Los que salieron del Distrito por no cumplir la voluntad de Petro

Al menos cuatro funcionarios con cargos directivos han salido de la administración Petro por negarse a cumplir órdenes del mandatario, que serían contrarias a la ley.

No es nuevo el episodio que ocurrió esta semana con el gerente de Fondo de Vigilancia, Fernando Arbeláez, a quien el alcalde de Gustavo Petro le pidió la renuncia por haber incumplido la orden de firmar a toda costa (incluso, sin importar razones jurídicas ni las alertas de posibles irregularidades) de un otrosí al convenio con la ETB para la modernización de la línea 123 y autorizar un giro por casi $28.000 millones.

En el pasado, otros funcionarios con cargos directivos también salieron de la administración por rechazar órdenes del mandatario, que aparentemente eran contrarias a la ley. Al del Fondo de Vigilancia se suman el exgerente de Transmilenio, Fernando Rey; la exdirectora de la UAESP, Lucía del Pilar Bohórquez, y el exdirector de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), Carlos Alberto Montoya.

Detrás de cada caso hubo advertencias, que Petro desconoció. Al final, salieron del cargo, con lo que le dejaron el camino al alcalde para hacer su voluntad.

La renuncia sorpresiva en la Uaesp

Una resolución para que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) asumiera un proyecto para pagarles a los habitantes de calle por reciclar en la ciudad, fue motivo de la renuncia de la entonces directora de la entidad pública, Lucía del Pilar Bohórquez.

El 31 de julio, Bohórquez renunció sorpresivamente y, como en otras de las renuncias de funcionarios de la administración Petro, se dijo que fue por motivos personales. Sin embargo, trascendió que salió porque no quiso firmar esa resolución, al cuestionar que la Uaesp asumiera un proyecto cuyo objetivo es la recuperación de los habitantes de calle, porque dista mucho de sus funciones.

Se supo que durante una reunión de la mesa interinstitucional para recuperar el Bronx, el 31 de julio, el alcalde Gustavo Petro leyó airado el artículo 13 de la Constitución Política, que señala que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades.

Desde abril el alcalde le venía señalando a Bohórquez que los habitantes de calle eran recicladores naturales y que el pago de ingresos por eso era vital para que esta población tuviera una opción diferente a la delincuencia, al robo y el rompimiento de vidrios, que finalmente impactara en la seguridad de la capital, en especial el centro, donde se intervino el Bronx.

Fue en ese contexto que Petro dio la orden para que a los habitantes de calle se les pagara con la tarifa del aseo lo que reciclaran. Orden que acató la nueva directora de la Uaesp, como lo contó este diario en noviembre de 2014, y cuyo impacto en la ciudad es imposible de medir todavía.

Transmilenio: metro ligero y la rebaja de pasajes

En agosto de 2012 Fernando Rey renunció a la gerencia de Transmilenio. Aunque en principio argumentó razones personales, luego se supo que tuvo diferencias con el alcalde Gustavo Petro por dos temas, especialmente: la idea de construir el metro ligero por la carrera 7 y la rebaja a las tarifas de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Las diferencias de Rey respecto al tema de la carrera 7 se deben a que en ese momento Rey le advirtió al alcalde que no era conveniente que aceptara ofertas de Asociación Público Privada para su proyecto del tren ligero en la 7, cuando aún estaba vigente el contrato para construir el Transmilenio en este corredor. Ese contrato había sido adjudicado a los consorcios Cóndor y Sainc. Además, se conoció que Rey le explicó a Petro que el proyecto del metro ligero podría afectar los contratos del SITP, pues el corredor de la carrera 7 está incluido en la zona de Usaquén, que fue adjudicada a la firma Consorcio Express.

El segundo motivo de la discordia entre Rey y Petro en 2012 fue la rebaja que el alcalde ordenó a las tarifas del transporte público. El alcalde autorizó esta medida sin tener en cuenta que sus asesores le habían recomendado tomar la decisión solo hasta que hubiera renegociado los contratos de Transmilenio. La idea era tener unos contratos en los que se pagara menos a los privados por la operación, de manera que al rebajar el pasaje del sistema, no fuera tan grande el impacto en las finanzas del mismo.

Petro prefirió rebajar la tarifa sin tener en cuenta estos aspectos y le dio la oportunidad a la Contraloría Distrital para que lo investigara por el posible detrimento a la ciudad. Producto de ese proceso, el ente de control le embargó las cuentas al mandatario, como lo contó este diario.

El San Juan de Dios

Petro nombró a este arquitecto el 6 de mayo de 2013 como gerente de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (ERU). Tenía una experiencia de casi una década en la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín. Estuvo en la ERU hasta octubre de 2014. Su renuncia la presentó en medio del proceso de compra que la ERU pretendía hacer del complejo de edificios del Hospital San Juan de Dios por $150.000 millones. Aunque era gerente cuando ya la empresa había manifestado la intención de compra, se negó a concretar el negocio, como lo pretendía el alcalde, luego de recibir un concepto que planteaba dudas sobre ese trámite, particularmente sobre la falta de claridad alrededor de la propiedad de los edificios y las posibles actuaciones de los organismos de control.

Petro nombró como gerente encargado a un incondicional, Nicolás Corso, quien al tiempo fungía como gerente en propiedad de Metrovivienda. Este quiso finalizar la compra del Hospital, pero el registrador encargado de legalizarla se negó a hacerlo, precisamente, porque tras un estudio de la propiedad de los bienes concluyó que estos no le pertenecían a la institución que pretendía venderlos, la Fundación San Juan de Dios en liquidación, con la que la ERU había hecho el negocio.

Sobre Corso cabe recordar que a comienzos de junio la Contraloría distrital ordenó separarlo del cargo como gerente de Metrovivienda, pues aparentemente podía entorpecer investigaciones que ese organismo de control llevaba en su contra. El alcalde acató la orden, pero al tiempo lo nombró en propiedad en la ERU, desde donde lideró la expropiación de los edificios del San Juan, una jugada a la que acudió el Distrito ante el limbo en el que quedó la compra por cuenta del enredo de la propiedad.