Lupa a convenios de la Secretaría de Educación

La Contraloría realizó un informe preliminar que señala posibles anomalías en contratación de alimentación y formación.

Contraloría indaga convenios de alimentación escolar. / Archivo

Con un informe preliminar de la Contraloría bajo el brazo, la concejal de la Alianza Verde Diana Alejandra Rodríguez, antes una conocida petrista, denunció en el Concejo de Bogotá presuntas irregularidades de la Secretaría Distrital de Educación en la firma de convenios de asociación con la caja de compensación Compensar.

De acuerdo con el documento de auditoría del 14 de octubre, que conoció El Espectador, estos convenios celebrados con Compensar, con las vigencias de 2012 y 2013, tendrían retrasos en su cumplimiento y no habrían tenido un proceso de selección objetiva del contratista, ya que se entregó a un tercero la prestación de proyectos que debió desarrollar la propia Secretaría de Educación y algunos de ellos habrían tenido problemas de ejecución. “Un alto porcentaje de la contratación con Compensar tiene falencias en su configuración y estructuración jurídica” y por eso “se infiere que los citados convenios se suscribieron sin cumplimiento de requisitos legales”, dice el ente fiscal, que documentó nueve hallazgos administrativos, ocho disciplinarios y uno penal.

Observó, por ejemplo, que el contrato que firmaron la Secretaría de Educación y Compensar para la preparación y suministro de desayunos, almuerzos y cenas a la población escolar de colegios oficiales, por un valor de $6.403 millones, fue concertado, sin licitación pública y sin un estudio de mercado que permitiera establecer el costo de los desayunos y almuerzos. Además, que la Universidad Nacional como interventor del contrato identificó varias irregularidades de Compensar en la ejecución del contrato: calidad nutricional de los alimentos, aseo, gramaje, entre otras, que llevaron a un plan de mejoramiento. Y que cuando se liquidó este contrato, la Secretaría de Educación no impuso ninguna sanción por el incumplimiento.

“Para los convenios de alimentación escolar fueron firmados al menos tres contratos, los cuales sumaron más de $140 mil millones. Por este concepto específico el secretario de Educación, Óscar Sánchez, se había comprometido a efectuar un proceso licitatorio bajo la figura de subasta inversa pero, faltando a su compromiso, decidió realizar un convenio de asociación que, en términos más concretos, sugiere una contratación “a dedo”, aseveró la concejal Rodríguez.

Sin embargo, el secretario Sánchez, quien apunta que este informe preliminar tiene más de político que de técnico, asegura que este programa de alimentación es un orgullo de la capital y se destaca por su eficiencia y calidad. También, que el equipo jurídico de la Secretaría prepara un informe jurídico en el que desmiente las afirmaciones del ente fiscal.

Otro contrato mencionado en el documento de la Contraloría es sobre un proyecto de actividades para 62 niños con autismo del colegio República Bolivariana de Venezuela de la localidad de Mártires, por $100 millones, de los cuales la Secretaría de Educación Distrital aportó $86 millones y Compensar $14 millones. Pero, según el ente fiscal, por “falta de planeación”, el contrato firmado en diciembre y con una duración de siete meses, aún sigue en ejecución, porque se ha suspendido tres veces al no contemplar los períodos de receso escolar.

Sánchez, por su parte, salió en defensa de los convenios de asociación con los que asegura viene trabajando desde 1998 y resaltó bajo esa figura algunos como el de los colegios en concesión con cajas de compensación como Cafam y el de la Red Capital de Bibliotecas Públicas (Biblored), a cargo de Colsubsidio. Por eso asegura que detrás del informe de la Contraloría Distrital existen fuertes presiones políticas para desprestigiar la Secretaría de Educación, pero no se estaría basando “en evidencias sólidas”.

Mientras la indagación preliminar surte sus trámites y la Secretaría de Educación precisa su posición sobre estos supuestos hallazgos, hay que esperar si existe mérito o no para abrir una investigación fiscal por estos convenios de asociación. Por lo pronto, cabe recordar que Javier Suárez, exdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), fue destituido e inhabilitado por la Personería por “no ejercer vigilancia” en un convenio de asociación con la Fundación Celestin Freinet en noviembre de 2013, por $742 millones.

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2014-10-25T11:56:12-05:00

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Redacción Bogotá

Bogotá

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