Menores en líos con la justicia: ¿en qué se está fallando?

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“Me pillaron robando. Ese día había consumido, intenté robar a alguien, lo apuñalé y me capturaron. Me cogieron unos taxistas que me agredieron y luego me rescató la Policía. ¿Cómo llegué a eso? Tenía problemas familiares, me dejé llevar por las adversidades y por energías negativas. Claro, también por malas amistades. Llegué a un punto en el que no pude controlar mi intolerancia ni mi carácter. Terminé haciéndole daño a la gente porque sí”.

Aunque pareciera que por las circunstancias del hecho –intento de homicidio, hurto y consumo de drogas– este testimonio fuera el de un adulto, quien habla es un menor de apenas 17 años, que fue judicializado cuando no superaba los 15 años. Su nombre es David* y aún recuerda con vergüenza las situaciones que lo llevaron a responder ante la justicia: él forma parte de los más de 234.000 menores que, entre 2006 y 2018, han sido atendidos por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

Se trata de un sistema de justicia especializado para jóvenes que incurren en delitos, el cual contempla medidas de carácter pedagógico y de resocialización, apostándole a la reconciliación entre víctima y victimario. Sin embargo, no deja de lado la garantía de verdad y reparación del daño.

Solo en el primer semestre de 2018, de acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fueron cobijados por este sistema 11.507 menores. Esto implica que, en promedio, cada hora casi tres adolescentes resultan inmersos en líos con la justicia. Las estadísticas indican también que en el 30 % de los casos los jóvenes terminan judicializados por porte o tráfico de drogas; un 29 %, por robos, y otro 12 %, por hurtos cometidos con violencia.

En el caso de David, la sanción fue de 30 meses en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (Cespa), ubicado en la calle 12 con 30. Inicialmente, tras ser capturado y mientras se investigaba el caso, duró cuatro meses allí. Luego, una vez se definió su proceso, fue recluido por siete meses en el centro Bosconia, en la localidad de Santa Fe. Asegura que, gracias a su buen comportamiento, “se salvó” de terminar confinado en El Redentor, considerado para la mayoría de jóvenes infractores como el sitio más severo e inclemente de los que hay en la ciudad.

Quien no corrió con la misma suerte fue Joseph Luna, de 19 años, que prefiere no hablar de lo que hizo, pero que es enfático en advertir los malos tratos e irregularidades que se presentan en El Redentor, el mismo donde hace un mes –tal como quedó al descubierto en un video– se presentó un caso de abuso de autoridad protagonizado por policías que, con palos, golpearon a un grupo de menores que intentaron fugarse.

“Tomé malas decisiones y terminé cogiendo el camino equivocado”, explica Joseph, quien fue cobijado por el SRPA cuando tenía 14 años. Fue sancionado a tres años y aunque solo permaneció dos meses en El Redentor, ese tiempo bastó para conocer de cerca las dificultades en el centro de reclusión.

“Allá todo es muy delicado. Hay mucho ‘cacique’, es decir, pelados que mandan la parada en consumo de drogas, porte de armas y hasta la forma de relacionarse. Por ejemplo, a alguien que ‘sapeara’ un intento de fuga lo amenazaban con acuchillarlo (…) Allá hay secciones y los educadores son los responsables de nosotros. La mayoría son buenas personas, que nos educan, nos tienen paciencia y nos tratan bien. Pero también hay otros que, cuando ya se sienten muy maltratados, reaccionan mal”, asegura.

Según el joven, en los intentos de motín y de fuga –circunstancias en las que la Policía tiene autorización para ingresar a controlar la situación– se presentan la mayor parte de maltratos y abusos. Cuenta que, en una ocasión, los mismos educadores arrojaron una suerte de gas lacrimógeno para intentar disuadir a quienes querían fugarse durante una revuelta. Al no lograr su cometido, la situación fue atendida por la Policía.

“Ellos eran más agresivos, había uno que tenía un palo y decía ‘con este es con el que le rompo las piernas a cualquiera que se intente volar (…)’. Los pelados que agarraban terminaban en algo que llaman ‘marraneras’, celdas en el mismo Redentor, que son pequeñas y huelen horrible. Era el castigo”.

Las fallas del SRPA

Aunque el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes está pensando para resocializar y brindar educación a jóvenes que terminan delinquiendo –bien sea por contextos conflictivos o violentos, situaciones de abandono, casos de instrumentalización delincuencial, entre otras– para los expertos el modelo no se está aplicando correctamente y desemboca en abusos, pese a que la ley establece que los menores son sujetos de derechos con interés superior y merecen un enfoque diferencial.

En este contexto, no se pueden dejar de lado las condiciones de extrema pobreza y desigualdad que inciden también para que un menor resulte en líos con la justicia. Según Alejandro Ruiz, miembro de la organización Aldeas Infantiles –especializada en la atención a la infancia y la adolescencia– en el 84 % de los casos los menores que roban lo hacen para darles de comer a sus familias, con el agravante de que no han recibido educación inicial y, muchas veces, son víctimas de maltrato en sus hogares.

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A pesar de que la ley colombiana para el tratamiento de menores infractores está en línea con directrices internacionales de respeto de los derechos humanos, el gran problema es su aplicación y cómo son considerados los adolescentes.

“Los operadores a los que contrata el ICBF para manejar estos centros no aplican las directrices, ni tratan a los menores con un enfoque pedagógico. Para ellos son delincuentes, peligrosos, que deben ser encerrados y tratados a la brava (…) La falla es que se aplica un modelo represivo y no restaurativo, que les brinde oportunidades”, manifiesta Ruiz.

En esto coincide la jueza Diana Marcela Cruz –encargada de impartir justicia en los casos en que los adolescentes entran en conflicto con la ley–, quien asegura que las organizaciones contratadas para los centros de menores, generalmente, no son las adecuadas ni tienen el conocimiento y la experticia para lograr que un joven sea efectivamente resocializado.

“Hay operadores que están violando y vulnerando los derechos de los adolescentes. Lo que se ve en noticias es cierto: hay maltrato, golpes con cadenas y hasta complicidad para el microtráfico”, declara la jueza, quien esta semana fue testigo de un incendio en el Cespa (donde queda su oficina), producto de un amotinamiento.

Otra de las dificultades en estos establecimientos es que muchas veces comparten espacios menores y mayores de edad, pues hay jóvenes que, aunque son judicializados antes de cumplir los 18 años, terminan pagando la pena cuando ya tienen mayoría de edad. Actualmente el 52 % de la población del SRPA ya tiene cédula. En estos casos, la legislación establece que los adolescentes deben cumplir la totalidad de la sanción en los centros especiales, sin importar su edad.

En opinión de Esmeralda Rivera* –quien se desempeñó como educadora en El Redentor durante dos años– esta situación se presta para que menores de 14 o 15 años resulten compartiendo espacios con jóvenes de hasta 25, quienes, por su recorrido en el mundo delincuencial, pueden terminar instruyendo a los más chicos en formas más sofisticadas de actuar en materia criminal.

“Se debería distribuir mejor a los chicos, pues hay unos que tienen más experiencia que otros en la calle. Los casos no están perfilados y eso dificulta el manejo de los grupos, así como la atención de quienes quieren resocializarse. Para esto se requiere personal con más experiencia, pues muchas veces quienes están allí no son los más capacitados, y esa es una gran debilidad”, agrega Rivera.

Estas dificultades no son ajenas para el ICBF. Hace un mes, cuando se conoció el video de las agresiones en El Redentor, su directora, Juliana Pungiluppi, alertó las fallas en el SRPA, así como las “deficientes condiciones de infraestructura” en los centros, que no permiten prestar servicios adecuados.

“La infraestructura no es la mejor para garantizar procesos de resocialización. Hay proyectos de alfabetización, formación para el trabajo y buen uso del tiempo libre, pero no todos los jóvenes participan. Necesitamos recuperar a estos menores y vamos a fortalecer el trabajo”, dijo la funcionaria.

En lo que coinciden expertos, autoridades y los mismos jóvenes es que las dificultades no son de orden punitivo, sino de brindarles cada vez más oportunidades para que reorienten sus vidas y se planteen proyectos a largo plazo. No menos importante es la labor inicial que deben hacer padres de familia para educar a sus hijos desde los hogares.

En suma, se trata de un trabajo conjunto, que demanda coordinación y esfuerzos para que no se sigan repitiendo casos de agresión, y que estos jóvenes le apuesten más a seguir en los procesos de formación y no por volver a delinquir a las calles.

Experiencias exitosas

Buscando privilegiar un enfoque restaurativo, pedagógico y de resocialización, el ICBF ha implementado programas como el proyecto “Sueños”, que aunque no tiene cobertura en todos los centros, apuesta por iniciativas de reeducación y formación para que los menores accedan a oportunidades de estudio.

Asimismo, organizaciones privadas como Terre des hommes (de origen suizo) han desarrollado estrategias para asistir y ayudar a los adolescentes, a quienes preparan para la libertad y los acompañan después de cumplir sus condenas para que concreten sus proyectos de vida, accedan a oportunidades laborales, académicas y formativas, aportando así a la sociedad.

¿Qué establece la ley para el tratamiento de infractores?

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) está incluido en el Código de Infancia y la Adolescencia. Abarca un conjunto de normas y procedimientos para que las autoridades judiciales especializadas y entes administrativos actúen de forma diferencial en el juzgamiento de adolescentes entre 14 y 18 años que cometen delitos.

Su finalidad es que se garanticen medidas de carácter pedagógico, privilegiando el interés superior y garantizando la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Tal como está ideado, el sistema le apuesta a construir conciencia y responsabilidad social entre los jóvenes infractores, procurando involucrar de forma activa a su familia y favoreciendo, en la mayoría de casos, mecanismos alternativos de justicia, en lugar de privaciones de la libertad en centros especializados. La edad límite para ingresar al sistema es de 17 años y la sanción para delitos graves como homicidio y abuso sexual, por ejemplo, no puede superar los ocho años.

*Nombres cambiados a petición de las fuentes.

jgonzalez@elespectador.com