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hace 4 horas

Luz roja a licitación para semáforos inteligentes: Distrito suspende el proceso

La Secretaría de Movilidad acogió una solicitud de la Procuraduría, que advirtió presuntas irregularidades en el proceso. Es la segunda vez que se frena la licitación por solicitud del ente de control.

Tomada de Pixabay/Referencia

Acogiendo una solicitud de la Procuraduría General de la Nación, este martes la Secretaría de Movilidad de Bogotá nuevamente suspendió la licitación que busca actualizar a la ciudad en materia de semaforización, y que asciende a los $215 mil millones. Por este mismo proceso, el titular de la entidad, Juan Pablo Bocarejo, está en la mira del ente de control por la presunta violación a los principios de publicidad, transparencia y planeación.

(Lea: Investigan al secretario de Movilidad por licitación de semáforos para Bogotá)

Según la Procuraduría, que ya en octubre pasado había hecho frenar el proceso, se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la consultoría contratada para la licitación, así como anomalías en la suscripción de un otrosí que terminó por separar el tema de los semáforos del de las comunicaciones telefónicas. (Lea: Por solicitud de Procuraduría, suspenden licitación para semáforos inteligentes en Bogotá)

“Se investiga por qué, sin contar con los productos finales de la consultoría contratada para ese fin, el 10 de junio fue abierta la licitación. Además, se investigan las posibles irregularidades ocurridas en el proceso de suscripción del otrosí número 3 al convenio entre la Secretaría de Movilidad, la Empresa de Teléfonos de Bogotá y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en especial el que separó el tema de los semáforos del de las comunicaciones telefónicas”, señaló el ente de control.

En respuesta, este martes la Secretaría de Movilidad anunció que acogerá la solicitud de suspensión, buscando “dar las explicaciones que sustentan el íntegro apego a la legalidad del proceso en referencia en los términos exigidos por el Estatuto General de Contratación Pública”. La administración defendió también “la solidez jurídica, técnica y financiera del proceso”, así como la transparencia que, asegura, se ha surtido en cada etapa con el fin de garantizar una pluralidad de oferentes.

La Procuraduría, a través de su unidad Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, había solicitado la suspensión inmediata de la licitación antes las dudas que persistían respecto a si se adoptaron o no las medidas necesarias para asegurar la conservación del patrimonio público de Bogotá. Entre otras, el ente de control advirtió que no hay coherencia entre los documentos contratados a la consultoría por parte de la Secretaría de Movilidad y los que están publicados en el portal de contratación.

“Entre las pruebas que ordenó figura escuchar en declaración a varios de los oferentes interesados en participar en la licitación, y quienes han hecho observaciones públicas sobre el trámite, en especial sobre el contrato de consultoría por $5.499 millones con la firma C&M- IDOM, que elaboró los estudios y estructuró técnica, financiera y legalmente el proyecto”, indicó el organismo.

Por estos hechos, se abrió investigación disciplinaria contra el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, a quien indaga por la presunta violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación pública.

La investigación también afecta a Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de Servicios de Movilidad, en calidad de delegataria como ordenadora del gasto, y a Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales de la Secretaria.

En contexto

La ciudad lleva 10 años tratando de renovar la red de semáforos, pero los intentos han terminado empantanados por denuncias. La reciente licitación que abrió la Secretaría de Movilidad, por $215 mil millones, no fue la excepción. Desde el anuncio, la Procuraduría hizo reparos y criticó la falta de claridad del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.  El Ministerio Público cuestionó los cambios al convenio con la ETB, para operar el sistema; un posible conflicto de intereses de los que estructuraron el proceso, y que no armonizó el plan con la modernización del transporte. 

Los fracasos en este proceso tienen antecedentes desde 2008, cuando Movilidad abrió una licitación que declaró desierta porque nadie cumplía las condiciones. En 2009 la abrió de nuevo, por $215.000 millones, pero la cerraron por falta de presupuesto. Ante ese panorama, planteó dividir la modernización en tres fases, que culminarían en 2012, pero tampoco la realizó. El último intento lo hizo la administración Petro en 2015, pero fracasó luego de que la Procuraduría advirtió inconsistencias en los pliegos. La licitación suscitó especial interés, debido a que la Movilidad había fracasado en la compra de insumos para modernizar la red de semáforos, que le valió una investigación al exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez y al concejal conservador Severo Correa, quien al parecer medió entre los contratistas y el Distrito para cerrar el negocio.

La historia parece repetirse, y lo que preocupa es que la gente debe seguir lidiando con la vieja red semafórica que atenta contra la agilidad del tráfico en Bogotá. Esta es una de las secuelas del incumplimiento de un macroproyecto que buscaba crear un Sistema Inteligente de Transporte (SIT), que pretendía controlar el tráfico desde un centro tecnológico, donde se manejarían los tiempos, de acuerdo con la situación en la que se encontraran las vías.

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