'Mafias' del 20 de julio amenazan formalización de vendedores ambulantes

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El Instituto para la Economía Social (IPES) debe incluir la reubicación de los vendedores informales de la calle 27 sur antes del nueve de febrero. De 1.456, tan sólo se han registrado 303.

Faltan tres días para que el Instituto para la Economía Social (Ipes) reubique a los vendedores informales que trabajan en la calle 27 sur (entre la carrera décima y la sexta). Para acatar el fallo del Consejo de Estado que ordena la reubicación el IPES abrió 900 puestos de venta en la plaza ferial 20 de julio para que los comerciantes vayan ocupándolos paulatinamente. En esa plaza los días pasan y los guías del IPES siguen esperando a los vendedores para que se registren. Hoy, de 1.456 comerciantes que están incluidos en el fallo, se han registrado 303.

Se sabía que en la plaza ferial del 20 de julio no podían recibir a todos los vendedores informales de la calle 27 sur. “Con el alcalde de San Cristóbal buscamos otras zonas, porque sabemos que pueden ser más de 1.456 vendedores. Esperamos que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) apruebe los permisos”, señala Jorge Pulecio, director del IPES. La versión de Pulecio coincide con la de algunos comerciantes que aseguran que entre las cuadras de la calle 27 el número de vendedores informales puede rondar los 3.000.

La pregunta que surge es: ¿por qué no se ha inscrito ni siquiera la mitad de la población censada? El Espectador visitó la zona y habló con algunos vendedores que ya pasaron por este proceso. La primera hipótesis tiene que ver los sindicatos de trabajadores informales del 20 de julio: “Firmas con el IPES. Listo. Si te va bien, te sacan del sindicato. Si te va mal, te joden, te amenazan y puede pasar cualquier cosa”, dice Ernesto*, un comerciante que lleva 17 años trabajando en el sector.
Registrarse en el IPES sería enfrentarse con un sector de los vendedores informales. De acuerdo con Ernesto, son tres sindicatos que tienen “el dominio de toda la gente y la zona”. Los domingos en la tarde, cuando los clientes ya se han ido, cruzan la calle 27 unos sujetos y se acercan a los puestos de venta: “cobran el arriendo del lugar, pueden ser $25 o $30 mil. La Asociación de Vendedores del 20 de julio es el sindicato que menos jode. Pero hay dos personas, Omar y Alejandro, que sí cobran hasta por el aseo de la calle”.

Dos comerciantes antiguos del 20 de julio le dijeron a este diario que ‘Omar’ y ‘Alejandro’ están allí desde hace 20 años. Cada fin de semana, según los vendedores, los sindicatos recogen mínimo $1.000 pesos por el servicio de aseo en cada local: “somos como 3.000, entonces súmele lo del aseo más los arriendos de $30 mil. A ellos no les conviene que uno firme con el Distrito porque terminan perdiendo plata”.

La calle 27 sur, entre las carreras Décima y Sexta, se convirtió en un negocio en la década de los noventa: “En ese entonces uno llegaba a los puestos quedándose dormido desde la madrugada para que nadie se lo quitara o tocaba comprarlo. Ya había dueños. Si quiere vaya un domingo e intente vender a ver si lo dejan. La única forma es comprando un puesto que le puede costar entre $1 millón y $2 millones”, explica Ernesto.

¿Pero no es espacio público acaso? “Hay líneas que usted no ve”, responde un vendedor informal. “Sólo con contarte que a Alejandro lo han intentado ‘bajar’ varias veces por tener varios puestos en la 27. No los maneja él, los arrienda. Los otros, que quieren adueñarse de todo, lo han amenazado. Los sindicatos se juntan sólo cuando viene el Distrito a reubicar”, dice el comerciante.

Sonia* trabaja confeccionando ropa en el sector desde los noventa. En su memoria se quedó grabado un recuerdo de 1998: “Nos iban a sacar y comenzaron a cobrarnos plata porque estaban angustiados por perderlo todo. Después de amenazar lo que hacen es recoger la plata que puedan. Ellos viven del arriendo de 10 o 15 casetas que tiene cada uno”. Para esta vendedora, armar un sindicato para vendedores informales es “una estafa”: “hay una señora que se llama María que también cobra por todo. Se supone que el sindicato nos representa pero lo que hacen es cobrar. Yo sí firmé con el IPES, así el espacio sea más pequeño uno sale de tanto problema”.

En diálogo con El Espectador, Jorge Pulecio afirmó que la entidad está buscando un acuerdo con los sindicatos: “la reubicación tiene que hacerse porque es una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y está validada por el Consejo de Estado. Creemos que hay más población de la que registró el censo de 2008. Como en estos días se están registrando los vendedores, sólo hasta el nueve de febrero a las cuatro de la tarde tendremos la cifra final. No vamos a sacar a ningún vendedor informal del proceso. Esperamos que esta semana lleguemos a un acuerdo con los sindicatos”. El director del IPES hizo énfasis en que actualmente existen créditos subsidiados y acompañamiento financiero para los vendedores informales de la ciudad.

Algunos vendedores informales, como Ernesto, ya se registraron: “Voy a vender menos, pero sé que en la plaza es algo estable”. “Por más que uno no quisiera les terminaba pagando a los dueños del puesto. Por eso vine a firmar. Tocará encomendarse Dios”, dice Sonia.

La versión de otro comerciante del sector es más negativa. Según él, si el IPES termina el proceso de registro el sábado “en la plaza se armaría un tropel con piedras. Ellos no se van a dejar sacar tan fácil. La única manera de que acepten la reubicación es que no terminen perdiendo plata”.

*Nombres cambiados por solicitud de las fuentes.

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