dueños de los predios, esta tarea la seguiremos adelante y lograremos que, en vez de que sus casas se las tumben, se llegue a una solución”, señala en respuesta a uno de los videos publicados. Asimismo, ha dicho que quienes están en el predio lo habrían intentado atacar, lo que, sumado a rumores de un nuevo desalojo, ha mantenido los enfrentamientos y señalamientos en el pueblo.

Con el fin de defender su propiedad sobre el predio, las personas que habitan la vereda interpusieron acciones de pertenencia de 84 predios, ya que a pesar de que se intentó llegar a un acuerdo monetario con la familia propietaria, hasta último momento no hubo consenso.

El proceso de sucesión ya terminó, por lo que falta que las autoridades municipales adelanten las diligencias correspondientes para sanear el predio que, desde el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de 1999, está declarado como zona urbanizable.

Mientras tanto, quienes lo habitan piden que les brinden condiciones, pues no son invasores del predio. “Compramos con la expectativa de ir a descansar. La mayoría somos personas de la tercera edad y desplazados. No somos violentos, solo queremos que también se respeten nuestros derechos”, concluye Ceferino.