Magistrado, impedido por ser amigo del exconcejal Nelson Castro

Le correspondió revisar la tutela que llegó en segunda instancia al Consejo Superior de la Judicatura. La corporación declaró la nulidad de la decisión de primera instancia, porque le faltaba una firma.

Un tropiezo en el Consejo Superior de la Judicatura aplaza el desenlace de la batalla jurídica que libran en los estrados el destituido concejal Nelson Castro y la actual concejal Xinia Navarro, por la quinta curul del Polo Democrático. El magistrado, al que le correspondía resolver en segunda instancia la tutela con la que el destituido concejal busca regresar al cabildo se tuvo que declarar impedido. La razón: es amigo íntimo de Castro. (LEA: La lucha de dos miembros del Polo por una curul) 

Se trata del magistrado Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal, a quien le asignaron por reparto resolver el recurso. Sin embargo, el 22 de septiembre puso en conocimiento de sus compañeros de tribunal el impedimento, invocando el artículo 56 de la Ley 906 de 2004, que señala como causal: “amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial”. (LEA:Confirman destitución del concejal Nelson Castro)

Según los magistrados, en su afán por buscar la imparcialidad del juez, el legislador erigió con esta norma causales que, de concurrir, obligan al funcionario judicial a separarse del conocimiento de un proceso. “Considera la sala que le asiste razón al doctor Estupiñan Carvajal, en los motivos expuestos en su manifestación de impedimento”.  (LEA: Xinia Navarro, lista para reemplazar al destituido Nelson Castro en el Concejo de Bogotá)

Basados en este argumento, Pedro Alonso Sanabria Buitrago, presidente de la sala; Julia Emma Garzón de Gómez, vicepresidenta, y los magistrados Magda Victoria Acosta Walteros, María Lourdes Hernández Mindiola; Camilo Montoya Reyes y Julio César Villamil Hernández aprobaron el pasado 4 de octubre el acta aceptando el impedimento.

A pesar de que solo bastaba con nombrar a otro magistrado para seguir con el estudio de la tutela en segunda instancia, los magistrados, a su criterio, descubrieron una irregularidad en el fallo de primera instancia: le faltaba una firma. “Al revisar el fallo se observa que fue suscrita solo por el magistrado Alberto Vergara Molano (ponente), pero no la firmó la magistrada  Elsa Vanegas Ahumada”, dijeron los jueces del Consejo Superior de la Judicatura.

Por esta razón, consideraron necesario declarar nulo el fallo, al considerar este aspecto como una irregularidad sustancial que afectaba el debido proceso. “Si bien el magistrado Vergara la firmó, no cumple las formalidades, teniéndose que la misma no ha nacido a la vida jurídica y, por ende, la decisión quedó en el limbo, siéndole imposible a esta superioridad conocer la impugnación”. A pesar de esto, la magistrada Julia Emma Garzón de Gómez, salvó su voto, al señalar que no era necesario declarar la nulidad, ya que era suficiente con remitir el proceso para subsanar la falla.

Esta decisión obliga a que el proceso regrese a estudio del consejo seccional de la judicatura, donde se tendrá que subsanar el yerro y, a partir de entonces, volverán a correr términos para ser apelada la decisión de primera instancia ante el Consejo Superior de la Judicatura.

La curul del Polo en Disputa

Para entender este enredo es clave decir que Castro tuvo que dejar su curul luego de que en julio pasado la Procuraduría, en segunda instancia, confirmó su inhabilidad por 11 años, al encontrar que incurrió en una falta disciplinaria gravísima: se lanzó al Cabildo sin renunciar a su cargo como funcionario de la Empresa de Acueducto. De hecho, según reposa en el expediente, a pesar de haber pedido una licencia no remunerada para participar en política (concedida el 23 de julio de 2015), actuó como presidente del sindicato Sintraserpucol en varias negociaciones con las directivas del Acueducto. (LEA: Xinia Navarro, lista para reemplazar al destituido Nelson Castro en el Concejo de Bogotá)

Paralelo a este pleito disciplinario, se libró otro proceso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que pidieron declarar nula su elección. En primera instancia, y casi con los mismos argumentos de la Procuraduría, los magistrados declararon nula la elección de Castro. A esto se sumó una tutela que también perdió en primera instancia en el Consejo Seccional de la Judicatura.

Fueron cuatro pronunciamientos los que ratificaron la irregularidad de Castro y, de paso, le abrieron la puerta a Navarro para ser la nueva concejala del Polo. Ella se posesionó el 9 de agosto, día en el que aseguró que emprendería una lucha a favor de los vendedores ambulantes. Castro, por su parte, dejó su cargo, no sin antes decirles a los miembros del cabildo que interpondría acciones legales para recuperar su curul.

El destituido concejal siguió su pelea y de todas las batallas judiciales, finalmente ganó una. El Consejo de Estado emitió el pasado 26 de septiembre un fallo que le dio un giro a esta historia y puso en evidencia un vacío en la norma, que podría jugar a favor del líder sindical. El alto tribunal acogió los argumentos de Castro y revocó la sentencia que declaraba nula su elección. Uno de los argumentos fue que, pese a que Castro era profesional especializado en el Acueducto, no era clara su inhabilidad y tenía vía libre para aspirar al Concejo.

“Al no encontrarse establecida como situación prohibitiva el ejercicio del cargo de profesional especializado (…) en el carácter de trabajador oficial, podía participar en la contienda electoral y, por ende, resultar electo como concejal”. La decisión, además, instó al Congreso a reglamentar las condiciones sobre la participación en política de los servidores públicos.

Algo que llamó la atención en la decisión fue la intervención del delegado de la Procuraduría. A pesar de los fallos disciplinarios y de que en la primera instancia del proceso de nulidad respaldó la tesis de la inhabilidad de Castro, cambió radicalmente de posición y terminó pidiendo revocar la decisión que anulaba la elección del político.

Aunque este fallo, en principio, le devolvería la credencial de concejal al líder sindical, por ahora no puede regresar a su curul, ya que sigue en firme la sanción de la Procuraduría. Es por esto que Castro ahora centra sus esfuerzos en buscar que un juez suspenda la sanción disciplinaria.

Ante la confirmación en segunda instancia de la sanción de la Procuraduría, el destituido concejal radicó una tutela el 4 de agosto pasado ante el Consejo Seccional de la Judicatura. En ella pidió la protección de sus derechos al debido proceso, al acceso efectivo a la justicia administrativa, al ejercicio del poder político, los cuales, según él y sus abogados, fueron vulnerados por la Procuraduría.  

Los argumentos fueron que, si bien podía acudir a la justicia administrativa para demandar la sanción de la Procuraduría, esta no tenía la celeridad para remover los efectos de la sanción. Por esta razón, pidió que se suspendieran los efectos de la decisión, mientras la jurisdicción “administrativa define el asunto con sentencia en firme”. 

El 18 de agosto, los magistrados del Consejo Seccional rechazaron la petición, argumentando que él tenía la opción de pedir medidas cautelares al juzgado administrativo y que no estaba probada la existencia de un perjuicio irremediable contra algún derecho fundamental. La decisión la tendrán que revisar los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, que tienen en sus manos el futuro de este caso.

 

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