Los vestigios de la captura de ‘El Papero’

Antonio Gil Garzón, también conocido como El Papero, es un hombre de 66 años que comercia papa en Corabastos desde los años 60 y que, según la Fiscalía, ha incurrido en los delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir desde los años 90, cuando presuntamente estableció nexos con el cartel de Medellín. Su captura, el pasado 16 de marzo, provocó una polémica pública entre el alcalde Gustavo Petro y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, pero, además, puede generar un trastorno en el mundillo del poder económico y criminal que se desarrolla en la central de abastos.

En la actualidad, según Mauricio Arturo Parra, gerente general de Corabastos, Gil Garzón es uno más de los 6.500 comerciantes que operan allí y uno de los 1.385 accionistas públicos y privados que representan a la central. Además, de acuerdo con un comunicado oficial firmado por Parra, no es propietario de ninguna bodega, pero sí “se estableció que de los 5.274 locales arrendados y facturados, el señor Gil tiene, en la Bodega 20, los locales 11 y 12, y en la bodega 13, el local 15, para un área total de 247,5 m², arrendados, donde se comercializa papa”.

Sin embargo, los trabajadores afirman que esos datos corresponden a los conteos oficiales, pero no a la realidad. “Aquí tiene locales a nombre de otras personas que no son su familia. Yo creo que El Papero ya se imaginaba que algún día la justicia le caería”, le dijo a este diario un cotero que trabaja en la bodega 13 y que, por razones de seguridad, pidió la reserva de su nombre.

Una mujer que trabaja cerca a la bodega conocida como La Reina, donde se concentra la mayor cantidad de actos criminales en Corabastos, afirma: “Hace mucho rato que no viene por acá. Antes se decía que tenía un grupo de muchachos para que controlara la zona, que estaba asociado con gente muy mala y que estaba metido en problemas de drogas. Pero conforme ha pasado el tiempo se le ha dejado de nombrar”.

Pero cuando se les pregunta a los trabajadores sobre hechos específicos o nombres de quienes trabajan con la supuesta estructura de El Papero, no saben explicar nada. La razón de su silencio es estremecedora. “Yo no le puedo decir si él tiene un grupo de bandidos o no. O si está metido en algún problema. Lo que sí es cierto es que esos muchachos que andan por ahí bien peluquiados, con teléfonos Avantel son muy sospechosos. Uno no sabe para quién trabajan, y de un tiempo para acá todo está en una relativa calma”, le dijo una fuente a este diario. 

Al parecer, lo que hay en Corabastos es un control social con métodos criminales muy disimulado. Las autoridades aún no dan una respuesta concreta sobre quiénes cometieron los 92 delitos de alto impacto que ocurrieron al interior de la central durante 2012, y si esas redes de control tienen algo que ver con los 350 delitos del mismo tipo que ocurrieron en la UPZ 80, donde está el barrio El Amparo, el que según la Alcaldía local está recibiendo todos los impactos de la criminalidad que se anida en la megacentral de alimentos.

“Hace dos años era común ver un muerto diario en la bodega La Reina. Ahora las cosas están más calmadas, pero uno no deja de tener sus prevenciones”, dice don Jesús, un accionista de Corabastos que tiene dos “negocitos” administrados por sus hijas y que dice que vio a El Papero como un hombre poderoso, que organizaba y ayudaba a trabajadores. Sin embargo, desde “hace un año o más” no lo ha vuelto a ver.

Seguramente esa calma que se vive está relacionada con el Plan Integral de Seguridad de la administración de Corabastos. El gerente firmó el año pasado un convenio de cooperación con la Policía Metropolitana para aumentar el pie de fuerza, modernizar la central de cámaras, montar un centro automático de despacho policial y, con financiación de los comerciantes, implantar dos CAI móviles.

Sin embargo, las autoridades entendieron que con eso no sería suficiente. Por eso, el pasado diciembre, el ministro Juan Carlos Pinzón lanzó en la central el programa institucional de seguridad, acompañado por todos los altos mandos de las Fuerzas Militares y, entre otras medidas, quedó en firme una red de propietarios y arrendatarios con acceso directo a la Policía.

Hoy nadie tiene certezas sobre el poderío criminal o el control social que ejerce El Papero, pero su aparición en la Lista Clinton en 2007 es identificada por académicos de la seguridad como un punto de quiebre en los ritmos del delito en Corabastos. Es claro que el hecho de que esa central de abastos centralice la distribución de cerca del 60% de los alimentos de la capital es un botín que cualquier organización criminal desearía controlar.

Para la Alcaldía, que es accionista, ha sido prioritario descentralizar la distribución de alimentos para tener un mayor control sobre las prácticas sociales de su entorno. Sin embargo, el gobierno nacional y la Gobernación de Cundinamarca no han sido partidarios de la unión entre los entes públicos y han respaldado a los privados, que prefieren la continuidad del modelo actual. Por eso, el Distrito decidió fortalecer la propuesta de Alimentos Bacatá y vender sus acciones en la Central de Abastos. La idea es que alrededor de esta empresa se agrupen 19 plazas de mercado en la ciudad. Si esto sucede, el Distrito intervendría alrededor del 10% del flujo de alimentos que llega a la capital.

Por ahora queda claro que el alcalde Petro no se equivocó cuando dijo que en Corabastos había una infiltración mafiosa. Sin embargo, los comerciantes que no están involucrados en actos ilegales piden que no se los estigmatice y que la justicia opere contra quien le deba algo.