Los reclamos de las trabajadoras sexuales en Bogotá

Desde el cabildo denuncian la falta de programas que las ayuden a dejar el oficio y evitar los maltratos a los que hoy se enfrentan. Trabajadoras sexuales y organizaciones sociales dicen que se debe ahondar en el reconocimiento de sus derechos. Distrito adelanta política pública frente al tema.

Redacción Bogotá
22 de febrero de 2017 - 05:22 a. m.
Según datos del Distrito, en Bogotá hay 23.426 mujeres que ejercen la prostitución. Es decir, hay 293 trabajadoras sexuales por cada 100.000 habitantes.  / Archivo
Según datos del Distrito, en Bogotá hay 23.426 mujeres que ejercen la prostitución. Es decir, hay 293 trabajadoras sexuales por cada 100.000 habitantes. / Archivo

En Bogotá hay 23.426 mujeres que ejercen la prostitución. Es decir, hay 293 trabajadoras sexuales por cada 100.000 habitantes. El 91 % de ellas dicen haber sido maltratadas verbalmente; el 61 %, que sufrieron violencia física; el 28,3 %, que fueron abusadas sexualmente, y el 21 %, que fueron víctimas de algún abuso policial. Aunque casi todas (98 %) quieren dejar el oficio, agregan que no pueden, principalmente, por la falta de oportunidades. (Lea: Así maltratan a las trabajadoras sexuales en Bogotá)

Estas cifras fueron recolectadas por el Distrito y salieron a la luz pública ayer, en un debate sobre prostitución que se realizó en el Concejo de Bogotá. Allí, trabajadoras sexuales y concejales expresaron su preocupación por la desprotección de esta población.

Durante la sesión también llamaron la atención otros datos: el 81 % de las mujeres que se dedican a la prostitución en la capital son oriundas de otros departamentos, como Atlántico, Antioquia, Cundinamarca y Caldas, y el 70 % pertenece a los estratos 1, 2 y 3. A pesar de enfrentar malas condiciones, el Distrito sólo invierte en ellas $3.100 millones, es decir, $132.000 por cada una, que usualmente se destinan para capacitaciones, que muchas veces son pobres y mediocres, según varios cabildantes.

Para Hossman Martínez, concejal de la Alianza Verde, hay varias situaciones que se están saliendo de control. La primera es que las instituciones públicas no brindan apoyo para que estas mujeres dejen el oficio. La segunda es la falta de regulación de los lugares clandestinos, “donde más se presenta la explotación sexual de menores”.

Para Martínez, preocupa la reducción de presupuesto en los últimos tres años para su atención y la forma cómo lo están invirtiendo. “En el siguiente cuatrienio, la Secretaría de Integración Social invertirá $2.400 millones para capacitar a 5.400 trabajadoras sexuales sobre temas de derechos humanos, en vez de invertirlos en proyectos que les brinden otras opciones”.

En su intervención, el concejal puso como ejemplo la situación de la prostitución en países como Alemania y Suecia, resaltando que en este último, donde está prohibido el oficio, en 16 años sólo se presentó un feminicidio, mientras que en Alemania fueron 69 asesinatos, 28 intentos de homicidio y dos desapariciones cometidas por proxenetas.

Una representante de las trabajadoras sexuales, que habló en el debate, resaltó la importancia de una política pública con la cual se les ofrezcan oportunidades a las que deciden dejar la prostitución y también apoyen a quienes quieren continuar, haciendo valer sus derechos. “Queremos que cuando toquen las puertas de las instituciones, puedan lograr sus objetivos”, agregó. Aunque se esperaba que otras trabajadoras sexuales hablaran, se abstuvieron ya que al recinto llegó un sujeto al que identificaron como proxeneta y consideraron que su presencia las ponía en riesgo.

Otras miradas

Para Diana Navarro, directora de la Corporación Opción por el Derecho a Ser y el Deber de Hacer, estos debates “son una perdedera de tiempo”. No sólo porque se basan en un solo tipo de prostitución (mujeres heterosexuales), sino porque continúan en la discusión de si se debe abolir o no un oficio que no va a dejar de existir. Verlo de esta manera, asegura, sólo genera otros problemas sociales en la clandestinidad. Lo importante, agrega Navarro, es dignificar su trabajo, ya que ellas no cuentan con derechos laborales, económicos, sociales ni culturales, pese a ser una actividad legal. (Lea: La necesaria regulación del trabajo sexual)

Desde su perspectiva, el debate en el Concejo tuvo un enfoque abolicionista y discriminatorio hacia quien ejerce la prostitución (pues no todas las trabajadoras sexuales son violentadas, ni la gran mayoría quiere dejar su oficio) y pone como victimario a quien solicita el servicio: “Esto tiene que ir más allá. Falta lo principal: el reconocimiento de la persona como sujeto social de derechos”. Aclara que, si bien no aboga por la prostitución, exige que quienes decidan ejercerla tengan garantías.

Navarro resalta que las cifras del Distrito son sólo subregistros y no hay datos que establezcan realmente cuántas personas están vinculadas al oficio. De hecho, dice que es muy difícil que se consoliden números, pues muchas personas prefieren callar que participar en estas actividades.

Juan Carlos Celis, director de la Fundación Procrear, está de acuerdo y agrega que en el debate se dejan de lado otros tipos de prostitución, como quienes la realizan por internet. Considera que hay una desconexión entre Distrito, organizaciones y trabajadoras sexuales, pues no hay continuidad en los proyectos de las administraciones y ahora no cuentan con programas, lugares ni profesionales para apoyar a esta población. Por último, añade que la prostitución se complejizó y ahora no saben qué hacer con ella: “Ellos piensan que con el Código de Policía y con talleres hay un cambio, pero la verdad es que no hay transformación ni apoyo. No hay un proceso de acompañamiento en salud, educación o emprendimientos”.

En estos momentos, el Distrito construye la política pública, sin embargo, cuenta Celis, los primeros encuentros han sido un fracaso, pues las partes están divididas y hay otros actores, como los hombres, que hoy exigen participar en este proceso.

Liubka Buitrago, directora de derechos y diseño de política de la Secretaría de la Mujer, asegura que adelantan a buen ritmo la construcción de la política y que se ha avanzado en mesas interinstitucionales, en las que se asignan responsabilidades a cada entidad para garantizar la protección de quienes ejercen el oficio. Si bien se ha avanzado con secretarías como Salud, Integración Social, Gobierno y Seguridad, Reconoce que aún falta enlazar a la cartera de Desarrollo Económico para generación de emprendimientos. Se espera que próximamente comiencen las mesas de participación ciudadana.

La funcionaria advierte que se trabaja en la realización de un censo, pues lo números actuales no revelan el verdadero panorama: “Se necesita información más robusta para tomar decisiones. La Secretaría de La Mujer ya tiene un diseño proyectado para esta medición y la idea es que el próximo mes arranque”. Agrega que es un proceso costo y dispendioso porque es difícil llegar a toda la población, pero se evalúan los mecanismos para entablar un diálogo.

Finalmente, desmiente que el Distrito solo aborde la prostitución desde la mujer heterosexual, aunque aclara que el tema afecta principalmente a esta población. Y resalta que se llevan a cabo procesos de sensibilización hacia las personas que trabajan en estas actividades sin excluir actores.

Por Redacción Bogotá

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