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El comienzo de otro año escolar también significó para Bogotá el arranque de una nueva etapa para los colegios en concesión, un modelo que comenzó, precisamente, en la primera administración de Enrique Peñalosa (1998-2000). Aunque por el momento se mantienen bajo esa figura las mismas 22 instituciones educativas (34.000 estudiantes), en siete de estas cambió el administrador. Además, los encargados deberán garantizar de aquí a los próximos cinco años la oferta de jornada única para sus alumnos.
Como las concesiones adjudicadas en el primer gobierno del alcalde terminaban el año pasado, la Secretaría de Educación Distrital (SED) abrió un proceso para contratar por los próximos 10 años a los administradores privados de los 22 colegios. En diciembre adjudicó los contratos, que suman $817.550 millones.
La principal novedad es que se fortaleció el poder de las comunidades religiosas sobre estas instituciones educativas. Hasta el año pasado administraron ocho colegios, pero después del reciente proceso quedaron a cargo de 14. Y eso se debe, sobre todo, a la salida de las cajas de compensación familiar Comfenalco y Colsubsidio, que en el último tiempo se encargaron de cuatro instituciones y para esta ocasión no se presentaron. Además, Cafam perdió dos colegios, que quedaron en manos de los Hermanos Maristas de la Enseñanza.
Aunque los estudios que se han hecho sobre el tema generalmente evalúan los resultados académicos y no el carácter confesional o laico de los administradores, una investigación de 2015 de la Universidad Autónoma de Barcelona llama la atención por los posibles efectos que pueda generar la inculcación de valores religiosos a pesar de que la educación es laica. Muchos padres de familia, sin embargo, ven esto como algo positivo, según el informe.
El caso es que la Secretaría de Educación de Bogotá hace una serie de exigencias a los concesionarios en cuanto a lineamientos de calidad, clima y permanencia escolar, y en caso de incumplimientos (estar por debajo del 60 % de lo pactado) impone multas, dependiendo de la gravedad. Este año, por ser el primero, se tomará como período de aprendizaje y no se tendrá en cuenta en las evaluaciones.
La principal meta que les imponen es hacer la transición a jornada única en los seis colegios que aún no la ofrecen: Las Mercedes, Torquigua, San Vicente, Nueva Roma, José María Velaz y San Ignacio. Tienen un plazo de cinco años y para ello deberán ajustar los planes de estudio. Esto implica que los alumnos de esas instituciones estudiarán seis horas diarias en preescolar, siete en primaria y ocho en bachillerato.
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Carlos Reverón, director de cobertura de la SED, explica, por otra parte, que los nuevos contratos implican un incremento de la inversión anual por alumno. Además, la SED, y no el administrador, costeará la alimentación escolar, y la contratación de personal deberá ser, mínimo, de 11,5 meses al año, y no quedará, como en años anteriores, a criterio del concesionario.
De esta forma empieza una nueva etapa para estos 22 colegios, en los que diferentes investigaciones han probado, no sin algunas observaciones, que existe una tendencia a brindar educación de mejor calidad que en los colegios administrados directamente por la SED. Hay que tener en cuenta, no obstante, que recientes mediciones indican que la brecha entre unos y otros tiende a cerrarse. Peñalosa, convencido de esta apuesta, promete que 15 de los 30 colegios nuevos que construirá sean administrados por privados. En total serían 37.