Más imputados en el caso del grafitero

La Fiscalía formuló cinco cargos a un coronel y dos subintendentes de la Policía que estarían involucrados en la muerte de Diego Felipe Becerra.

El coronel John Harvey Peña entró sonriendo a la audiencia de imputación de cargos en su contra. / Cortesía ‘Semana’

Por supuestamente “encubrir y maquillar” los hechos que el 19 de agosto de 2011 terminaron en la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra, la Fiscalía les imputó ayer cargos al coronel de la Policía John Harvey Peña y a los subintendentes Fléiber Leandro Zarabanda y Nelson Giovanni Tovar.

En la audiencia, que fue reservada por petición del fiscal, el ente investigador les anunció a los uniformados que los procesa por favorecimiento al homicidio, tráfico y porte ilegal de armas, destrucción y alteración del material probatorio, falso testimonio y fraude procesal, delitos por los cuales podrían enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.

Según la versión del ente acusador, después de que Diego Felipe Becerra fue llevado al hospital debido a una herida de bala que le habría propinado el patrullero Wílmer Antonio Alarcón, el coronel Peña (entonces subcomandante de la estación de Suba) fue a la clínica Shaio, donde Becerra murió minutos después. Luego estuvo en la escena del crimen en compañía de los coroneles José Javier Vivas y Nelson Arévalo, respectivamente subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y comandante de la estación de Suba. Ambos están hoy detenidos, pues también habrían participado en el posible encubrimiento del crimen.

Cuando el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llegó a la 1:10 a.m. al lugar de los hechos, no había ningún arma. Según la Fiscalía, mientras eso ocurría, los subintendentes Zarabanda y Tovar supuestamente conseguían un arma en la localidad de Kennedy por $500.000, para poder decir que era de Diego Felipe Becerra y que la había usado para atracar un bus. Los testimonios recogidos en la investigación señalan que los dos subintendentes, luego de adquirir el arma, fueron al humedal de Córdoba, hicieron varios disparos y luego se la entregaron al abogado del patrullero, Héctor Hernando Ruiz, para que supuestamente la pusiera en la escena del crimen.

Miriam Pachón, abogada de la familia Becerra, reiteró que la Policía sigue entorpeciendo el caso: “Me extrañó mucho que las medidas de aseguramiento del coronel Peña y los subintendentes Tovar y Zarabanda se demoraran cuatro días, cuando son personas ubicables. No entiendo por qué cuando los altos mandos de la Policía cometen actos ilícitos, inmediatamente empiezan a tapar todo”.

Por otro lado, Liliana Lizarazo, madre de Diego Felipe, aseguró que aún continúan las presiones en su contra para que no continúe con el caso. “Seguimos con la lucha y todos los que participaron directa e indirectamente en el delito deben ser condenados”, dijo ayer, antes de entrar a la audiencia.

Al cierre de esta edición aún no se sabía si el juez 73 de control de garantías de Bogotá les había dictado medida de aseguramiento al coronel Peña y los dos subintendentes de la Policía. Por lo pronto, la Fiscalía sigue encajando las piezas del rompecabezas del homicidio de Diego Felipe Becerra, buscando que condenen a los responsables.

Hasta el momento han sido detenidos el patrullero Wílmar Alarcón, quien, se supone, fue el que le disparó al grafitero, y el subteniente Rosemberg Madrid Orozco, entonces comandante del CAI Andes, unidad que atendió inicialmente el caso, así como el subintendente Juan Carlos Leal Barrera y el patrullero Nelson Daniel Rodríguez, quienes eran subalternos de Madrid. En febrero de este año les imputaron cargos a los coroneles José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo. En estos momentos avanzan las investigaciones contra otros cinco uniformados, entre los que estarían coroneles, capitanes, tenientes y generales de la institución.