“Me están causando un daño económico enorme”: Pedro Gómez

El fallo de la Corte Constitucional que ordenó suspender las obras del proyecto Serranías de los Nogales creó, según el empresario, “una situación de inseguridad jurídica en el sector de la construcción”.

El Espectador

Pedro Gómez no ha dado por perdida la batalla contra el grupo de vecinos que logró, a través de una tutela, suspender las obras del proyecto inmobiliario Serranías de los Nogales. En los planes de Pedro Gómez & Cía. y la caja de compensación familiar Colsubsidio estaba la construcción de 60 apartamentos en la calle 79B con carrera cuarta, en el exclusivísimo sector de Rosales, donde el metro cuadrado ronda los $10 millones. El proyecto, que estaba en ejecución desde 2011, tuvo que ser suspendido por un fallo de la Corte Constitucional proferido en enero de este año.

Los residentes del Edificio Belmonte III se convirtieron en el dolor de cabeza de Colsubsidio y de Pedro Gómez desde febrero de 2012. Fue en ese entonces cuando Leonardo Bernal Morales y otros habitantes de la zona interpusieron una tutela ante el Juez 11 Municipal, al considerar que la construcción de Gómez estaba siendo desarrollada en un lote de carácter dotacional, es decir, para uso de entidades educativas o culturales. El juez les dio la razón a los vecinos y la obra fue suspendida por cuatro meses. Aunque en junio de 2013 reinició porque cesaron los efectos de la tutela, la semana pasada la Corte Constitucional confirmó la decisión del Juez, lo que dejó en vilo el proyecto.

Ante este panorama, Pedro Gómez acudió a los medios de comunicación para expresar su molestia con el fallo de la Corte: “Así a la Corte se le hayan ido las luces y piense que ahí se puede construir una universidad, en un barrio estrato siete, considero que se pueden buscar fórmulas más razonables. La Corte no sólo fue injusta, sino que nos está causando daños muy cuantiosos, tanto a los inversionistas como a Colsubsidio. Cometió un error gravísimo, pernicioso: creó la inseguridad jurídica en materia de construcción”.

Gómez optó por solicitar que el fallo, resuelto por tres magistrados de la Corte Constitucional, se revisara en Sala Plena (con los nueve integrantes del alto tribunal): “Aspiramos a que las decisiones se modifiquen”. De lo contrario, asegura, “podríamos analizar con Colsubsidio, que es una entidad a la que le gusta desarrollar espacios culturales, cómo se puede construir una estructura adicional allí, en un barrio residencial. Esperamos que los propios vecinos sean quienes nos digan si realmente preferirían la construcción de una universidad, un colegio o, ¿por qué no? Un hospital”. Pedro Gómez reiteró “estar abierto al diálogo, a mirar alternativas, porque no queremos causarle daño a nadie. Le pedimos a la comunidad que piense en sí misma y en los demás”.

Del lado de Gómez está Luis Carlos Arango, director de Colsubsidio. En el lote, que es propiedad de Colsubsidio desde 1967, funcionó el Colegio Femenino: “Todos los días recibía cartas en las que decían que el lote no era para un colegio sino para vivienda; que las niñas hacían mucho ruido. Frente a las perturbaciones señaladas por los vecinos lo trasladamos a las instalaciones del Colegio Rochester. Quisimos desarrollar el lote con el empresario que sabe desarrollarlo”.

Tanto Gómez como Colsubsidio consideran que existen soportes jurídicos que justifican la construcción de torres de ocho pisos en el predio: “Es claro que en ese sitio residencial, de estrato seis y pico, debía haber un desarrollo habitacional respetando el edificio del colegio, que es un bien de conservación. De hecho, expertos en conservación estaban a cargo de la transformación del edificio sin deteriorarlo. Por haber parado la obra la estructura del edificio podría estar en riesgo” señala Pedro Gómez. La Corte Constitucional no definió un periodo de suspensión. Sin embargo, Gómez dice que acatará el fallo: “nosotros no somos tramposos. Nos ordenaron suspender la obra y la suspendimos”.

Entre los puntos tenidos en cuenta por la Corte Constitucional a la hora de fallar contra el proyecto urbanístico de Gómez, se señaló que no hubo participación de la comunidad para tomar decisiones sobre el proyecto. El empresario, no obstante, sostiene otra cosa: “En el trámite de la licencia de construcción hubo un amplio debate, participaron los vecinos que se oponían a la misma y fue objeto de los recursos de reposición y apelación. El precedente que deja esta decisión es muy nocivo para el sector de la construcción. En adelante, ¿cómo estará seguro un inversionista para iniciar un proyecto que, aunque cuente con licencia, puede ser suspendido vía tutela?”.

Gómez aseguró, además, que interpondrá un recurso de nulidad para que el Consejo de Estado también intervenga en el proceso. Un camino espinoso a recorrer si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional es el órgano de cierre de las tutelas y que, cuando una alta corte interviene en la decisión de una de sus pares, suele generarse una delicada situación en la Rama Judicial que se conoce como “choque de trenes”. En su fallo, la Corte indicó que la Secretaría de Planeación había violado el debido proceso al proferir la resolución 1062 de 2007, que cambió el uso del predio hoy cuestionado de dotacional a residencial. La Corte concluyó que “el inmueble ubicado en la calle 79B 4-26 tiene un carácter de bien de interés cultural”. Pero este empresario de la construcción está dispuesto a agotar hasta el último recurso legal para probar que es él quien tiene la razón en esta pelea.
 

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