Maniobras para conseguir contratos

El nombre del arquitecto Fidias Álvarez, restaurador del Palacio de la Inquisición en Cartagena, fue usado en una licitación en Bogotá sin autorización.

La obra de remodelación del Palacio de San Francisco, en Bogotá, tiene en aprietos a un consorcio.
La obra de remodelación del Palacio de San Francisco, en Bogotá, tiene en aprietos a un consorcio.

Lo que empezó con un proceso de licitación para la interventoría de la restauración de las fachadas del Palacio San Francisco, en Bogotá, está a punto de terminar en un lío jurídico. Una denuncia ante la Fiscalía y una queja ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería tiene en problemas a tres ingenieros que usaron sin autorización el nombre del arquitecto cartagenero Fidias Álvarez Marín, para competir por un contrato por $90 millones.

El pasado 9 de julio la entidad anunció como proponentes a Julián Suárez López, Rafael Eduardo Zamora Melo y al Consorcio Restauración, integrado por Fabio Eduardo Patiño Jaramillo, Wilson Andrés Domínguez Castiblanco y Carlos Alfonso Cortés Bautista. Hasta ahí todo normal.

Sin embargo, nueve días después, se descubrió el engaño cuando Rafael Zamora Melo, uno de los proponentes, llamó al arquitecto Fidias Álvarez Marín, amigo y colega, para preguntarle por su participación en el proceso. Lo hizo, porque le pareció raro que la hoja de vida de su amigo apareciera en la propuesta del Consorcio Restauración, integrado, según él, por ingenieros poco conocidos en el gremio. La respuesta de Álvarez Marín dio razón a su sospecha: él reconocido arquitecto no tenía ni idea de su participación en el Consorcio, ni conocía a sus miembros.

El proceso de contratación lo abrió a mediados de este año el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca, (Fondecún). Según el documento que conoció El Espectador, Fidias Álvarez Marín aparecía como director de Interventoría en la propuesta del Consorcio Restauración, creado específicamente para participar en la licitación.

Álvarez Marín, quien obtuvo en 2004 el Premio Nacional de Arquitectura en Restauración por el proyecto del Palacio de la Inquisición en Cartagena, le confirmó a este diario que jamás ha licitado en Bogotá y que nunca recibió comunicación del consorcio para vincularse al concurso o facilitar su hoja de vida. Ni siquiera conocía a los ingenieros integrantes. Además, encontró que su experiencia profesional había sido alterada al incluir proyectos en los que jamás trabajó.

Por ejemplo, al revisar los certificados laborales que aportó el Consorcio Restauración a Fondecún para la licitación, el arquitecto Álvarez Marín encontró que tenía cinco experiencias laborales como director de Interventoría en importantes contratos en los que no trabajó, como la Estación de la Sabana en Bogotá, la etapa I del proyecto de rehabilitación del espacio público para la recuperación del centro histórico de Santa Marta y el proyecto de la plaza de la Concepción de Santa Cruz de Mompox, donde sí participó, pero no como director de Interventoría ni con el consorcio que aparece en el certificado.

La explicación de Carlos Cortés Bautista, uno de los ingenieros del cuestionado Consorcio Restauración, confirma que nunca consultaron a Álvarez Marín. “Reconozco que hice mal en no haberle consultado, pero no falsifiqué ningún papel. No vi problema en usar su hoja de vida, porque tenía pensado avisarle una vez me ganara la licitación”.

El uso de las hojas de vida de los profesionales para incluirlas en licitaciones públicas sin contar con el consentimiento de los mismos es más común de lo que se cree. Fuentes consultadas por El Espectador, pertenecientes al gremio de los arquitectos, que prefieren no revelar sus nombres por seguridad, señalaron que se escogen perfiles altos de profesionales y se usan en las propuestas para ganarse los contratos.

Su versión la comparte la abogada Verónica Álvarez, apoderada del caso de Álvarez Marín, quien señala que esta práctica se ha convertido en un verdadero negocio, porque una vez eligen la propuesta y se celebra el contrato, “estas personas utilizan la excusa de haber encontrado a un profesional ‘más calificado’ para ejecutar el contrato, sacan al profesional con el que se participaron y todo continúa como si no hubiese pasado nada”.

La abogada Gladys Pacheco adelanta una denuncia por un caso similar al del arquitecto Álvarez. En este caso analiza la supuesta falsificación de certificados laborales para tener ventaja sobre los otros proponentes en un concurso de contratación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. “Esta práctica es una costumbre irregular e indicativa de corrupción, porque uno no puede engañar a la administración proponiendo un profesional y luego cambiarlo una vez se otorgue el contrato”, asegura.

Además, insiste en que “es una práctica ilegal, porque la ley de contratación pública exige que los pliegos de condiciones deben ser cumplidos por las partes y si en el pliego se exige que el Director de Interventoría debe cumplir con unos requisitos específicos y después se cambia, constituye una burla a la ley”. Según la abogada, en cualquier proceso de licitación se debe verificar la información y remitir la denuncia a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General cuando hay denuncias.

Actualmente se encuentra en curso una denuncia formal interpuesta el 3 de octubre en el complejo judicial de Paloquemao por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado contra los tres ingenieros integrantes del Consorcio Restauración y una queja en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) que está siendo investigada. Así resume lo sucedido el arquitecto Fidias Álvarez: “Uno se demora años construyendo un nombre y ellos lo usan para licitar y luego cambian al profesiona, porque la misma estructura del Estado permite que eso suceda”.

Sanciones a ingenieros

Los ingenieros incurren en faltas al código de ética cuando presentan hojas de vida de profesionales sin que éstos den su consentimiento para participar en licitaciones de contratos. Así lo aseguró José Nemeth Esquinas, subdirector jurídico del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), entidad encargada de vigilar el ejercicio profesional de los ingenieros. Por esta falta se puede suspender la matrícula profesional del ingeniero hasta por 24 meses, dependiendo de los agravantes. Sin embargo, hasta el momento la entidad nunca ha sancionado por este caso específico. Durante 25 años, 205 ingenieros han sido sancionados por diferentes motivos y en el momento están en primera instancia 208 casos y en segunda, 106.

¿Quién es Fidias Álvarez Marín?

Arquitecto cartagenero, con 22 años de experiencia profesional. Graduado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con la máxima distinción de Tesis Laureada. Ha llevado procesos de recuperación de los Centros Históricos de Cartagena de Indias, Mompox y Santa Marta. Fue director del Museo Histórico de Cartagena, fundador de la Fundación Fototeca Histórica y restaurador del Parque Bolívar de la misma ciudad.